Salud mental y prisiones en España son una malísima combinación. A pesar de que el 40% de las personas presas presentan problemas de salud mental, en las cárceles valencianas no hay ningún ningún psiquiatra, según un demoledor informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, coordinado por el director de la asociación Àmbit, el jurista Javier Vilalta. “Todos los datos están basado en informes públicos y en cuestionarios supervisados por los equipos médicos de prisiones”, precisa Vilalta en una conversación telefónica con elDiario.es.
El informe, elaborado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos y abogados, presenta unas conclusiones muy inquietantes que inciden en el fenómeno, evitable con una mínima estrategia de salud mental, de las puertas rotatorias: “Personas con problemas de salud mental que cumplen condena sin tratamiento y, por tanto, vuelven a prisión”, explica Javier Vilalta, quien destaca también la situación de patología dual (problemas de salud mental y adicciones).
La investigación repasa el conjunto de cárceles valencianas a excepción del centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent (Alicante), el único en España de este tipo junto con el de Sevilla. En el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (Valencia) hay apenas seis médicos para 2.058 presos. La prisión de Castellón II es la única isla de las cárceles valencianas que cuenta con un módulo con un Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), del que forman parte 60 reclusos. El informe sostiene que en ese centro penitenciario, el que cuenta con más denuncias por torturas de toda España, debería tener en tratamiento psiquiátrico a 800 presos, aunque la cárcel “no cuenta con ningún psiquiatra, de manera que se hace evidente que no existe ningún tipo de atención o seguimiento”.
El centro penitenciario Antonio Asunción y el de Castellón I ni siquiera cuentan con un módulo PAIEM para personas con trastornos mentales graves. La prisión de Castellón I no ha recibido la visita de un psiquiatra en tres años. La cárcel de Picassent recibe una tanda de entre cuatro y ocho visitas externas al mes, una cifra “insuficiente” para el millar de reclusos que recibe tratamiento psiquiátrico.
En Fontcalent (Alicante), “la atención e muy deficiente ya que además de que cada vez hay menos profesionales, el hecho de que sea un centro de preventivos hace que los internos varíen mucho, dificultando así las relaciones con los dispositivos sanitarios públicos y, sin embargo, en Villena la atención psiquiátrica es más estable ya que los internos son fijos”, explica el informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión. “Hemos sido muy meticulosos en contrastar todo lo que afirmamos”, indica Vilalta.
“El desamparo sanitario-psiquiátrico es enorme, circunstancia que los propios centros penitenciarios afirman y reconocen al compartir su realidad a través de las diferentes cuestiones que hemos querido abordar para dar visibilidad a este problema”, reza el informe, que ha contado con la colaboración de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias.
El efecto de la puerta rotatoria es perfectamente evitable. La asociación Àmbit ha llevado a cabo durante el año 2020, en plena pandemia de la COVID-19, un tratamiento y seguimiento personalizado a un grupo de presos que no han vuelto a reincidir. El proyecto, ya consolidado, ha demostrado el éxito de una buena atención individualizada: “Ninguno de los que ha pasado por nuestro recurso ha vuelto a prisión”, destaca Vilalta.
El coordinador del informe insiste en la necesidad de que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública integre en el sistema de salud pública a los centros penitenciarios valencianos, una materia de competencia autonómica. “Hay una falta de interés por las personas, que es lo que genera más desasosiego”, denuncia Vilalta. De hecho, el informe “nace tras más de 15 reuniones con la conselleria, todo son muy buenas palabras peor no se hace nada”, remacha.