Entidades vecinales y sociales de Benimaclet y de otros barrios como Orriols o la Malvarrosa, además de la Federación de Vecinos de València, salieron a la calle este domingo para exigir la paralización y revisión del Plan de Actuación Integrado (PAI) proyectado por Metrovacesa, el cual prevé la construcción de 1.345 viviendas, un 30% protegidas y un 10% sociales.
Un día después de la protesta, el alcalde de València, Joan Ribó, acompañado de la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, afirmó que el Ayuntamiento está en “fase de estudio” del PAI de Benimaclet y que se verá cómo se puede reducir y “acoplar a la situación actual”. Ribó consideró que el proyecto inicial “es muy fuerte, demasiado elevado”, en referencia al número de viviendas proyectado.
Sin embargo, la promotora cuenta con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad aprobado en su momento por el anterior Gobierno municipal del PP, por lo que cualquier reducción en este sentido puede tener consecuencias económicas para las arcas públicas.
El responsable municipal ha comentado que el objetivo de su ejecutivo es, “de alguna manera, ver las consecuencias tanto urbanísticas como económicas de todas las posibilidades” que se plantean respecto a esta intervención urbanística.
Y es que, tal y como informó eldiario.es, según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.
Sin embargo, otro estudio elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de la asociación de vecinos de Benimaclet y de Cuidem Benimaclet cifra el coste de desclasificación del suelo en 11,5 millones de euros.
En este sentido, Ribó ha comentado que analizarán ambos estudios para ver dónde están las diferencias, puesto que las cifras económicas de ambos documentos son muy diferentes.
Por su parte, Metrovacesa, promotora del proyecto, ya ha presentado al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo.
Una vez revisada y comprobada su validez, se dará de alta en el registro municipal de agrupaciones de interés urbanístico, momento en el que podrán presentar una alternativa técnica del PAI con un planeamiento que deberá someterse al correspondiente proceso de evaluación ambiental.