La crisis del COVID19 comportará un antes y un después en la historia de España. No sólo por el tremendo coste humano, lo más grave con diferencia de lo que nos ha pasado, sino por la oportunidad de introducir un programa de reformas estructurales que permitan a nuestro país dar un salto hacia adelante y entrar con fuerza en las dinámicas del siglo XXI. Tal vez en el futuro, los historiadores lleguen a la conclusión que el “largo” siglo XX finalizó en Europa, especialmente como proyecto político, en 2020, justamente con esta crisis.
La Comisión Europea parece haberlo entendido así, puesto que ha lanzado -con su mejor cara, la de adelantarse a las dinámicas, la de los padres fundadores que se enfrentaron con decisión a la devastación de la guerra civil europea-, la iniciativa Next Generation EU. A mi entender, esta iniciativa no es del todo novedosa. En realidad, es una aceleración de los procesos que la Unión Europea estaba protagonizando en los años previos a esta crisis. Sin embargo, hay elementos desconocidos hasta ahora, como los 750.000 millones de euros en ayudas no reembolsables que la Comisión pondrá a disposición de los estados para su recuperación. Mi análisis de urgencia -matizable y corregible a medida que vayamos conociendo nuevas medidas y su despliegue-, se basa en una lectura de los principales documentos lanzados por la Comisión el 25 de mayo de 2020 y de una reflexión, que lógicamente llevaremos hacia nuestro campo, el del transporte, las infraestructuras, la economía y la logística. Antes que nada, veamos un preámbulo.
La propuesta de la Comisión tiene dos patas fundamentales: la Next Generation EU y la reforma del Marco Multianual Financiero 2021-2027. Dos enormes palancas de actuación que, unidas, llegan a conformar un volumen de 1,85 billones (con b) de euros, cifra astronómica que no somos capaces de comparar con realidades de nuestra cotidianidad. Esta movilización inédita de recursos se hace sobre tres principios que deberíamos interiorizar en España: lograr una actividad más sostenible, conseguir una economía más resiliente y perseguir una sociedad más justa. Y por supuesto, en un marco general europeo en el que ningún país por separado será capaz de superar las tremendas consecuencias de esta crisis.
De estos 1,85 billones, 750 mil millones provienen de la Next Generation EU que, a su vez, se asienta sobre tres principios: apoyo a los estados para la inversión y las reformas, incentivación a las empresas y a la economía europea para una rápida reanudación de su actividad y formulación de lecciones extraídas de la crisis. Si me permiten, los títulos de estos paquetes son expresivos de una orientación reformista (no continuista, por tanto), de reorientación de la economía (no de apoyo artificial a la misma) y con la voluntad de no repetir los errores de esta crisis. Estos principios deben cruzarse con, al menos, cinco orientaciones políticas que deben empapar las medidas específicas: profundizar en el Green Deal (que, atención, se erige en sinónimo de la única estrategia de crecimiento económico de la UE), robustecer el entorno digital, reducir la injusticia social, preservar y reforzar el mecanismo del Mercado único (con reafirmación de las cuatro libertades de la UE) y fortalecer las cadenas de valor propiamente europeas mediante las medidas adecuadas.
Más allá de la literatura, los datos económicos también muestran las prioridades de la iniciativa Next Generation UE. Seis programas económicos se ponen a disposición de los estados de la UE: un fondo para la recuperación y la resiliencia (dotado con 560 mil millones de euros, 310 mil millones en ayudas y 250 mil en préstamos), el fondo REACT-EU (55.000 millones para 2020, 2021 y 2022), la iniciativa Invest-EU (30.300 millones), un instrumento de apoyo a la solvencia (31.000 millones), el programa EU4 Health (7.700 millones) y, por último, el mecanismo de protección civil de la unión (2.000 millones). De estos seis mecanismos y programas, España debería estar interesada en presentar proyectos y programas a todos ellos, lógicamente, pero con especial atención e intensidad, a mi entender, al primero y al tercero.
El primero es un fondo destinado a reformas estructurales dotado con 560 mil millones de euros. Reformas -esta es la palabra clave-, para hacer la economía de cada estado (y por tanto de la Unión) más resiliente y acelerando su crecimiento sostenible. España debería presentar un ambicioso paquete de reformas tendentes a hacer una economía más verde y digital, mucho más resiliente ante crisis futuras y con medidas que mitiguen el impacto social.
El tercer programa está orientado a facilitar la recuperación económica. El apoyo a les empresas es objetivo fundamental, pero llamo la atención la presencia de un fondo específico de alto interés: el Strategic Investment Facility (SIF). Dotado con 30.300 millones de euros, el SIF tiene como objetivo construir cadenas de valor europeas resilientes en línea con la agenda estratégica de la Unión y la nueva estrategia industrial de la Comisión. España debería presentar proyectos para tener una economía que recupere músculo industrial y logístico, por ejemplo, ligado a la construcción de infraestructuras que esta nueva orientación necesita. En este sentido, encajan perfectamente medidas asociadas a la descarbonización del sistema de transportes (excesivamente dependiente de la carretera en estos momentos), y a las conexiones con el resto de Europa para garantizar el Mercado único y la libertad de tránsito de personas y mercancías. Evidentemente, los restantes paquetes deben ser analizados con cuidado, pero se escapan a este análisis de urgencia ligado más a la economía, el territorio, las infraestructuras y el transporte.
