Desde que la radiotelevisión pública valenciana À Punt Media iniciara sus emisiones se ha visto torpedeada hasta por los partidos que apoyaron su creación. La falta de confianza entre la Generalitat Valenciana y el ente público pone en riesgo la prestación del servicio y las condiciones laborales de sus trabajadores. Es uno de los frentes abiertos entre los partidos que suscriben el Pacto del Botánico. Un marco legal con deficiencias, una forma de gestión ineficaz que separa Corporación y Sociedad Anónima, una estructura administrativa compleja y un contexto económico desfavorables se han convertido en una tormenta sobre el edificio del ente en Burjassot.
Para evitar las inercias de la vieja Canal 9 se introdujeron en la ley una serie de controles que terminan dificultando el día a día de la gestión, como la limitación de la masa salarial a un tercio del presupuesto total del ente público o la creación de un Consell Rector que, en lugar de operar como un órgano administrativo, toma decisiones sobre la programación. La radiotelevisión pública, concebida como ente vertebrador del territorio valenciano, su cultura y su lengua, y como motor económico del sistema audiovisual autonómico, se ha topado con un presupuesto escaso, que roza el límite comprometido por ley -al menos el 0,3% del Presupuesto autonómico- y está entre los más bajos por habitante. Los 64 millones para la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació quedan a años luz de la corporación catalana que gestiona TV3, con 284 millones de euros presupuestados para el próximo ejercicio.
Además de la aportación del Gobierno valenciano, la cadena pública se ha topado con un nuevo bache, como el resto de televisiones públicas del Estado. El cambio de criterio de la Agencia Tributaria sobre las desgravaciones del IVA lleva a una reclamación de 24 millones de euros que tendrá que asumir la cadena, que reclama que lo haga el Ejecutivo autonómico. El presupuesto autonómico inicial para 2022 no incorpora la deuda del IVA que reclama Hacienda y, aunque la aportación de la Generalitat Valenciana se mantiene estable, a efectos prácticos perderá diez millones de euros. En verano la dirección de la cadena fue comunicando a algunas productoras que debían reducir gastos para finalizar el año y los profesionales del sector, tanto periodistas como comunicadores, guionistas y técnicos, exigen a la Generalitat que aumente la inversión. La cifra de deuda del IVA es una sexta parte del presupuesto, con la consiguiente merma en la producción externa. Compromís y Unides Podem han presentado varias enmiendas para incrementar el presupuesto del ente y negocian con el Consell modificar la ley de presupuestos para que el Ejecutivo asuma la deuda si llega a reclamarse.
La presidencia y el contrato programa, paralizados
La falta de confianza de Presidencia de la Generalitat en la televisión pública se traduce en una interinidad que corre el riesgo de cronificarse. La vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias, ejerce como presidenta accidental desde hace un año, periodo que lleva reclamando un contrato de alta dirección y un salario acorde a la responsabilidad, como tenía su antecesor. La profesora de periodismo, consejera propuesta por Compromís, arrastra un pulso con quienes regulan el sistema de comunicación autonómico desde su elección como presidenta, respaldada por sus compañeros en el consejo.
Iglesias fue elegida como consejera temporal en 2016, cuando ocupó el lugar previsto por ley para el Consell Audiovisual y mantuvo el puesto tras la renovación parcial de los consejeros, aprobada en las Corts Valencianes en noviembre de 2019. El organismo al que sustituía se creó el pasado julio y comenzó a trabajar hace poco más de un mes, con la elección del exsecretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, como presidente. A este organismo le corresponde plantear un candidato a la presidencia que el Parlamento autonómico ratifique, además de un lugar para un representante en el Consell Rector. Según la norma, la renovación debería abordarse este 2022.
La desconfianza entre quienes habitan el Palau y el edificio de Burjassot mantiene a su vez paralizado el contrato programa. El documento, que regula los objetivos de la radiotelevisión pública y sus obligaciones como servicio público, fue suscrito en junio de 2018 con validez de tres años, firmado por el entonces secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, y por el entonces presidente del Consejo Rector del ente, Enrique Soriano. Cumplido el plazo, el documento no se ha renovado, lleva en fase de estudio en Presidencia desde diciembre de 2020 y los actores han cambiado de escenario. Soriano renunció a la presidencia, alegando que ya había cumplido su compromiso de poner en marcha À Punt y regresó a su puesto de letrado en las Corts Valencianes; Vidal compatibiliza su trabajo como profesor de derecho en la Universitat de València con la presidencia del Consell de l'Audiovisual, y al frente de la secretaría autonómica está Beatriz Gallardo, catedrática de Lingüística en la Universitat de València. Compromís ha solicitado dos veces su comparecencia en la comisión parlamentaria de RTVV, sin respuesta hasta la fecha.
El tercer frente que se mantiene bloqueado es el de las oposiciones para acceder a la cadena pública, que debe validar Hacienda, como departamento responsable del Sector Público Instrumental. La cantidad de puestos de trabajo actuales en la Corporación y la Sociedad Anónima excede la limitación que se incorporó a la ley -que la plantilla no suponga más de un tercio del presupuesto- y que de momento se ha salvado con una moratoria legal. Hasta que se apruebe una norma definitiva, la oferta pública de empleo está lejos de aparecer.