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Análisis

Rentistas del silencio a cuenta de Maruja y Julio

El exministro del PP y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en una imagen de archivo.

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La mala noticia es que, más de treinta años después, siguen protagonizando escándalos y negocios a costa del erario público. Empezaron a la sombra del padrino Eduardo Zaplana (condenado por corrupto) y siguen hoy con Carlos Mazón y sus terminales de poder. Son un puñado de actores que repiten, como protagonistas o secundarios, en casi todas las películas de acción con desfalco. Esa es la buena noticia. A estas alturas de la legislatura mazonista ya se puede concluir que en la película sobre el subsuelo, la que se rueda en blanco y negro y con niebla espesa, no hay relevo en el reparto. Una magnífica noticia. Los de siempre siguen en activo y son muy profesionales. Están en la lista de acreedores y deudores del zaplanismo, que tiene como personaje franquicia a Carlos Mazón. El fichaje de Dula Auditores SL, la consultora de Eduardo Such Irusta y Carlos González Cepeda, por parte de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) nos reconcilia con lo más noble de la política y de la condición humana porque realza la lealtad y la gratitud como valores. 

El mando de la caja de las cajas

Eduardo Such es hijo del ex conseller Diego Such, impulsor del grupo empresarial familiar, con negocios también en la construcción y la promoción inmobiliaria, entre otros. El director de esta especie de comisaria de policía en concurso de acreedores que es Antifraude es Eduardo Beut, persona de confianza del ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, condenado a dos años y 11 meses de prisión y 1,32 millones de multa en el 'caso Erial' por corrupto confeso y cuyas esposas compartieron negocio editorial. 

La proximidad a García fue decisiva para que Zaplana nombrase en 2001 a Beut vicepresidente de la Cartera de Participaciones Empresariales CAM-Bancaja, la avanzadilla de la que iba a ser la fusión entre las dos cajas de ahorros valencianas. Beut le robó, nunca mejor dicho, la cartera a Diego Such, primer conseller de Industria de Zaplana, quien le había prometido la llave de la caja de las cajas. 

Cuando se produjo aquel episodio, el presidente era José Luis Olivas, pero quien decidía con mando a distancia era el ex jefe del Consell y ya ministro. Aunque se vendió a medios afines que los responsables del veto a Such fueron los principales directivos de ambas entidades (Vicente Sala, Roberto López Abad, Julio de Miguel y Arturo García Checa), quien realmente evitó que Diego Such controlara esta corporación fue el ex alcalde de Benidorm. La confianza entre ambos se había resquebrajado por culpa de un misterioso episodio relacionado con el urbanismo. Se cuenta en el libro Los tentáculos del truhan

Ahora, 20 años después, Beut cumple con los Such. Como si matara la mala conciencia. Como ex delegado de la Agencia Tributaria, el director de la Agencia Antifraude sabe que para detectar grietas en el funcionamiento del organismo que preside y proponer mejoras nadie mejor que una persona con sexenios de experiencia en ingeniería financiera y reclasificaciones de favores.

Mudo, ciego y sordo ante el desfalco del Ivex

Diego Such y Carlos González Cepeda han contribuido a los negocios del PP y del zaplanismo. Como socios, eso sí. El primero fue pieza clave en el saqueo de la Generalitat a cuenta del fichaje de Julio Iglesias por parte del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex). La firma y ejecución de los contratos con el artista (el oficial y un contrato B) se desarrollaron con Such de conseller de Industria. Y por orden de Zaplana. En vez de 2,25 millones anunciados, se pagaron al cantante 5,95 millones y se le perdonaron 1,48 en impuestos. Aquel sarao le costó a la Generalitat al menos 12 millones, entre facturas hinchadas o totalmente falsas por gastos que nunca se realizaron. El dinero se canalizó a través de sociedades 'offshore' hacia paraísos fiscales. 

Diego Such sigue cobrando facturas por hacerse el mudo, ciego y sordo en aquel y en otros escándalos. Y su hijo ha heredado el crédito que su padre concedió a la banda de Zaplana, en la que siempre militó hasta instalarse como autónomo. Such fue alcalde de la Nucia, epicentro de la corrupción urbanística, y valedor de su sucesor, Bernabé Cano. Uno de los influencers del actual Consell, donde tiene colocados a su hermana, la consellera Marian Cano; a su hija Ángela Cano, como asesora en el Palau, y a su concejal de urbanismo Miguel Ángel Ivorra, como director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. 

La tránsfuga escondida en el casino

El socio de los Such, Carlos González Cepeda, lleva nada menos que 34 años como rentista del zaplanismo. El favor que marcó el inicio de su fulgurante carrera se localiza en noviembre de 1991. El mes de los muertos que a él le dio mucha vida, a costa de una presunta muerta. Y perdón por el enredo. Se trata de la bailarina de tablaos de Benidorm María Sánchez Trujillo, quien pasó a la historia política valenciana como Maruja Sánchez, la tránsfuga socialista que dio a Zaplana la alcaldía en la moción de censura que se consumó el 22 de aquel mes.

En las semanas previas a la votación de la que dependía la suerte de aquel joven del PP que iba para presidente del Gobierno y acabó en Picassent, Maruja desapareció. Los populares montaron una intendencia para esconder a la tránsfuga. Estuvo un tiempo en paradero desconocido. En el libro Ciudadano Zaplana se revela que en esos días en que estaba desaparecida hizo una parada en el Casino Monte Picayo, en Puçol, donde se alojó. El custodio de aquella entonces anónima concejala en crisis de fe fue Carlos González Cepeda, gerente del casino y viejo conocido de Zaplana de cuando ambos militaban en UCD. La carrera del ex presidente y el régimen de corrupción que cimentó se incubó en un casino. Toda una metáfora.

Por haber garantizado aquella cuarentena a la bailaora política, se ganó una pensión completa vitalicia. Cepeda fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana entre 1996 y 2000 y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de 2000 a 2003. Cuando cesó, Zaplana lo colocó como consejero de AUMAR, la concesionaria de la autopista.

En busca del pelotazo a ritmo de samba

Diego Such y González Cepeda no solamente han perseguido el sueño americano en la Marina Baixa y la Comunitat Valenciana a través de empresas de construcción o de consultoría, entre ellas Dula Auditores. También en América. Concretamente en Brasil. Los dos ex consellers se embarcaron en un megaproyecto en Ilha Grande, una ciudad al noreste del país sudamericano, en el estado de Piauí, a unos 500 kilómetros de Fortaleza. Allí, en el delta del río Parnaiba se proyectó el complejo residencial Ecocity Brasil, que se promocionaba como una ciudad ecológica de 160.000 habitantes y 80 millones de metros cuadrados. El 10% del proyecto estaba en manos de Ecodelta Ecología e Turismo Ltda. Y casi la totalidad de esa sociedad pertenecía a su filial Eurodelta Ecología e Turismo Ltda, la empresa con la que Such canalizó su participación a través de Quality Progreso, una de las empresas familiares. 

Ese macroproyecto turístico quedó en punto muerto y los terrenos se depreciaron, según me contó el propio Diego Such, quien explicó que su participación y la de González Cepeda consistía en actuar de intermediarios en operaciones de venta de parcelas a cambio de comisiones que cobraban en terrenos. La aventura americana, eso sí, blindó la alianza empresarial entre González Cepeda y los Such. Los garantes de que a los intocables de Eduardo Beut no se les escape ni medio pelo de trilerismo.

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