En el extenso árbol de la 'operación Púnica', la rama valenciana acumula sospechas. Según la confesión que el conseguidor de la red que sobornaba a políticos para obtener contratos, David Marjaliza, hizo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a la que ha accedido eldiario.es, la trama intentó copiar en Valencia para los concursos para la construcción de colegios privados la misma operativa utilizada en la Comunidad de Madrid, donde las mercantiles relacionadas con la red se embolsaron cerca de 222 millones de euros. La diferencia fue que los concursos en Elche y Calp no llegaron a resolverse porque la conselleria apartó a las empresa de la trama cuando estalló el caso.
En referencia a las adjudicaciones de los colegios de iniciativa privada sobre suelo público que impulsó el Consell del PP, Marjaliza afirma: “Se fijaban en los de la Comunidad de Madrid, creo que los copiaban”. Aunque el socio del exdirigente del PP madrileño, Francisco Granados, niega que participara activamente en conseguir los contratos de los centros educativos, Marjaliza asegura que se enteró de que “iban a salir concursos en Valencia” gracias a “conversaciones” entre Alejandro de Pedro -otro de los presuntos cabecillas de la trama- y Alfonso Medel -propietario de Alfedel, mercantil bajo sospecha por los negocios en los colegios.
“Decía De Pedro que tenía 15 0 20 personas que trabajan por ahí, en Valencia”, asegura Marjaliza, y señala que la red conocía supuestamente a altos cargos del PP en la conselleria de Educación: “Conocía al consejero, al viceconsejero o al director general, no se a quién”. En ese momento, la titular de Educación era la actual diputada autonómica del PP María José Catalá. Pese a que el presunto conseguidor de la 'Púnica' afirma que “no estaba claro que iban a ganar” e insiste en que “no se realizaron los concursos”, estos sí que se convocaron. Aunque, posteriormente fueron paralizados.
Los colegios que la trama intentó 'pescar' nacieron de la idea de construir centros de iniciativa social (CIS), una especie de nueva modalidad de centros privados construidos bajo suelo público. Con una concesión para 75 años, se proyectaron dos colegios: uno en Elche -con un canon anual de 11.500 euros- y otro en Calp -con un canon anual de 8.500 euros-. A ambas licitaciones concurrió la empresa Alfedel, bajo sospecha tras el estallido de la 'operación Púnica'. El modelo de este tipo de centros también se planeó para Valencia, Torrent y la Vall d'Uixó, aunque finalmente no se llegó a intentar. Pese a la cesión de suelo público para la edificación de dichos centros.
La entonces consellera Català alegó deficiencias en los expedientes para apartar a las empresas de la trama, tras la eclosión de la 'operación Púnica'. Esquerra Unida desveló en la pasada legislatura que empresarios relacionados con la red capitaneada supuestamente por Marjaliza y Granados obtuvieron 20 contratos para construir centros en barracones en la Comunidad Valenciana.