El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rechazado este miércoles sumarse al recurso judicial que planteará el Gobierno catalán contra el Estado por retener 9.000 millones de euros recaudados y no traspasados al conjunto de las autonomías.
Tras el ofrecimiento realizado al resto de autonomías por parte del vicepresident catalán, Pere Aragonès, para compartir este recurso, Puig ha comentado que no sabe si la vía judicial “es la correcta” para abordar la financiación de las comunidades autónomas y ha señalado que en la Comunitat Valenciana se está “por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación” en este tema.
El presidente ha manifestado su deseo de que “hubiera una vía para que estas liquidaciones a cuenta se pudieran producir” y ha señalado que “hubo una voluntad por parte de la ministra de Hacienda, y lo dijo con total claridad, pero parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite”.
Por otra parte, ha reconocido que el Gobierno valenciano prepara recortes en el gasto, pero ha asegurado que aún no se conoce la cuantía global y que en cualquier caso no afectarán a los servicios públicos básicos, tales como la sanidad, la educación o la dependencia.
La idea, según Puig, es analizar si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene.
Tal y como ha explicado, en estos momentos el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su equipo están viendo “de qué manera se pueden superar las dificultades” que existen: “esto no es una decisión política del gobierno valenciano ni del de España, es una decisión de las Cortes Generales que mayoritariamente, en esa extraña alianza entre las derechas y los independentistas consiguió que no hubiera Presupuestos Generales del Estado”.