El Pleno de la Diputación de Castellón, gobernada por el PP, aprobó el martes los presupuestos de 2018 gracias al voto a favor de los diputados de este partido, que conforman la mayoría absoluta. El Ejecutivo provincial consiguió, además, trasladar una imagen de consenso gracias a la abstención de dos de los partidos de la oposición: PSOE y Ciudadanos. Ambos partidos se abstuvieron también hace un año en la aprobación de las cuentas de 2017.
Salvador Aguilella, del PP, explicó que el presupuesto asciende a 135 millones de euros, cuatro millones más que el anterior. Esto muestra la “mejora de la economía de la provincia”. El diputado destacó que la Diputación ha conseguido reducir un 92% el pago de intereses a los bancos, de forma que el pago de intereses ha pasado de 3,9 millones de euros anuales a 218.000. Por su parte, el presidente Javier Moliner apuntó que uno de los objetivos principales es lograr la igualdad de oportunidades entre los habitantes del interior -cada vez más despoblado- y la costa.
Abstención por “responsabilidad”
Antonio Lorenzo, diputado socialista, dedicó la mayor parte de su intervención a criticar las cuentas. Consideró que se habían construido de manera “poco participativa y plural”. Se quejó de que la institución debería gestionar menos recursos de forma directa (por ejemplo, en subvenciones para asociaciones) y dedicar más dinero a los ayuntamientos. Así, serían ellos los que decidirían en qué es más útil invertir esos fondos y aumentaría la “autonomía de los municipios”.
Lorenzo explicó que, no obstante, su grupo se abstenía por “responsabilidad” y por “sentido de gobierno”. Recordó que en 2017 la abstención del PSOE posibilitó un cambio positivo en la gestión del Ejecutivo provincial, con la incorporación de medidas encaminadas a eliminar el partidismo y en la arbitrariedad en la gestión de los recursos. No obstante afirmó que estarían “vigilantes”. En concreto, pidió a cambio de este apoyo que las partidas sobrantes del presupuesto se administren con “proporcionalidad” y “sin arbitrariedad”.
“Clientelismo”
Precisamente fue la arbitrariedad en el reparto de algunos fondos lo que centró las críticas de todos los grupos de la oposición. Castelló en Moviment criticó en declaraciones a eldiario.es la falta de criterios objetivos en algunas de las partidas del presupuesto. Se refirió a los remanentes que acaban convertidos en inversiones, pero también a otros asuntos: “Hay sobrantes de la partida de personal que se distribuyen según los intereses del PP, sobre todo en el consorcio de bomberos”. Y existe “un reparto arbitrario de complementos salariales”, remarcó.
En esta línea, Xavier Trenco, de Compromís, se lamentó de que en 2017 hubo doce millones de estos sobrantes del presupuesto que se convirtieron en “convenios singulares”, es decir, en acuerdos con ayuntamientos que se deciden sin criterios proporcionales. Trenco también reprochó al equipo de gobierno falta de voluntad negociadora por haber presentado un “presupuesto cerrado”en cuya elaboración no participaron el resto de partidos políticos.
Más atención al despoblamiento rural
El portavoz también pidió una agencia que centralice los esfuerzos de todas las administraciones para combatir la despoblación de las comarcas del interior. Junto a Castelló en Moviment, Compromís votó el martes en contra de los presupuestos, a diferencia del año pasado, cuando la formación valencianista se decidió por la abstención.
Por su parte, Cristina Gabarda, de Ciudadanos, agradeció “el esfuerzo del PP para lograr un apoyo que no necesita”. Explicó que su grupo ha llegado a un acuerdo con el Gobierno provincial por el que este asume algunas de sus peticiones, como el apoyo a menores que sufren acoso escolar. Sin embargo, la propia Gabarda reconoció que las enmiendas que Ciudadanos consiguió introducir hace un año en los presupuestos de 2017 a cambio de su abstención no se han llevado a cabo.