El PSOE quiere que el Gobierno deniegue “con carácter inmediato” el indulto al expresidente de la Diputación de Castelló y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, cuya entrada en prisión está en suspenso en espera de que se resuelva la petición de esta medida de gracia.
Ante la “alarma social” que genera este caso, el Grupo Socialista en el Congreso va a registrar este jueves una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que le pide al Ejecutivo que tome una decisión “con carácter inmediato” y rechace la petición de indulto a Fabra.
Para los socialistas, una “demora excesiva” en la resolución de este indulto “haría parecer a la opinión pública” que tiene que ver “con la persona solicitante”, ya que va a estar en libertad hasta la resolución.
Suspensión de la entrada en prisión
La Audiencia de Castellón acordó este miércoles la suspensión de la ejecución de la pena de prisión al exdirigente 'popular', mientras se tramita la petición de indulto que solicitó al Gobierno para evitar su entrada en la cárcel en cumplimiento de los cuatro años a los que fue condenado por defraudar a Hacienda en el 'caso Naranjax'.
La Audiencia Provincial adoptó esta decisión en contra del criterio del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y Unión de Consumidores, que se oponían al estimar que no resulta “previsible” en este caso la concesión del indulto y dado el “carácter excepcional” de esa suspensión mientras se tramita la medida de gracia.
No a los indultos a políticos “corruptos”
En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el Grupo Socialista advierte de que “la concesión del indulto a un político corrupto menoscabaría la ya maltrecha confianza en las instituciones” por parte de la sociedad española, donde hay actualmente “una especial sensibilización” hacia los asuntos de corrupción. Para los socialistas, el Gobierno “debería denegar la concesión de indultos a políticos condenados por corrupción”.
Por ello, quiere que el Gobierno que tome de inmediato una decisión y deniegue la petición de Fabra, cuya pena de cuatro años de cárcel fue confirmada por el Tribunal Supremo. La decisión de la Audiencia Provincial provocó las críticas de la oposición, que incluso reclamó al Consejo General del Poder Judicial que investigará la suspensión de la entrada en prisión de Carlos Fabra.
Precisamente esta solicitud de la medida de gracia, de la que Fabra se cree acreedor, contó con el apoyo de militantes populares de Castellón, que iniciaron una campaña de recogida de firmas que no contó con el respaldo del PP valenciano.