El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se reúne este viernes a primera hora para analizar el informe de la Dirección General de Costas sobre la polémico ampliación del Puerto y si procede, para aprobar el proyecto constructivo de los nuevos muelles que supondrá una inversión de 543 millones de euros, IVA incluido, por la parte que corresponde a fondos públicos.
El proyecto se aprobará a pesar de que Costas ha planteado hasta 21 objeciones al mismo, que se desconoce en qué tiempo y con qué coste se solventarán, y a pesar de incumplir de forma flagrante la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 en lo que a volumen de materiales de relleno se refiere (la DIA establece 19 millones de metros cúbicos y el proyecto requiere de 25,7). Una declaración cuya vigencia está más que cuestionada y que está basada en un ley del año 1986 que ya no existe.
Además, se aprobará a pesar de que la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso sobre la cesión de la condición de órgano sustantivo a la APV, que a su vez es el promotor, lo que implica que es el propio organismo el que debe decidir si realiza una nueva declaración de impacto ambiental.
Pero sobre todo, la nueva terminal recibirá el visto bueno en un momento en el que el comercio internacional se está resituando y cuya evolución a largo plazo es difícil de predecir.
De hecho, según fuentes sindicales consultadas, en estos momentos las diferentes terminales están funcionando a medio gas por el descenso de tráficos, principlamente en el caso de los contenedores de tránsito, es decir, los que pasan del buque al muelle y del muelle a otro barco sin salir del puerto.
Este tipo de tráfico será una parte importante del que se movería en la nueva terminal puesto que es principalmente el que genera actualmente la naviera MSC y, según las mismas fuentes, es un tráfico muy volátil al estar expuesto al contexto internacional, que en estos momentos tiende a frenarse por la relocalización de la producción que ha generado primero la pandemia y ahora la invasión rusa de Ucrania.
En concreto, según los datos de Puertos del Estado, en los diez primeros meses del año por sus terminales han pasado 4.336.957 TEUs (contenedores estándar de 6,1 metros de longitud), lo que representa un descenso del 7,7 %.
La mayor caída se produce en los contenedores llenos de tránsito, 292.434 menos que el ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 14 %.
Las TEUs de importación siguen arrojando cifras en positivo con un aumento del 6,2% mientras que los de exportación caen un 7,1%.
Entre enero y octubre de 2022 el tráfico total ha ascendido a 67,72 millones de toneladas, un 4,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
Ribó votará en contra de la ampliación
Como ya ocurrió en la votación de la adjudicación de la terminal de cruceros, el proyecto de ampliación se aprobará, pero el alcalde de València, Joan Ribó, votará en contra al carecer de una DIA con los parámetros ambientales actuales y que tenga en cuento los cambios que se han implementado en el proyecto y su posible impacto en las playas del sur y al tráfico rodado. También se repetirá el voto en contra de Iván Castañón, el representante del consejo por designación de la vicepresidencia de la Generalitat, de Compromís,
“¿Hay declaración de impacto ambiental? No. Ya avisé hace dos años, que ya se podía haber hecho, por cierto. Ya avisé que sin esta declaración yo no podía votar a favor”, afirmó Ribó este jueves. Según el alcalde, el proyecto presenta dos grandes elementos que necesitan “una reflexión medioambiental seria”. En primer lugar, “el tema de las playas del sur, donde hay un anexo en el informe del Ministerio importante, que hay que reflexionar sobr él”. En segundo lugar, “la movilidad en la ciudad, cómo moveremos los miles de camiones que se desplazarán por la ciudad, ese es el problema”.
Por contra, la vicealcaldesa de València, edil de Desarrollo y Renovación Urbana y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, consideró que el alcalde ha incumplido el acuerdo que alcanzaron en el pleno al afirmar que la DIA está vigente.
“Tan importante es generar empleo, desarrollo y oportunidades como proteger y salvaguardar nuestro patrimonio natural, como las playas o la Albufera”, ha precisado Sandra Gómez, que ha asegurado que el informe del ministerio analiza “todo eso” y “la actual DIA”. Ha apuntado que Transición Ecológica ha estimado que con “una serie de condicionantes se puede desarrollar la ampliación”.