No está en el orden del día. Ha quedado fuera de la reunión de este viernes del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, que preside Aurelio Martínez, la posible adjudicación a la naviera MSC de la controvertida ampliación norte del Puerto, con un presupuesto de unos 1.200 millones de euros.
Los colectivos ecologistas y ciudadanos que reclaman una evaluación ambiental previa y un debate a fondo sobre el impacto del proyecto temían que se plantease la decisión en el consejo del Puerto de Valencia sin atender a sus reivindicaciones y que su aprobación convirtiera el proyecto en un hecho consumado, difícil de revertir.
A colectivos como la plataforma El Litoral per al Poble se han sumado cargos institucionales como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y voces del mundo académico, en la petición de una evaluación ambiental actualizada del proyecto, que el presidente de la Autoridad Portuaria considera que no es necesaria porque está amparado por la declaración ambiental de 2007 para la construcción inicial de los diques de esa ampliación en 2012. Ahora se trata de construir un muelle de más de 1,3 millones de metros cuadrados de acuerdo con un plan que implica prolongar el dique externo, derruir un contradique y un muelle y trasladar la zona de atraque de cruceros, entre otras acciones. MSC conseguiría, por la inversión, una concesión de 35 a 50 años para el tráfico de contenedores en ese nuevo muelle.
El orden del día del consejo de este viernes incluye el nombramiento de un nuevo secretario del organismo, tras la marcha del puesto hace unas semanas de Luis Felipe Martínez, la aprobación de las cuentas anuales de 2018 y diversas licencias de servicios en el puerto.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia está presidido por Aurelio Martínez y de él forman parte el capitán marítimo Felipe Cano; Cristina Rodríguez, José Antonio Morillo-Velarde y Lorenzo Tejedor en representación de la Administración del Estado; Joan Ribó como alcalde de Valencia así como el alcalde de Sagunto; Francisco Contell por las cámaras de comercio; Juan Pablo Lázaro por las organizaciones empresariales; Gustavo Ferrer por los “sectores relevantes en el ámbito portuario”; Pedro Suárez por las organizaciones sindicales, y en representación de la Generalitat Valenciana, Vicente Boluda (de la Asociación Valenciana de Empresarios), Salvador Navarro (de la Confederación Empresarial Valenciana), Josep Vicent Boira (comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo) y la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero. El secretario del consejo y el director general de la Autoridad Portuaria, Francesc Josep Sánchez, son miembros con voz pero sin voto.