El Puerto de València obvia a Transparencia y se niega a facilitar documentación sobre el rescate de los astilleros de Boluda

Varapalo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entidad dependiente del ejecutivo central, a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por no facilitar información pública a un colectivo vecinal.

En una resolución publicada a principios del pasado mes de agosto, el organismo reconoce el derecho de la Asociación de Vecinos Grau-Port de obtener gran parte de la documentación solicitada sobre el rescate de la concesión de las instalaciones de la Unión Naval para ubicar la futura terminal de cruceros.

Para aprobar este traslado de la terminal de su localización actual en la zona norte a los astilleros de Boluda, la APV aprobó una compensación al empresario mediante una concesión de 35 años para construir dos torres de oficinas de 13 pisos a cambio de rescatar la de los astilleros de Unión Naval que ya no utilizaba y cuyo contrato expiraba en 2027.

Los asociación vecinal solicitó el pronunciamiento del Consejo de Transparencia tras pedir sin éxito toda la información a la APV. La entidad portuaria les instó a solicitarla a través del Portal de Transparencia de lo Administración General del Estado, algo que la resolución aclara que, aunque es uno de los procedimientos recomendados, no es ni mucho menos obligado ni la única vía de obtener información pública.

De este modo, Transparencia resuelve que la APV, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe remitir a la entidad vecinal en un plazo de 10 días toda la documentación que no contenga información confidencial de la empresa (ver página 17 del documento).

Entre esta documentación, destaca la declaración de necesidad de ocupación de las concesiones del Presidente de la APV, de 1 de agosto de 2018; el informe de volorción de Afio Tasaciones, S.A.: el informe del Director Económico-Financiero de la APV sobre el valor de la concesión solicitada; y el informe del Secretario General de lo APV sobre la propuesta de valoración del rescate de 5 de octubre de 2018.

Sin embargo, han pasado los 10 días establecidos en la resolución y la asociación vecinal sigue sin tener recibir ni un solo papel de los solicitados, tal y como explicó este jueves uno de los portavoces en un acto organizado por la Comissió Ciutat-Port, integrada por entidades vecinales y ecologistas: “Vamos a estudiar acciones legales tras el incumplimiento de esta resolución”, afirmó.

En el mencionado acto, la Comissió insistió en su oposición al proyecto de ampliación del puerto, al traslado de la terminal de cruceros junto a los barrios del marítimo y al acceso norte. Así, afirmaron que el proyecto perjudicará a las playas del norte y del sur de València y agravará la contaminación ambiental y acústica, por lo que exigieron una moratoria del mismo, un debate púiblico y una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tenga en cuenta toda la actuación de forma global, incluyendo los efectos del traslado de la terminal de cruceros y del acceso norte.

Aplazada la concesión de la futura terminal

Este viernes tendrá lugar la reunión mensual del consejo de administración de la APV. Precisamente uno de los puntos a tratar es las acciones a llevar a cabo tras la resolución del Consejo de Transparencia.

El consejo tratará también una prórroga para hacer efectiva la concesión de la futura terminal de la ampliación norte a la compañía TIL, filial de MSC. El otorgamiento de la concesión está pendiente de que Puertos del Estado determine si se debe hacer otra DIA tras los cambios efectuados sobre el proyecto original de ampliación o si es válida la de 2007, como sostiene la APV.

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