Ni “hacer regalos” ni “aceptar chantajes”. Esas son las condiciones que, tras los resultados del 28M, el líder valenciano de Vox, Carlos Flores, ha puesto a Carlos Mazón para alcanzar un Gobierno autonómico del PP y Vox tras dos legislaturas del Pacte del Botànic. Con 13 diputados en las Corts Valencianes, tres más que la legislatura anterior, el partido de extrema derecha se erige como el ariete que permita gobernar a los populares. Sin embargo, el nuevo escenario político valenciano puede ser de alto voltaje a tenor del peaje que el partido de Santiago Abascal cobrará a los populares valencianos.
Mazón se dispone a negociar una investidura con el líder de un partido condenado por violencia machista contra su exmujer y que arrastra en su currículum su militancia en Fuerza Nueva, formación de extrema derecha de la que fue candidato, durante la década de 1980. Su actual “referencia”, según confesó en una entrevista en El País, “es el gobierno de Viktor Orbán, vencedor por mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones” en Hungría. En otra entrevista en Las Provincias calificó a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange española, como “uno de los personajes más fascinantes del siglo XX español, una personalidad absolutamente magnética y una de las grandes tragedias de nuestra guerra civil”.
El frente de PP y Vox ha conquistado la primera autonomía bilingüe, junto con las Illes Balears, en la que gobernarán codo con codo. El partido ultra, además de eliminar el requisito lingüístico en el acceso a plazas del profesorado y de la administración pública, incluye en su programa una auténtica llamada a la purga en materia educativa: “Desalojaremos a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas y reforzaremos la inspección educativa”.
Otra prioridad del programa de Vox pasa por la derogación de “todas las leyes de género y de memoria histórica”, impulsadas por el Pacte del Botànic, incluyendo la pionera Ley Trans. También “leyes autonómicas superfluas” como la de Vivienda, que prevé medidas contra el acoso inmobiliario, o la de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Por otro lado, el programa electoral del partido ultra pretende “poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas” en contraposición a la supuesta “falta de apoyo institucional y de los ataques progres”. La “perspectiva de familia” será la clave de “toda norma” en la legislación y en los presupuestos en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte.
El programa de Vox en la Comunitat Valenciana defiende la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y bonificaciones sociales “para paliar los efectos de la crisis económica y la inflación”. También la eliminación de las ayudas públicas que el partido considera que “generan un efecto llamada a la inmigración ilegal”.
Alargar la “vida útil” de la central nuclear de Cofrentres
Además, el partido ultra propone una “rebaja drástica” de los impuestos y el “cierre” de organismos “superfluos” del sector público instrumental, además de finiquitar subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales “y a todas las entidades separatistas”.
En materia cultural, el partido ultra se limita a la defensa de “tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos países catalanes”. Así, pretende establecer una “protección legal” y otorgar ayudas institucionales para conservar un patrimonio “garante de la identidad nacional”. El programa prevé la “defensa sin complejos” de la caza y de la tauromaquia“.
También pide alargar la vida útil de centrales nucleares como la de Cofrentes, cuyo cierre definitivo está previsto para el 30 de noviembre del 2030. En materia de turismo, el partido de Carlos Flores apuesta por la eliminación de “cualquier traba burocrática y tasa”.
La batalla por À Punt
Aunque el programa electoral no hace referencia alguna a la cadena autonómica À Punt, en plena precampaña la formación ultra amenazó al medio público con su cierre tras la emisión de un reportaje que no gustó en Vox, pese a que Carlos Flores ha sido un rostro habitual como comentarista en tertulias y programas.
“Aprovechad lo que os queda en el convento, que os vamos a cerrar”, advirtió el partido en un polémico tuit el pasado 25 de abril, coincidiendo con la conmemoración anual de la derrota de la Batalla de Almansa en 1707 que supuso la pérdida de los fueros valencianos.
Vox consideraba que la cadena supone un “desperdicio de dinero de todos” además de una “máquina de adoctrinamiento separatista”. Sin embargo, el cierre de À Punt que propone Vox supondría para el PP una escena similar a la liquidación en directo de Canal 9, la anterior cadena autonómica cerrada por el Gobierno popular de Alberto Fabra en 2013, y la consecuente batalla con sindicatos y trabajadores del ente público.
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