En plena emergencia climática, la construcción y explotación de una terminal de cruceros, una de las actividades más contaminantes por los carburantes que usan estas embarcaciones, menos refinados que los del resto de modos de transporte, no requiere de una declaración de impacto ambiental (DIA), según la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que este jueves llevará al consejo de administración la adjudicación a Baleària de una concesión para la ejecución y gestión de una nueva terminal de pasajeros durante 35 años, ampliable a 50. La inversión prevista de la empresa es de 37 millones de euros.
Según el expediente de adjudicación, el proyecto para la construcción de la terminal pública de pasajeros no precisa de evaluación ambiental específica, ni de carácter ordinario ni simplificada, al no estar esta instalación dentro de los supuestos para los que la ley 21/2013 de evaluación ambiental exige este tipo de trámite.
La APV da respuesta así a la alegación presentada por la Comissió Ciutat-Port, en la que consideraban que el traslado de la terminal de su actual ubicación, en el dique norte, a la proyectada en los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval Valencia, no está amparado por la DIA del año 2007 de la ampliación del puerto y por lo tanto requiere de estudios específicos.
Al respecto, la APV sostiene que los terrenos a los que se lleva la infraestructura están fuera del ámbito de aplicación de la DIA.
La Comissió Ciutat-Port, entidad formada por colectivos vecinales y ecologistas, alega también dudas jurídicas sobre la disponibilidad de los terrenos en los que se pretende construir la terminal, pendientes de que la Justicia se pronuncie sobre el proceso de rescate de la concesión de Vicente Boluda, cuestionado por la Intervención y la Abogacía del Estado.
Los informes de ambos organismos obligaron a la APV a aprobar un expediente de lesividad que se encuentra en los tribunales, en virtud del cual se dejó sin efecto la compensación otorgada al presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), a cambio del rescate de su concesión de Unión Naval Valencia. Un rescate que según la Intervención y la Abogacía debió realizarse sin contraprestación alguna.
En concreto, se aprobó rescatar la concesión de los astilleros a cambio de otra concesión valorada en unos 2 millones de euros en unos terrenos de 4.700 metros cuadrados a favor de Boluda Corporación Marítima para construir un edificio de oficinas de 13 alturas.
En respuesta a esta alegación, la APV afirma que la nulidad de los acuerdos del Consejo de Administración de la APV que, en su caso, declarase el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso administrativo que se sigue ante el mismo, por estar incursas las concesiones en causa de caducidad, determinaría, igualmente, la reversión de los terrenos e instalaciones del antiguo astillero a la APV, por lo que no existe duda alguna de que la APV tiene a disposición los terrenos sobre los que se va a otorgar la concesión para la nueva terminal de pasajeros.
Reparos del Defensor del Pueblo
El expediente de ajudicación no hace mención a los reparos mostrados por el Defensor del Pueblo en respuesta a la queja remitida por la Comissió Ciutat-Port.
En su escrito, el Defensor Ángel Gabilondo (PSOE) reclamó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se pronuncie sobre la ampliación norte del Puerto de València, vinculada al cambio de ubicación de la terminal de cruceros, al considerar que la falta de informes ambientales puede vulnerar la Constitución.
Sobre la resolución del Defensor del Pueblo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, aseguró tras el último consejo de administración que se le había dado trasladado de toda la información requerida.