Pero no acaban aquí las oportunidades para que España se plantee un ambicioso y profundo programa de reformas. La Comisión Europea propone también una reflexión sobre su Marco Financiero Multianual 2021-2027 (MFM, con un valor de 1,1 billones -con b-, de euros). Se postula una reorientación de prioridades, una reasignación de fondos y una voluntad política de desarrollar con ímpetu algunas partidas. Basten un ejemplo y un dato. El ejemplo es que la Comisión reafirma la obligación, adoptada ya en fechas anteriores, de que un 25 % del gasto total de MFM se dedique a combatir el cambio climático y reforzar la sostenibilidad de la sociedad europea. España debería tomar buena nota de ello. Y un dato. En conexión con los 30.300 millones de euros del nuevo programa Invest-EU (que recordemos contiene el instrumento SIF), la Unión dedicará 1.500 millones nuevos a reforzar, dentro de su Marco Financiero Multianual, el programa CEF que financia infraestructuras estratégicas de transporte europeas de altas prestaciones con el fin de acelerar y facilitar al máximo las conexiones transfronterizas entre estados de la UE. Es la gran oportunidad para que las conexiones transfronterizas ferroviarias entre España y Francia se resuelvan de una vez por todas en el ámbito de un Corredor Mediterráneo y de un Corredor Atlántico plenamente interoperables.
En resumen, a la vista de lo esbozado, en mi opinión, España debería centrar sus esfuerzos en preparar una agenda de reformas estructurales que aceleren la transición ecológica de su economía, que promuevan la digitalización y el transporte sostenible, que robustezcan su músculo industrial y logístico (atención a los puertos de primer nivel con los que contamos, desgraciadamente, poco conectados a una red ferroviaria de ancho internacional), que primen la exportación y la plena interoperabilidad del espacio económico y de transportes europeo. En resumen, este programa de reformas en España será, al tiempo, una declaración de europeísmo.
Permítanme para finalizar unas reflexiones más políticas. La primera es que debemos entender, aunque no las compartamos, algunas de las preocupaciones de los países del norte de Europa y ponerles freno con hechos, no con palabras. Esta iniciativa no se dirige a financiar el gasto corriente de los estados del sur, ni su déficit estructural, sino a promover reformas enérgicas y estratégicas de algunos de sus ámbitos de funcionamiento, ámbitos que, debemos reconocerlo, pueden y deben mejorar. El desarrollo de la economía verde en el norte está mucho más extendido que en el sur, y no sólo en el comportamiento individual o social, sino en el transporte o en la gestión del territorio. Sólo si somos capaces de trasladar la existencia de una agenda ambiciosa de reformas (y no de continuismo) podremos vencer estas reticencias, algunas reales y otras infundadas. En segundo lugar, hay espacio de colaboración con la iniciativa privada debido a que, una parte de los fondos de la UE, están destinados a asegurar la activación de fondos de liquidez en el ámbito privado, respaldar su inversión y desbloquear su inactividad. En tercer lugar, España no puede estar paralizada dedicando su tiempo a discusiones estériles o promoviendo enfrentamientos de corto alcance político. Es preciso una visión global que aproveche la estrategia lanzada con valentía por la Comisión y los grandes estados de la UE (especialmente Alemania y Francia) para empezar ya a detectar ámbitos susceptibles de reforma. Es preciso comenzar a redactar la agenda reformista. Permítanme que, por mi experiencia, sugiera algunas que podrían beneficiarse de una parte de los 140.000 millones, como son las interconexiones portuarias con el ferrocarril, el apoyo manifiesto al transporte de mercancías por ferrocarril, la plena interoperabilidad del sistema de transportes con el resto de la Unión, la creación de estaciones intermodales que promuevan una nueva alianza carretera-ferrocarril, el desarrollo de zonas logísticas y de reserva estratégica, la digitalización de la gestión logística, un plan RENOVE para el material rodante ferroviario español que se adapte al ancho internacional de vía o la contribución a la cadena de valor de regionalización de la producción y abastecimiento. Y, por último, me gustaría hacer un llamamiento a las diversas fuerzas políticas que, sin estar en el gobierno, podrían apoyar un programa avanzado y audaz de reformas. Se avecinan tiempos duros, pero también apasionantes para cogestionar un fondo de solidaridad europeo desconocido hasta el momento. Con el mismo celo que se debe exigir al gobierno central que impulse y promueva esa agenda, se debería pedir a estas fuerzas que mantuvieran una visión global de su actuación a la altura del desafío y que se conjuraran para mantener un nivel de apoyo suficiente para emprender este camino. Debemos entender que esta crisis de 2020 rompe dinámicas anteriores, abre un nuevo tiempo y un nuevo espacio y que la New Generation EU, junto a la reforma del MFM, abre las puertas a la posibilidad de gestionar conjuntamente esa agenda y los medios necesarios para hacerla realidad desde una visión federal y europeísta del territorio, de la economía y del transporte.
* Josep Vicent Boira. Coordinador del Corredor Mediterráneo y profesor de la Universitat de València