Las puertas giratorias y la diputada que quiere ser letrada

A ver si lo entiendo. ¿La diputada que promueve una ley para impedir las puertas giratorias y endurecer las incompatibilidades de altos cargos aspira a obtener una plaza de letrada en su propio Parlamento que ha de ser decidida por un tribunal que preside un político de su propio partido?

La parlamentaria en cuestión, Isaura Navarro, de Compromís, tiene la cualificación y la experiencia suficientes para optar a esa plaza y actúa, muy probablemente, de buena fe, ya que ha declarado con toda naturalidad que, si gana el concurso, pedirá la excedencia y se incorporará a su puesto cuando deje de ser diputada en las Corts Valencianes, algo que no jugará a su favor si la Cámara quiere, como es de suponer, cubrir unas tareas de asesoramiento legal que necesita.

Es también muy probable que no se incurra en ilegalidad alguna con esa maniobra, por muy singular que resulte el caso, que lo es sin lugar a dudas. Revela, sin embargo, una incoherencia que anida en el enfoque que una cierta izquierda regeneradora aplica a la necesidad de intervenir contra el ventajismo político.

La proposición que presentó Navarro y que la Cámara ha debatido ya en comisión, persigue acabar con “la práctica reiterada del fichaje de antiguos miembros de gobiernos por empresas privatizadas bajo la dirección del mismo responsable político que después pasa a formar parte de la plantilla de dicha empresa”. Y para ello establece, entre otras medidas, que, no solo los cargos públicos, sino cualquier persona “cuyo nombramiento se efectúe por el Consell” no podrá incorporarse a empresas que hayan tenido que ver con su área de gestión en cinco años (la comisión lo ha reducido a tres). Además, las empresas de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (la comisión lo ha reducido al tercer grado) no podrán suscribir contratos mientras sean cargos públicos y estos tendrán vetado durante cinco años (la comisión lo ha reducido a tres) “ofrecer sus servicios ni ejercer cualquier otro papel mediador, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función ejercida”

Digo que llama la atención porque el régimen parece orientado estrictamente a la actividad privada y es mucho más benévolo con el funcionariado o esa cantera de cargos y políticos que, en principio, es la Universidad, y muy específicamente los abogados. ¿Conflicto de intereses? ¿No lo hay si una diputada acaba convirtiéndose en letrada del Parlamento en el que ha ejercido su tarea política? Es poco discutible que hace falta una normativa más exigente contra la perversión de la gestión pública por las influencias de tipo empresarial y económico. ¿Sólo de tipo económico? Hay quienes, con cierta razón, advierten de que el exceso de celo puede resultar disuasorio para la incorporación a los equipos de la Administración pública de profesionales valiosos de ciertos sectores. Como en todo, se trata de buscar una formulación razonable.

Pero las alegaciones de la diputada Navarro en el sentido de que las incompatibilidades afectan al gobierno y no al ámbito legislativo o de que el proceso en las Corts Valencianes es inequívocamente transparente son pueriles. ¿Quiere eso decir que están blindadas al conflicto de intereses las decisiones de órganos de contratación de un Parlamento y no las mesas de adjudicación o los tribunales de oposiciones de la Administración?

El problema no es legal, o no es solo legal, sino de concepto. No hay reglamentación imaginable que exima, en última instancia, del compromiso con lo razonable. Y en eso entra de lleno la política, no la que hace leyes sino la que predica con las actitudes, la que establece costumbres y crea precedentes. A la regeneración de la vida pública le hace falta ética, desde luego, también estética y, sobre todo, mucho sentido común.