El PSPV pide la imputación del número 2 de Barberá por contratar a Urdangarín
El PSPV-PSOE, personado en el caso Nóos, ha pedido al juez que investiga el caso la imputación del número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.
Los abogados de los socialistas creen que Grau, vicealcalde de la ciudad y hombre de confianza de la alcaldesa, fue clave en la contratación de Iñaki Urdangarín por una entidad controlada por el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Turismo Convention Bureau, para organizar tres congresos deportivos, Valencia Summit.
El juez Castro investiga desde hace meses la rama valenciana del caso Nóos, la contratación a Iñaki Urdangarín de actos por valor de casi 4 millones de euros sin concurso público o estudio que lo justificara. Por una parte, la empresa del yerno del rey cobró unos 3,6 millones por organizar la Valencia Summit, un congreso relacionado con los grandes acontecimientos deportivos. Además, Nóos se embolsó 382.000 euros del contribuyente por un estudio sobre unos eventuales Juegos Europeos que, por supuesto, nunca se celebraron.
Interrogatorios en Valencia
Castro, que ya interrogó a Barberá en relación con el caso, volvió a Valencia en abril. Entonces, interrogó a 15 políticos y empresarios, la cúpula de Turismo Convention Bureau, para intentar aportar luz sobre los contratos entre las administraciones valencianas y el yerno del rey, que en su opinión pudieron haber sido hechos al margen del procedimiento habitual y legal y sin “sentido común”.
Tras las comparecencias de los patronos de la Fundación, la abogada del PSPV ya apuntó la responsabilidad de Grau en la contratación del Instituto Nóos, la empresa de Urdangarín y su socio, Diego Torres. “Ha quedado en evidencia que las decisiones las tomaba el presidente de la Fundación, que es Alfonso Grau representando al Ayuntamiento (de Valencia) y que los patronos prácticamente eran invitados de piedra a los que simplemente se les informaba pero no decidían nada”, dijo Sandra Gómez.
