Una auténtica especialista. Así es Rita Barberá, la actual alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, a la hora de driblar los presuntos casos de corrupción que la han salpicado y de los que finalmente por ser una implicada anecdótica o por la falta de pruebas, según las instrucciones, se ha librado.
Los bolsos de Gürtel o Emarsa han hecho aparecer su nombre en estas macrocausas de corrupción de las que solo se ha visto salpicada, sin tener ninguna consecuencia legal en ellas. Asimismo, contratas como la otorgada a Secopsa han alimentado la sospecha, aunque esta se ha quedado en eso. Su implicación en el caso Nóos estuvo a punto de ser su tumba política, porque su imputación junto con la de Francisco Camps se antojaba inminente. Finalmente, no llegó.
El agujero millonario de Feria Valencia plantea otro reto para la alcaldesa. Aunque, todo apunta a que lo superará sin consecuencias políticas, ya que no existen efectos penales visibles. Este es un repaso por los principales casos en los que se ha visto manchada, de los que finalmente ha salido sin secuelas políticas o penales.
Gürtel: La macrocausa de corrupción que lleva el nombre del principal cabecilla de la trama en alemán –Francisco Correa- ha sido y continua siendo un auténtico terremoto político y judicial en el País Valenciano. Tanto, que hasta le costó la carrera política al ex presidente Francisco Camps. Una causa tan amplia que pringó a buena parte del Partido Popular Valenciano y de la que no se libró de aparecer en el caso ni en las escuchas Rita Barberá, aunque fuera indirectamente.
“Estoy en Louis Vuitton porque hay una cosa que no hemos pensado, porque llevamos cuatro años aquí regalándole una cosa a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo, ¿sabes?”. Esto es lo que le dijo uno de los presuntos jefes de la trama, Álvaro Pérez, al gerente de Orange Market. Esta conversación y otras revelaciones, hicieron que la UDEF apuntara a que Barberá había recibido bolsos de la trama. Ella lo negó.
Compromís denunció ante la fiscalía los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, pero la fiscalía archivó la denuncia al no hallar indicios delictivos. Pero, la presunta vinculación de Gürtel con Barberá no acaba en los bolsos. La investigación, reveló que durante el mandato de la primera edil en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se hicieron pagos por 1,3 millones de euros a empresas supuestamente vinculadas a la trama encabezada por Correa.
Las adjudicaciones se hicieron, según un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, sin concurso. Dos eventos concentraron estos pagos: las asambleas de 1999 y de 2003. Sin embargo, Barberá se defendió alegando que era una institución no regida por el derecho público y derivó responsabilidades en su secretario en la FEMP, Álvaro de la Cruz. La primera edil dribló el escándalo.
Emarsa: La supuesta afición por los bolsos que tiene Barberá, le jugó una mala pasada en Gürtel. Una situación que le volvió a afectar en el saqueo de Emarsa. María Soledad Gálvez, secretaria durante 6 años de la empresa pública, declaró en sede judicial que la primera edil había recibido dos bolsos de la depuradora. Asimismo, Juan Carlos Gimeno, ex edil del PP y ex director de calidad de la empresa pública, también dijo durante una sesión del juicio que Barberá había recibido 3 o 4 bolsos pagados por Emarsa.
Unos regalos que se enmarcaron en las prebendas que dio la empresa pública de Pinedo a personalidades como la alcaldesa de València o el ex presidente Camps durante las navidades del período 2005-2007, según la instrucción. Un obsequio que fue muy bien valorado por Barberá, ya que en un correo enviado al ex gerente de Emarsa, Cuesta, le reiteraba “su gratitud por el obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarle”. Unos bolsos que la salpicaron, pero que no la llegaron a implicar en el caso.
La contrata de Secopsa: Por el momento, todos los contratos adjudicados a Secopsa por parte del Ayuntamiento de Valencia han sido legales. No obstante, una contrata en 2012 a la empresa dirigida por el zaplanista imputado en el caso Nóos, José Manuel Aguilar, agitó la sospecha. La contrata en cuestión era la del mantenimiento de los edificios públicos, que esta vez se adjudicaba agrupando las anteriores cuatro contratas en una. Según el consistorio, por razones de austeridad.
No obstante, la austeridad esgrimida para integrar todos los servicios de mantenimiento no casaba con la limitación de la rebaja de la oferta económica al 2%. Los propios Servicios Centrales Técnicos municipales en un informe indicaron que no se justificaba “la limitación de la baja económica”. Además, las otras entidades que pujaron por la contrata criticaron por un lado, unas clasificaciones muy exigentes que solo podía cumplir Secopsa. Por otro, que se valoraba “excesivamente” el conocimiento de los edificios y los datos aportados, con lo que aparentemente partía en ventaja la empresa que había gestionado la contrata durante 20 años.
La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI) y Aplitec que habían criticado las elementos de valoración de las condiciones técnicas recurrieron. El consistorio rechazo ambos recursos. Asimismo, eran llamativos los precios de referencia de los materiales expuestos en la adjudicación junto con una de las condiciones del pliego: un coche totalmente equipado a disposición del jefe de mantenimiento, según reveló Interviú.
Los antecedentes de la firma en sus trabajos al ayuntamiento alimentaban la sospecha. Por un lado, los extras cobrados al ayuntamiento capitaneado por Barberá al margen de las contratas de mantenimiento entre 2006 y 2012 cifradas en ocho millones, según un informe del propio consistorio. Por otro, la no ejecución de la obra del aparcamiento de Tabacalera. El pliego de esta adjudicación exigía a Secopsa que en 2009 empezarán las obras, ya que si no se penalizaría la firma con un millón de euros. En 2012, ni había obra ni el castigo se había aplicado. La sospecha de la contrata de mantenimiento se desvaneció en el olvido.
Nóos: El caso que ha salpicado la casa real y en el que se imputó a la hermana del rey, supuso un auténtico susto para Rita Barberá. Se la investigaba por abrir supuestamente junto al ex presidente Francisco Camps la administración valenciana a Urdangarín y Torres para que organizasen un foro sobre eventos de carácter deportivo denominado Valencia Summit. El dinero del contribuyente valenciano gastado en estos eventos –3,1 millones de euros- presuntamente se “desvió” a las cuentas del yerno del antiguo rey y de su socio.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) apreció “indicios delictivos” en los trámites, pero finalmente, y contra todo pronóstico, no imputó ni a Barberá ni a Camps y devolvió el caso a las Islas Baleares. El vicealcalde, Alfonso Grau, si fue imputado, aunque después se le desimputó.
Feria Valencia: El agujero en la Feria no entraña consecuencias penales para Barberá al ser Feria Valencia una institución de naturaleza jurídica privada. El mismo argumento utilizó para defenderse en el caso Nóos y en los contratos de FEMP. Sin embargo, como presidenta del patronato de Feria Valencia sí que tiene responsabilidad política.
Fue su negación a que el recinto se trasladara al término municipal de Manises, lo que abortó el plan del ex presidente de la entidad, Antonio Baixauli. De aplicarse el plan fallido, no se hubieran producido los costes que después se sucedieron en las obras de Feria Valencia y que pagarán los contribuyentes valencianos. Una responsabilidad política que planea sobre la alcaldesa de València, pero que con el paso de las semanas se va olvidando. Barberá sigue haciendo quiebros a los casos que le salpican con éxito. El de Feria Valencia parece ser el último de una larga lista.