Menos fondos para el turno de oficio supone una justicia menos justa. Los colegios de abogados y procuradores valencianos contarás con dos millones de euros menos en materia de asistencia jurídica gratuita, especialmente para el turno de oficio. La consellera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, ha rebajado sensiblemente las subvenciones destinadas tanto al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados como a su homólogo de procuradores. Si en el último ejercicio del Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, se destinó 58,3 millones de euros para justicia gratuita, el nuevo Gobierno encabezado por el popular carlos Mazón ha rebajado la cifra hasta los 56,3 millones.
El hachazo presupuestario se ha notado en la subvención a los colegios de abogados para abonar la indemnización de actuaciones de asistencia jurídica gratuita a los letrados del turno de oficio, entre otras finalidades. En los presupuestos del 2023 eran 49,3 millones mientras que en el anteproyecto de ley presentado este lunes, la cifra desciende a 48,3 millones. Los colegios de procuradores pasan de una subvención de nueve millones a una de ocho.
La subvención para el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores incluye la “representación inicial previa en violencia sobre la mujer”.
En materia de subvenciones para la dotación de infraestructuras para el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, la consellera de Justicia rebaja dos subvenciones en 18.000 euros respecto al año anterior.
La consellera Elisa Núñez también ha rebajado en 300.000 euros la subvención directa a los colegios valencianos de abogados por la indemnización de la prestación de servicios de orientación jurídica en materia de emergencia social y energética.
El departamento autonómico también ha rebajado las becas destinadas a personas que opositan a la administración de Justicia. Si la anterior consellera, Gabriela Bravo, incluyó 906.500 euros, su sucesora de Vox rebaja la subvención hasta los 756.000 euros.
Por otro lado, la línea para financiar el convenio con el Comité Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para cursos de formación también se reduce la mitad (de los 20.000 euros del ejercicio 2023 a los 10.000 euros del próximo año).