La sentencia del Tribunal Supremo emitida este martes 8 de mayo de 2018 es el principio del fin de la trama Gürtel. El Alto Tribunal ha confirmado todas y cada una de las penas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y apuntala -ya no hay más recursos posibles y crea jurisprudencia- toda la instrucción inicial del juez Baltasar Garzón y las grabaciones del exconcejal del PP José Luis Peñas que dio pie a destapar la red de financiación irregular del Partido Popular y de enriquecimiento ilícito de decenas de sus cargos públicos.
La sentencia es la primera del caso Gürtel -antes estuvo la de los trajes de Francisco Camps pero se extrajo de la columna vertebral de la causa- y tumba todas las peticiones de los acusados que han intentado anular el proceso desde que el caso saliera a la luz y se produjeran las primeras imputaciones. A partir de ahora y aunque en las otras nueve piezas que están pendientes de juicio y sentencia se planteen nulidades no podrán prosperar al haber validado el Supremo todas las aristas de la investigación.
La sentencia certifica así las investigaciones e informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía nacional. Los agentes fueron acusados de partidistas y los informes se cuestionaron en su totalidad. El fallo de este martes también aprueba la instrucción judicial de Baltasar Garzón y se convierte en una victoria indirecta del magistrado al que intentaron inhabilitar por las escuchas a los cabecillas en la cárcel.
Es fundamental también esta sentencia porque da por buenas las escuchas que José Luis Peñas hizo durante años a los cabecillas de la trama, principalmente a Francisco Correa y Pablo Crespo. Ambos acusados han intentado anular estas grabaciones realizadas por el exconcejal del PP y en las que se recogen las actuaciones ilegales de la trama y de cargos públicos del PP. Estas grabaciones dieron pie a numerosas pruebas e investigaciones posteriores. Su anulación podría haber hecho saltar el caso por los aires.
El Tribunal Supremo tampoco ha observado que pueda haber un atenuante o incluso una invalidación del proceso por las dilaciones en la instrucción. Las investigaciones del caso Gürtel se iniciaron en el año 2008 y es en mayo de 2018 cuando llega la primera sentencia firme. El Alto Tribunal no ha atendido las peticiones de dilación excesiva planteadas por los procesados y que se han planteado en las cuestiones previas de las demás piezas separadas.
La sentencia del Tribunal Supremo condena a la exconsellera de Turismo del Gobierno de Camps Milagrosa Martínez a nueve años de cárcel, a 12 a Álvaro Pérez “El Bigotes” y 13 a Francisco Correa. Son unas penas durísimas por haber amañado las adjudicaciones del stand de la Generalitat valenciana para Fitur durante cinco años. Estas penas dejan sin sentido las rebajas conseguidas en la pieza de la financiación irregular del PP valenciano en la que el propio Correa había conseguido que la fiscal le quitara 15 años de prisión por su colaboración.
Eso sí, esa colaboración no quedará en agua de borrajas puesto que la Fiscalía Anticorrupción podría ofrecer ventajas penitenciarias a los cabecillas de la trama por su colaboración y por devolver el dinero. Con la sentencia del Supremo, Correa podría enfrentarse a un máximo de 18 años de cárcel -el triple de la pena máxima- si se le suman las condenas de las otras piezas que tiene abiertas por otros delitos.
Es evidente, que la Sentencia del Supremo abre la puerta a futuras condenas en las demás piezas separadas del caso Gürtel al validar la investigación previa y las tesis de la fiscal en las adjudicaciones del stand de Fitur.
Miragrosa Martínez, que deberá entrar en prisión de manera inminente, es la segunda consellera del Gobierno de Francisco Camps condenada a cárcel por corrupción. El primero fue Rafael Blasco que está en la cárcel de Picassent cumpliendo una pena de seis años de privación de libertad desde el año 2015. A Blasco todavía le quedan varias piezas abiertas que lo podrían mantener a la sombra muchos más años.