El presupuesto autonómico recorta en un 50% la producción externa de À Punt y pone en jaque al sector audiovisual valenciano

En pleno año Berlanga y con la celebración de la gala de los premios Goya en València a la vuelta de la esquina, el sector audiovisual valenciano ha recibido un mazazo debido a un recorte presupuestario del Gobierno valenciano en la televisión pública À Punt que dejará su actividad bajo mínimos.

Así lo trasladó este martes la dirección del ente a varias asociaciones de productoras en una reunión en la que, según fuentes de la cadena, “se ha informado con total transparencia de la nueva realidad”, una realidad que se traduce en un recorte de 12 millones de euros, 10 de los cuales vienen como consecuencia de un incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que el Gobierno valenciano no ha compensado para mantener al menos la dotación presupuestaria de À Punt.

Las mismas fuentes han explicado a elDiario.es que están trabajando “para intentar resolver la situación presupuestaria, solo reversible si la Generalitat asigna al presupuesto de 2022 los 10 millones del IVA, como han hecho las diferentes comunidades autónomas del resto de España con sus radiotelevisiones, por ejemplo la gallega (TVG), la catalana (TV3) o la vasca (ETB)”.

El recorte de 12 millones de euros se aplicará en la producción externa, lo cual deja en una situación muy complicada la actual parrilla de À Punt, ya que supone en la práctica un recorte de casi un 50% del coste de la actual programación, lo que implicará la desaparición casi total de series de ficción como L'Alqueria Blanca, cuya producción de cara al próximo año está en estos momentos paralizada.

También se elimará la coproducción de películas, es decir, la aportación del ente a la creación de cine, documentales o animación. También se verán reducidas a la mínima expresión las retransmisiones deportivas, así como de eventos festivos como las Fallas, las Fogueres de Sant Joan o la Magdalena.

Todo esto aboca a cubrir una parte importante de la parrilla con contenidos enlatados como redifusiones o películas, con el deterioro de la calidad que conllevará.

La AAPV (Associació d'Actors i Actrius del País Valencià) ha recibido esta noticia “con indignación y muchísima preocupación”. Según la entidad “después de dos años reivindicando un incremento necesario en la partida que se tendría que destinar por ley a la cadena pública, no solo no se incrementa la mencionada partida sino que se ve reducida sustancialmente”.

Según la ley de creación de À Punt, la Generalitat Valenciana tendría que aportar entre el 0,3% y el 0,6% del presupuesto autonómico a la cadena pública. Esto representaría entre 84 y 168 millones de euros, pero según las cuentas presentadas recientemente se establece una partida para 2022 de 67 millones. Es decir, 17 millones menos de lo que haría falta para cumplir el mínimo que marca la ley y un 1,65% menos de la partida anterior.

Con estos 67 millones se ve reducido el presupuesto en 2 millones respecto a la partida destinada para 2021 y por otro lado no se compensan los 10 millones correspondientes al IVA. Todo ello representa un total de 12 millones de euros menos respecto a los presupuestos del 2.021.

“Este año se han destinado 24 millones de euros a la producción de contenidos y con la reducción presupuestaria para 2022 solo se destinarían 12 millones, por lo tanto se vería reducida en un 50%. Teniendo en cuenta que ya hay comprometidos 8 millones, es más que evidente que con lo que quedará no se van a poder realizar programas para prime time como concursos, compra de animación, películas, y lo que más nos afecta a nosotros como colectivo profesional, series de ficción”, han lamentado.

El vicepresidente de Productors Audiovisuals Valencians (PAV), Ximo Pérez, ha afirmado: “Las consecuencias serán devastadoras para nuestro sector, productoras, técnicos, empresas de servicios, guionistas, actores, actrices”. Y ha comentado que “entre 600 y 700 personas podrían perder de forma directa su puesto de trabajo”.

Por su parte, Rafa Molés, de la asociación de productores Avant, ha lamentado: “València se estaba convirtiendo de nuevo en una potencia cinematográfica y sin el apoyo de la televisión pública es imposible hacer cine autóctono o animación. Todos esos proyectos que se estaban fraguando no podrán seguir adelante, por lo que será imposible hacer cine o cualquier otro contenido en valenciano”.

Las diferentes asociaciones han exigido al Consell una reconsideración de los presupuestos destinados a la entidad pública, que se cumpla la ley y que se destinen las partidas adecuadas para que centenares de personas no se vean abocadas a buscar empleo fuera de la Comunitat Valenciana.

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ya apuntó en esta dirección en sus redes sociales: “Tenemos unos buenos presupuestos, pero también son mejorables. Por ejemplo en la apuesta por medios públicos y la industria audiovisual estamos significativamente por bajo del 0,3% que marca la Ley y el Botánic. Lejos también de otras comunidades”.

Ferri añadió que “unos medios públicos bien financiados son claves para brindar un servicio público de proximidad, impulsar la industria audiovisual, crear puestos de trabajo de calidad y garantizar la presencia del valenciano”. Por eso “desde Compromís se trabajará para mejorar los presupuestos”.