“Soy de la opinión que, para acabar con la impunidad, necesitamos justicia y, por eso, estamos hoy aquí”. Con estas palabras se ha expresado este viernes el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, Ernest Blanch, en la Ciudad de la Justicia de Castelló después de haber presentado el escrito para formalizar la personación del partido como acusación popular en el caso Fabra, tal como se acordó y aprobó por unanimidad en el plenario de la ejecutiva provincial de diciembre.
El secretario provincial -quien ha acudido acompañado por el portavoz del grupo socialista de la Diputación de Castelló, Santi Pérez, las vicesecretarias Ana Edo i Mari Carmen Aguilella, y el vicesecretario Ramón Martínez— ha señalado que “no puede haber nadie que se sienta libre para derrochar dinero público, aprovecharse del poder o ser más que los otros. Porque los políticos estamos para servir, no para servirnos. Y esto es una cosa que parece que en el Partido Popular no se entendía así”. “Ellos entendían la política como una patente de corso para aprovecharse de los cargos y para utilizar el dinero que es de Castelló para hacerse más ricos”, ha añadido.
Blanch ha destacado que “queremos justicia para Castelló, no solo por el dinero que se podían haber invertido en escuelas, carreteras y hospitales, sino también por el mal que se ha hecho al propio nombre de la provincia, convirtiéndola en sinónimo de corrupción”. “El partido socialista hace años que lucha contra esta mala imagen para la provincia, por coherencia y por transparencia, y solo con justicia podemos conseguirlo”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista de la Diputación de Castelló, Santi Pérez, ha manifestado que “mantenemos la lucha contra la impunidad para limpiar el nombre de Castelló y que nuestra provincia deje de relacionarse con la corrupción”. En este sentido, ha añadido que se recopilará toda la información sobre el dinero que la institución provincial ha podido dar a los gestores del campo de golf entre 2004 y 2011 para aclarar la cantidad y su justificación.
“Tenemos que cerrar de manera definitiva con aquella época en que la Diputación se había caracterizado por la pérdida de la reputación, la corrupción y la política clientelista y limpiar el nombre de Castelló de una vez por todas”, ha concluido.
La nueva causa abierta contra la exdirigente del PP Carlos Fabra investiga un supuesto ocultamiento de patrimonio que podría, supuestamente, haber tenido por objeto dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castelló de 2013, por la cual fue condenado a cuatro años de prisión y a una multa de 1,4 millones de euros. A raíz de esta investigación se ha conocido que el PP habría hecho unas transferencias por valor de 60.000 euros a una sociedad de Fabra.