Más problemas para el alcalde de Gandía, Arturo Torró. Y de nuevo de parte de la justicia. A las sospechas de corrupción investigadas en los juzgados –Púnica, adjudicación de la televisión local-, el caos económico de su ayuntamiento y a la polémica con su no imputación en el “caso de los Escoletes”, se suma otro episodio. En este caso, un revés que proviene de los tribunales.
Se trata de una sentencia emitida por el juzgado de lo social número nueve de Valencia. Pese a que el fallo judicial aún puede ser recurrido, las conclusiones a la que llega la magistrada suponen un golpe legal contra el popular Torró. ¿Por qué? Porque la juez dictamina que el despido de una trabajadora municipal –mujer de un ex concejal socialista- es nulo. Las razones: el cese vulnera el derecho fundamental a la igualdad en el acceso y mantenimiento en el empleo público, según expone el escrito. Y todo, por tener una filiación política distinta a la del alcalde.
Precisamente, los hechos se remontan a meses antes de las elecciones municipales de 2011. Durante una conversación entre el actual alcalde y el ex primer edil socialista, José Manuel Orengo, Torró dice que en cuando tenga la ocasión despedirá a la funcionaria en cuestión. Incluso, reparte un folleto de publicidad electoral donde muestra los supuestos colocados del PSOE en el ayuntamiento. En él, Torró se compromete a cesar a los supuestos enchufados.
No obstante, la empleada pública había accedido al puesto antes de que su marido fuese concejal. Y según la jueza, el primer edil del PP despidió a la trabajadora del servicio de grúa municipal, cuando integró la anterior empresa de capital mixto en la mercantil Iniciatives Públiques de Gandía, 100% pública. Antes, según reza el auto, no lo habría podido hacer por la propia naturaleza del ente: público-privado.
Ante estos hechos, la titular del juzgado desestima las alegaciones dadas por el ayuntamiento: desobediencia a sus superiores y bajada de rendimiento. La magistrada después de escuchar los testimonios de los responsables de la empresa pública –ahora en proceso de liquidación- no considera que las razones expuestas por el consistorio estén probadas.
“Personal de confianza”
La sentencia también valida –en el apartado de hechos probados- una de las críticas que ha realizado durante toda la legislatura la oposición. ¿Cuál? Que los consejeros de IPG son personas afines al alcalde. El escrito pone de manifiesto que el resto de miembros del consejo de administración de la mercantil “son personal de su confianza, nombrados por él”, en referencia a Arturo Torró. Otro revés para el alcalde de la capital de La Safor.