“Hoy sucede en España que los 'libertarios' discriminan y censuran”. Así se refería el presidente argentino, Alberto Fernández, a la polémica suscitada en Castelló después de que la jueza Carola Soria Piquer, titular del juzgado de lo Contencioso nº 1 de la capital de la Plana, haya ordenado la retirada una treintena de libros de temática LGTBI donados por el Ayuntamiento a diferentes centros educativos de la localidad.
El mandatario argentino se ha hecho eco, a través de su perfil en redes sociales, de lo sucedido en Castelló: “La justicia española, a instacias de abogados de extrema derecha vinculados a Vox, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT”.
“Repudio todo intento de discriminación y censura en cualquier lugar donde ocurra”, ha escrito Fernández, quien ha recordado que entre los libros censurados se encuentra El fin del armario, de Bruno Bimbi (ha acompañado su publicación de una foto en la que aparece leyendo esta obra): “Bruno es un periodista maravilloso a quien conocí durante el debate del matrimonio igualitario. He tenido el gusto de leer precisamente ese libro, que ha servido de mucho para abrir mi mente”.
Entre los autores y autoras de esos títulos figuran algunas importantes figuras de la literatura española, como la poeta 'sinsombrero' Lucía Sánchez-Saornil, o la recientemente fallecida Gata Cattana; además de escritores de la escena internacional como Becky Albertalli, conocida por Con amor, Simon, novela juvenil sobre un adolescente gay que ha sido llevada a la gran pantalla.
Los autores estudian medidas legales
Los autores de los libros secuestrados reivindicaban el derecho de los menores a tener “la formación adecuada”. Precisamente, algunos de ellos se han organizado y planean tomar medidas legales judiciales contra el secuestro de sus obras.
“No entendemos cómo es posible que se retire un total de 32 obras por la simple denuncia de una asociación sin que haya sido debidamente documentada esa supuesta ofensa”, declara una de las autoras: “Exigimos conocer detalladamente qué partes de cada uno de nuestros libros ofenden a los creyentes. Si no pueden argumentar debidamente su denuncia, deberemos tomar medidas contra una jueza que dicta autos de censura de forma presuntamente arbitraria y contra esa asociación que ha comenzado una caza de brujas contra nuestros textos y nuestra libertad de expresión”.