Dos años de À Punt: la radiotelevisión valenciana supera la “borrasca” fundacional y consolida los espacios informativos en tiempos de crisis

El 10 de junio de 2018 los valencianos recuperaban una parte importante del servicio público de comunicación: la televisión pública valenciana arrancaba sus emisiones regulares, casi un año después de que lo hiciera la radio. Bautizada como À Punt, la nueva cadena comenzó las emisiones provisionales con un especial informativo en el que se presentaba al equipo que hoy lidera las audiencias de la cadena.

Recuperar el servicio público audiovisual que el PP había enterrado con el cierre de Canal 9 fue una promesa electoral de la izquierda valenciana que se comenzó a cumplir a finales de 2015, con la ley de recuperación de la radiotelevisión. Antes de que À Punt comenzara a emitir, la derecha política y una buena parte de los medios valencianos ya se habían instalado en una actitud hostil hacia la nueva cadena pública, con un Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (ente que sostiene la cadena) en permanente polémica y muchas críticas a Empar Marco, la primera directora general de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, la empresa pública que produce À Punt. Marco abandonó el puesto el pasado 8 de marzo al finalizar su contrato y en el segundo concurso público fue elegido director general Alfred Costa.

En su primer año de emisiones la televisión rozaba una media del 2,2% de audiencia, apenas había realizado campañas de promoción de las emisiones y tenía problemas técnicos en varias comarcas, donde sintonizarla era misión imposible. Casi tanto como que en La Vega Baja y otras comarcas castellanohablantes captara interés por su programación. De ahí que uno de los últimos proyectos de Marco, que llegó a plantear de forma velada, fueran algún tipo de emisión en castellano orientada a esas comarcas. 

Con la promoción del valenciano y la oferta de un servicio público como fundamentos del proyecto, À Punt se instaló, tras años de ausencia de un canal autonómico, en el mismo centro de producción de la antigua Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en Burjassot, con su oxidada estructura. Se cuestionó la inexperiencia de Marco en la gestión de una corporación audiovisual, su procedencia de la TV-3,  su afinidad con el valencianismo político, los escasos ingresos en publicidad, así como la estructuración de la plantilla; una cuestión que estaba más o menos orientada antes de su llegada, ya que  los extrabajadores de Canal 9 tendrían un peso importante en la reconstrucción de la cadena pública. La exdirectora contaba con enemigos dentro del Consell Rector, incluso entre aquellos propuestos por partidos del Pacto del Botánico que le dieron su apoyo, y más que afinidad, generó antipatía en el equipo de Ximo Puig en la presidencia de la Generalitat Valenciana. 

El presupuesto y la difícil sintonía política con el Ejecutivo autonómico y la mayoría parlamentaria de izquierdas fueron otro problema para Marco, que tuvo varios enfrentamientos a la hora de pedir más recursos para la radiotelevisión, una cadena que según la ley debe estar entre el 0,3% y el 0,6% del total de inversiones previstas de la Generalitat Valenciana.

La borrasca fundacional, que incluyó críticas de algunas productoras audiovisuales por las idas y venidas con los proyectos o cierta desafección asociada a la mala imagen ciudadana de Canal 9, provocada por años de manipulación al servicio de los gobiernos del PP, no evitó que se pusiera en marcha un medio de comunicación público plural, sin las manipulaciones ni el sectarismo, y sobre todo sin la corrupción que caracterizaron a Canal 9 en el largo periodo de gobierno del PP.

Con estas cartas, en un tablero nada fácil en el que jugar, la cadena pública ha ido labrándose una marca paso a paso con espacios de divulgación, entretenimiento y, en especial, el equipo de informativos. La pluralidad, que en Canal 9 era una palabra fuera del diccionario del ente, ha quedado demostrada según la auditoría externa. Las cifras de audiencia media de los últimos meses han duplicado a las originarias y la cadena pública consigue acaparar la atención de los valencianos en periodos de crisis o de especial relevancia. Así fue en las elecciones municipales de 2019, donde el espacio dedicado al seguimiento y análisis registró una cuota máxima del 7,4%, mientras que el debate de los candidatos valencianos al Congreso registró picos del 5% (cerca de 240.000 espectadores), una cifra considerable para un debate de dos horas de duración, aunque aún alejada de la media de otras autonómicas.

