“No me voy a pronunciar sobre la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque es una cuestión técnica y la ley deja claro cuando una DIA es válida y cuándo no”.
Así se pronunció este lunes el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, durante el debate virtual organizado por la Fundación Scito sobre el proyecto de ampliación del Puerto de València, en el que también participaron el conseller de Transportes, Arcadi España, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, y el alcalde de València, Joan Ribó.
Toledo, quien por motivos de agenda mandó un vídeo con su intervención y por tanto no participó de forma activa en el debate y tampoco se sometió a preguntas, explicó que la APV aún no ha remitido “de forma oficial” el anteproyecto aprobado, sobre el cual Puertos del Estado y por extensión el Ministerio de Transportes decidirá en base a la legislación si procede realizar otra DIA que sustituya a la de 2007, basada en un proyecto totalmente diferente.
“Cuando recibamos todo el anteproyecto se hará un estudio y se podrá decir si hace falta o no esa DIA desde un punto de vista técnico; si no hace falta no se hará, pero si hace falta se realizará aunque la ejecución de la ampliación se retrase”, afirmó Toledo.
El presidente de Puertos del Estado aseguró que la ampliación del Puerto de València es “necesaria por una cuestión de saturación de sus instalaciones y también por la inversión que ya se ha realizado con los diques de abrigo (204 millones de euros) que hay que rentabilizar”.
Toledo puso en valor la retirada del anteproyecto de dos de las cuestiones más polémicas como son la prolongación del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso. Además, manifestó la apuesta por la conectividad ferroviaria de los puertos: “Tan solo el 5% de las mercancías se mueven en España por ferrocarril mientras que en Europa la media es del 18%”, aseguró.
Como informó eldiario.es, el Gobierno ha frenado la adjudicación de la ampliación del Puerto de València hasta determinar si necesita otra evaluación ambiental, puesto que la APV tenía previsto hacerla efectiva el pasado mes de marzo.
En cuanto al resto de comparecientes, tanto Ribó, como Martínez y España han defendido sus posiciones habituales.
Ribó insistió en la necesidad de la DIA por el impacto paisajístico que implicarán las grúas desde las playas del Cabanyal y la Malva-rosa y añadió el impacto que tendrá en la ciudad y en el área metropolitana el aumento del tráfico rodado, así como el proyecto del acceso norte: “Si es necesario realizarlo habrá que evaluar el coste ambiental”, afirmó.
En este sentido, Martínez, quien defendió la necesidad de la ampliación sin necesidad de otra DIA, se esforzó en separar el proyecto de ampliación y del acceso norte al afirmar que “son proyectos diferentes” y cifró en un unos 1.500 los camiones que lo usarían procedentes del norte.
Tal y como informó este diario, la evaluación ambiental de la polémica ampliación, la, cual no incluye el acceso norte, chocaría con la normativa europea.
El conseller Arcadi España, por su parte, defendió el compromiso del Consell en la lucha contra el cambio climático, pero sin embargo tampoco se pronunció sobre la necesidad de una nueva DIA para la ampliación. España apostó por fomentar el diálogo y la participación en la toma de decisiones: “El puerto no puede actuar como si fuera una isla, debe actuar con una visión de toda la Comunitat Valenciana”.