El martes 7 de enero arranca el juicio contra el exconsejero Rafael Blasco y otros ocho acusados por el supuesto robo de casi 1.800.000 de euros destinados a desarrollar proyectos solidarios en Nicaragua y que fueron desviados a la compra de inmuebles en Valencia. Así se robó el dinero de “los negratas”, en expresión del único implicado en la trama que está en prisión, el empresario Augusto César Tauroni.
¿Quienes son los implicados?
Rafael Blasco, militante de la extrema izquierda durante el franquismo y fáctotum de la política valenciana casi desde el advenimiento de la democracia, y gran parte de su equipo directivo en la Conselleria de Cooperación, desde la que se urdió la trama: el subsecretario de la extinta Conselleria de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis y la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; Ellos, en connivencia con el presidente y una trabajadora de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), Marcial López y Josefa Cervera, y un empresario, Augusto César Tauroni, se aliaron para lucrarse con fondos públicos.
Éste último es el único que está en prisión por esta investigación. Viejo conocido de Blasco, aunque éste niega cualquier amistad con él, se refería a los receptores de las ayudas en términos despectivos: “Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas”, se escucha en las grabaciones de la policía aportadas a la causa.
¿Cómo se robaban las ayudas?
La Conselleria de Cooperación destinaba dinero a diversos proyectos solidarios en países en vías de desarrollo en colaboración con ong. Para canalizar las inversiones a través de asociaciones maleables, se marginó a las organizaciones con experiencia, seriedad y solvencia en favor de la Fundación Cyes, un chiringuito sin experiencia, dinero ni apenas personal.
Ésta entidad, en connivencia con Blasco, subcontrataba servicios, a cambio de una suculenta comisión, con empresas de Augusto César Tauroni, que llegó a crear hasta 10 sociedades en España y Estados Unidos con el único propósito de arramblar con el dinero público. Las ayudas no llegaban a su destino. Según la investigación, de un 1.800.000 euros destinados a Nicaragua, sólo se invirtieron propiamente 43.000. El resto fueron a la compra de cuatro inmuebles en Valencia o a los bolsillos de los procesados.
¿A quién se le ha robado el dinero?
Obviamente, al contribuyente. Además, a los habitantes de una zona de Nicaragua donde se debía haber desarrollado un proyecto de “abastecimiento de agua y soberanía alimentaria”. Aunque en este juicio se dilucidará el robo de casi 1.800.000 euros, el latrocinio podría ser mucho mayor. Los jueces manejan indicios de que de 6.7 millones concedidos en ayudas, la trama se apropió de hasta 4.4. La investigación, separada en dos partes, continua para averigüar si se desviaron fondos presupuestados para programas en Camerún, República Dominicana, Malabo o Perú. Este tal vez sea el más sangrante de la tupida colección de casos de corrupción en la política valenciana.
¿A qué penas se enfrentan los procesados?
Blasco, el supuesto eje de la trama, a 14 años de prisión por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias e inductor de falsificación documental. Esa es la petición de la Fiscalía, pero incluso los abogados de la Generalitat piden 11 años de prisión para él. Junto con Tina Sanjuán, la exsecretaria general de Cooperación, son los acusados para que los que se piden mayores penas. De ser aceptada la posición de la acusación pública, Tauroni sería castigado con 11 años de cárcel. Ya ha pasado dos años en prisión preventiva.
Y, ahora, ¿qué hace Blasco?
El exconseller, pese a plantear batalla hasta el último minuto, ha sido expulsado del PP no por su procesamiento por el caso Cooperación, sino por sus criticas a sus correligionarios en un programa de televisión, que le valieron la suspensión por parte del comité de garantias. A pesar de ello, conserva su escaño en el parlamento valenciano, en el grupo de no adscritos, y en unas condiciones muy ventajosas. Gracias al apoyo del PP, recibirá el máximo complemento salarial posible, casi 20.000 euros al año. No en vano, aunque su carrera política parece finiquitada, Blasco es el hombre que puede tirar de la manta.