La cadena registró picos de audiencia, en especial en los espacios informativos, durante los dos episodios de gota fría -la DANA- en septiembre y el temporal de enero. La cobertura informativa disparó la audiencia del espacio de medio día, presentado por Victoria Maso, hasta el 10% de cuota de pantalla.

Con la cobertura de la crisis sanitaria los valencianos han vuelto a la información de proximidad. Según los datos de la televisión pública un total de 2,3 millones de espectadores han sintonizado À Punt en el mes de mayo pese a la caída del consumo televisivo en España y la Comunitat Valenciana -de un 14 y un 12%, respectivamente-. El informativo À Punt NTC Migdia, es el más visto de la cadena y ha crecido un 4% desde abril, con un 7,8% de cuota de pantalla. El día de más audiencia de À Punt en mayo fue el viernes 8, con un 4,5% de cuota de pantalla y 733.000 espectadores, según los datos de la cadena. El crecimiento, advierten, también es online, con un 63% de diferencia respecto a mayo del año pasado.

En abril la cadena ofreció los datos del cuatrimestre, que cifraban en un 44% el crecimiento de los espectadores, con una cuota del 3,3%. La subida respecto al mismo periodo del año pasado ha sido del 73%, indican desde la cadena pública, que añaden que los informativos tuvieron una media de 133.000 espectadores diarios en el citado periodo. Desde que se decretara el estado de alarma con sus consiguientes medidas de confinamiento, la cadena pública ha ejercido de proveedora de imagen vía pool al resto de medios de comunicación.

Nueva dirección y frentes abiertos

El estallido de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 coincidió con el traspaso de poderes en la radiotelevisión pública. Alfred Costa comenzó a trabajar como director de la cadena desde el 8 de marzo -aunque antes se había dado una transición y colaboración entre ambos-. Esa semana se suspendieron las Fallas, se cerraron las fronteras y se decretaron las primeras medidas de confinamiento. Costa, recién estrenado en el cargo, aún no ha tenido tiempo de comenzar a poner en marcha su proyecto.

El plan que Costa presentó en las Corts Valencianes se autoexige no bajar del 3% de audiencia media en televisión. Para ello, planteaba potenciar las conexiones en directo, la proximidad y el entretenimiento. De momento, este miércoles la cadena tendrá programación especial con Andreu Buenafuente -dueño de la productora El Terrat, que produce varios formatos para la cadena- y el actor Álvaro Morte, protagonista de La Casa de Papel, una ficción española de Netflix que ha sido un éxito en el mercado audiovisual.

Pasada la emergencia sanitaria, Costa tendrá que afrontar varias batallas: audiencia, presupuesto y plantilla. Para el primer frente ha escogido a Raquel Ejerique, exdirectora de Investigación en eldiario.es, responsable de Informativos de la cadena pública: un perfil con el que se busca reforzar los contenidos propios y conseguir exclusivas para la cadena pública, lo que la dotará de mayor relevancia.

Tanto Costa como su predecesora han hecho énfasis en que con los recursos actuales es complejo poner en marcha una televisión con contenidos de calidad y han reclamado a las Corts Valencianes que aumenten la inversión en la cadena pública. Respecto a la cuestión de ingresos publicitarios, el contrato programa y el código ético de la televisión suponen una seria limitación a la publicidad que puede exhibirse, limitando así su campo para obtener ingresos. Alcohol, apuestas o anuncios sexistas, los protagonistas de la publicidad en medios generalistas, tienen vetada la exhibición en À Punt Media, de acuerdo con su consideración de servicio público.

Por otro lado, el coste de personal supera el límite legal establecido en términos porcentuales, una de las razones para reclamar más presupuesto. La ley incluye una limitación presupuestaria: el personal no puede 'costar' más de un 30% del gasto de la corporación, lo que deja pocas soluciones y no todas deseables: más presupuesto global para la cadena, menos trabajadores o empleados peor pagados. Hace dos años, los grupos del Botànic y Ciudadanos establecieron una moratoria para que, mientras À Punt no recibiera entre el 0,3% y el 0,6% del presupuesto de la Generalitat, como marca la norma, el apartado de limitación de personal no fuera de estricto cumplimiento. Superado el verano, quedará ver si los actores del Botànic aceptan aumentar la inversión.