Más de 23 municipios -fundamentalmente del interior valenciano- han realizado este domingo una protesta coordinada por una “ubicación racional de las energías renovables”. Los plataformas de los municipios que se han manifestado han sido las de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Alzira, Ayora, Borriol, Buñol, Camporrobles, Carcaixent, Catadau, Chella, Chiva, Elda-Petrer, la Vall d'Uixò, les Coves de Vinromà, Monóvar, Montesa-la Costera, Requena, Sant Joan de Moró, Siete Aguas, Utiel, Vilafamés y Villar.
Se oponen a esta “equivocada normativa y pésima regulación”, y sus consecuencias con proyectos “que destruyen el territorio”, para manifestar su rechazo y exigir su modificación. Con el acto la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de Energías Renovables, exige del gobierno valenciano que se siente a hablar y modificar el decreto.
Las concentraciones han hecho llegar estas reivindicaciones a los alcaldes de las respectivas poblaciones, pidiéndoles “que defiendan los intereses de la ciudadanía y no de los especuladores”. Así señalan que “los ayuntamientos no deben renunciar a su capacidad de ordenar el territorio y defender los valores propios”.
Además de organizar actos de protesta como este, la Coordinadora ha anunciado que continuará presentando enmiendas a la “avalancha de proyectos desmesurados, inadecuados e impactantes que afectan en muchos municipios de todas las comarcas de interior valencianas”. A parte, se está estudiando otras acciones de tipo legal y político para evitar los “daños inmensos” que se originarán de seguir adelante “los centenares de proyectos que, de manera provisional e incompleta afectan, al menos hasta ahora a 15,000 Has”. Proyectos que pretenden instalarse siempre en suelo no urbanizable, 2cosa que tendría que ser la excepción y se ha convertido en la regla y que afectan a valores que se tendrían que preservar y que ahora quedan totalmente agredidos, como por ejemplo tierras agrícolas productivas, zonas de gran valor ecológico y paisajes de alto interés y referentes culturales“.
La coordinadora advierte que “todo esto implica segar desde la base las posibilidades de desarrollo futuro por las comarcas afectadas, la mayoría de las más pobres y marginadas, en proceso de despoblamiento, y deficitarias de servicios y dotaciones. Una desigualdad y una injusticia histórica que hay que corregir y rectificar”.
Críticas al decreto
Los protestantes han reclamado rectificar el decreto ley 14/2020 de la Generalitat para las energías renovables, ya que entienden que es “una normativa que se ha evidenciado incapaz de planificar y ordenar racionalmente el despliegue de las renovables en nuestro territorio y que conduce a unos resultados contradictorios con los objetivos de la propia regulación”.
Afirman que “es un texto tan mal hecho, que él mismo se auto-contradice. El resultado es cualquier cosa menos la sostenibilidad. No es eficiente, no es justo, no es equitativo, no ordena nada y no salvaguarda adecuadamente ni el medio ambiente, ni la agricultura, ni el paisaje. En definitiva, es un error. Hay que rectificar y modificar el decreto, cosa realista y factible con la que todos y todas ganaríamos, excepto algunas empresas especuladoras que, simplemente, menguarían lo que pretenden ganar”.
La Coordinadora no obstante advierte que está “innegablemente a favor de la necesaria e inaplazable transición energética mediante el despliegue de las energías renovables”, pero que esta “tiene que ser planificada desde lo público, con la participación de la sociedad y las entidades locales y no desde los intereses especulativos, y tiene que ser justa, equitativa y sostenible y únicamente pide que se ubiquen allá donde más consumo y necesidad hay, de una manera ordenada, racional y dimensionada y dónde menos impactos negativos tengan, cosa que ahora, lamentablemente, constatemos que no se está cumpliendo; más bien todo el contrario”.
Por otro lado añaden que “la mala regulación del Decreto favorece que la inmensa mayoría de proyectos presentados, sean grandes instalaciones, siguiendo un modelo de concentración y de producción eléctrica para evacuar en la red de transporte y no a la de distribución próxima, y hace que vayan a parar a los suelos baratos y económicos por las empresas promotoras”. Entienden que estas infraestructuras se están proyectando “justamente los lugares donde más mal pueden hacer y dónde menos falta hacen, exigiendo después la construcción de centenares de km de tendidos eléctricos que multipliquen los daños”. Por ello advierten que “este modelo no deja beneficios en el territorio donde se implanta, de hecho, los impactos son muy graves contra la agricultura, el paisaje y el medio ambiente, pero también tendrán negativas consecuencias sociales y económicas, que perjudican seriamente las posibilidades de un desarrollo sostenible en las comarcas de interior. A la larga esto se transformará en más paro, más despoblamiento, pérdidas de rentas y degradación del capital natural de nuestro territorio, con grave perjuicio de la biodiversidad y la sostenibilidad.
La Coordinadora cursará en breve peticiones de entrevista dirigidas a las tres consellerias implicadas, Conselleria de Agricultura, Conselleria de Economía Sostenible y Conselleria de Política Territorial. A todas ellas piden “diálogo y participación. Cosas que han faltado en todo el proceso, de manera contradictoria con las grandes palabras que se lleva el viento”. Concluyen que hasta ahora solo ha habido “imposición de una normativa mal hecha y manifiestamente muy mejorable”.