Sin alcanzar un mínimo consenso con el máximo representante de la ciudad en la que está ubicado el puerto. Así aprobó este jueves el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) la adjudicación a Baleària de la concesión para la construcción y explotación de la nueva terminal pública de cruceros por un plazo de 35 años, ampliable a 50, tal y como avanzó elDiario.es.
Esta infraestructura se va a ubicar entre el Muelle de Poniente y el Muelle Perfecto Palacio, en la zona anteriormente ocupada por el astillero de Unión Naval de Valencia, y contará con aproximadamente 100.000 metros cuadrados. La inversión prevista por la naviera valenciana radicada en Dènia para desarrollar este proyecto va a superar los 37 millones de euros, mientras que la APV aportará otros 61,8 millones de euros de fondos públicos. Las obras podrían comenzar en 14 meses y la previsión es que la terminal entre en funcionamiento en 2025.
La votación contó con los votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, quien delegó el voto en Iván Castañón, el representante del consejo por designación de la vicepresidencia de la Generalitat, de Compromís, quien también votó en contra. Ribó se encontraba en Ginebra, donde junto al vicealcalde Sergi Campillo recogió el galardón otorgado a València como 'Ciudad Humedal' por su conservación del Parque Natural.
El alcalde votó a favor del pliego de condiciones del concurso de la terminal en enero de 2020, pero en esta ocasión votó en contra de la adjudicación al considerar, según fuentes de alcaldía, que faltan informes ambientales en materia de calidad del aire, de contaminación acústica y de movilidad, los mismos argumentados por Castañón. En definitiva, la lectura es que consideran que la aprobación se produce a las bravas y con prisas sin haber garantizado al 100% que no supondrá perjuicios para los barrios del entorno.
En concreto, se justifica el voto en contra en que el Plan Especial de la Zona Sur 2 del Puerto no está aprobado y no se han respondido las alegaciones; el Plan de Movilidad Metropolitana (PMOME) no está aprobado y no se han respondido las alegaciones; el traslado de la terminal de cruceros va vinculada a la ampliación norte del puerto que no está aprobada y tampoco se han respondido las alegaciones.
Además, a pesar de estar ubicada en zona 100% portuaria hay al menos un asunto que le interesa plenamente en el municipio y que todavía no está solucionado a nivel técnico, como reconoció este jueves el presidente de la APV, Aurelio Martínez: la afección a nivel de movilidad en el entorno y la solución de los accesos de acuerdo con la creación de un espacio público de calidad frente a los tinglados 4 y 5.
Además, este proyecto debería de tener un informe de los servicios de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de València y en materia de contaminaciones acústicas, lumínica, del agua y del aire, cuatro apartados de afección sobre el entorno residencial se citan en una única página de la resolución a modo de condicionantes ambientales segundos la legislación vigente.
Sin embargo, el Servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire, “no se observa ningún estudio acústico sobre el que poder informa” en la propuesta de Baleària y advierte de “la constancia de molestias acústicas que genera este tipo de actividad debido fundamentalmente a las bajas frecuencias que emiten los motores y que pueden incidir sobre la zona residencial próxima”.
Por último, no se dispone porque no se ha solicitado ningún informe de la Consellería de Emergencia Climática y Transición Energética ni del servicio municipal homólogo. Únicamente de la Consellería de Evaluación Urbanística, Territorial y Ambiental del Planeamiento en el proceso de petición de informes a las administraciones urbanísticas, lo cual se considera del todo insuficiente en un contexto de emergencia climática y acuerdo a la Misión Climática València 2030, la Estrategia Urbana València 2030 y la Green European Capital 2024.
Al respecto, la consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, criticó este jueves que no se había solicitado a su departamento con competencias en los temas de calidad del aire ningún tipo de informe ni pronunciamiento sobre esta actividad.
“LA APV no puede hacer oídos sordos y alejarse del modelo de ciudad que necesitamos. Hace falta mayor responsabilidad y respeto con nuestro medio natural y también que sea amable con la ciudadanía porque así lo reivindican también las plataformas ciudadanas”, defendió.
“Posible prevaricación”
La Comissió Ciutat-Por, plataforma ciudadana y ecologista opositora a la ampliación del Puerto, remitió este jueves un escrito al consejo de administración de la APV en el que advirtió de que la adjudicación “puede constituir un delito de prevaricación, toda vez que se ha omitido el trámite esencial de evaluación ambiental”. Ello sin perjuicio de otras eventuales responsabilidades “por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”.
La Comissió Ciutat-Port recordó al presidente de la APV, el socialista Aurelio Martínez, y a todos los miembros del Consejo de Administración, que “la actuación que se pretende aprobar está fuera del ámbito de la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 vinculada a la ampliación del puerto e infringe la vigente legislación ambiental”. Así mismo, recuerda que, “con motivo de esta concesión, la Autoridad Portuaria de Valencia está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas y que hay en curso un procedimiento de revisión de oficio que se inició a instancia de la Abogacía e Intervención del Estado.
La Comissió Ciutat-Port, además, “dará traslado al Tribunal de Cuentas del Estado de la pretensión de la APV de soslayar las consecuencias de la investigación abierta por la ocupación de los terrenos de Boluda Corporación Marítima S.L. mediante esta precipitada e injustificada adjudicación”.
Al respecto, la APV alega que, según informes de Puertos del Estado y de la Secretaría del Estado, el suelo sobre el que se adjudica la terminal de cruceros está disponible independientemente de lo que determine la justicia con respecto a la procedencia o no de la compensación otorgada a Boluda por la recuperación de su concesión de Unión Naval Valencia.
La Comissió señala también que “el Defensor del Pueblo tiene también abierta una investigación por la queja formulada contra la ampliación del puerto y, con la finalidad de cumplir el principio constitucional (artículo 45 CE) impuesto a los poderes públicos, de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe justificativo de los criterios ambientales que avalan esa actuación”.
Terminal eco-sostenible
El proyecto presentado al concurso que sacó la APV recoge las aportaciones del Ayuntamiento de València en materia medioambiental. La estación marítima apostará por la economía circular y contará con un espacio para la dinamización cultural.
La nueva terminal de pasajeros del Puerto de València garantiza que el 100% de la energía eléctrica necesaria se producirá en las propias instalaciones y será de origen renovable: fotovoltaica, eólica, hidrógeno renovable o biocombustible. Balearia propone contar con 10 mini-aerogeneradores para producir 60.000 kWh/año, paneles solares en las cubiertas con una generación estimada de 1.459.062 kWh/año, un sistema de electrólisis a partir de agua, y un sistema de pila de combustible para producir electricidad a partir de ese hidrógeno con una generación prevista de 39.525 kWh/año, entre otros.
Todos sus muelles estarán equipados con red de suministro eléctrico a los buques atracados, facilitando así parar los motores y sus emisiones cuando estén de visita en València, siempre y cuando los buques estén preparados para ello. La terminal reciclará el 100% de los residuos que genere en una planta de biometano que se construirá expresamente para este fin; y tratará los residuos de los buques y los propios del edificio para obtener biogás.
Todas estas medidas se complementarán con sistemas de control y gestión centralizada de las instalaciones, sistemas inteligentes de consumos, iluminación con tecnologías LED, sistemas de cargadores eléctricos a instalar en parkings y un sistema de seguimiento de la huella de carbono.