El nombre de Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat y del PP valenciano, ha planeado durante los tres días del juicio de la trama Gurtel en la Audiencia Nacional. De hecho, se puede convertir en una moneda de cambio de los cabecillas de la red a la hora de rebajar las penas y en aras de aclarar las responsabilidad de la cúpula del partido en la financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2008, confirmada por los empresarios que la pagaron y por la empresa que las organizó.
De momento, la pieza de caza mayor que han obtenido las acusaciones con los pactos a cambio de reducciones de penas solo ha sido el que fuera mano derecha de Camps, el exsecretario general del PP Ricardo Costa. Falta que en la jornada de este viernes, tanto el contable de la Gürtel, Pablo Crespo, como el delegado comercial de la trama en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez, el Bigotes, apuntalen la declaración de Francisco Correa, quien aseguró que fue Costa quien les dijo que cobraran la organización de los actos del PP a los empresarios.
En las acusaciones estarían encantados con que el Bigotes, “amiguito del alma” de Camps, ofrezca en su declaración de este viernes datos que puedan situar al expresidente en la toma de decisiones y en la dirección de la financiación ilegal de su partido. ¿Pudo Camps no enterarse de lo que se cocía en la sala de máquinas del PP si su secretario general y su vicepresidente se enfrentan a más de siete años de cárcel por delito electoral y falsedad y después de haber escuchado las grabaciones presentes en el sumario? Difícilmente.
Máxime, cuando el propio Francisco Correa ha declarado en el juicio que fue Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar, quien presentó a el Bigotes y a Francisco Camps. Y que fue Camps quien insistió en que Álvaro Pérez y sus empresas trabajaran en la Comunitat Valenciana porque se había enamorado de “su creatividad”.
Pero pese a que el Bigotes o Pablo Crespo señalaran directamente a Camps, es decir, “tiraran de la manta”, sería legalmente imposible que el expresidente pagara penalmente por este proceso. Los delitos estarían prescritos porque, en su caso, en ninguna fase de este proceso ha estado imputado o señalado por algún informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) como si lo están desde 2009 todos los acusados en esta pieza separada del caso Gürtel.
Aunque se intentará imputar a Camps en este proceso no se le podrían aplicar los delitos de falsedad documental y delito electoral porque prescriben a los cinco y tres años, respectivamente. Otra pena es la pública o mediática, que sería demoledora para el expresidente de la Generalitat en caso que fuera señalado ahora por la trama. Cabe recordar, que Camps goza todavía de los privilegios de los expresidentes y es miembro del Consell Jurídic Consultiu con un sueldo público, chófer y secretaria.
De hecho, desde algún partido que sustenta al Gobierno valenciano ya se ha pedido que se retiren los privilegios de expresidente a Camps por sus vinculaciones al caso Gürtel y por su imputaciones en el caso Valmor, donde se investiga el gasto de dinero público en las carreras de Fórmula 1 en València.
Camps fue absuelto en el llamado caso de los trajes, que habría pagado la trama Gürtel y en el que dos subordinados se declararon culpables.