Pagos de vehículos y motocicletas, viajes a Roma, Las Vegas, Punta Cana, Costa Rica o China e incluso el personal de la limpieza. La trama del 'caso Osvaldo', una compleja red de empresas supuestamente utilizada por Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia, para vehicular presuntas comisiones ilícitas, revela el uso de dinero de la sanidad pública valenciana para gastos de la familia del exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por corrupción en el marco del saqueo de los fondos de la cooperación valenciana. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha dictado el auto de procedimiento abreviado, que coloca a Sergio Blasco y a su hermano Francisco José al borde del banquillo de los acusados por los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. La resolución también revela las interioridades de una trama que obtuvo adjudicaciones públicas por valor de 35 millones de euros.
El juez instructor sostiene que Sergio Blasco creó “un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito” de la adjudicación de concursos públicos a firmas de conocidos que a su vez subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras sociedades de la misma red, sin actividad alguna, “pero justificando con ello los pagos que se efectuaban” y usándolas para cobrar “comisiones directas e indirectas”. La trama llegó a justificar pagos con trabajos de consultoría descargados del 'Rincón del vago'. En definitiva, una red dedicada a “la gestión del cobro de comisiones”, según el auto.
Sergio Blasco fue director económico financiero del Hospital Provincial de Valencia entre 1997 y 2001 y gerente entre 2002 y 2014, año en que dimitió tras una denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción. “Desde su posición como director del hospital dirige el entramado de contratos y empresas para obtener beneficios ilícitos y repartirlos”, indica el auto. En la trama figuran como procesados empresarios como Miguel Sanfélix, José María Soriano, José María Brotón González e incluso un taxista que constituyó una de las firmas pantalla. Todos ellos unidos por lazos de amistad con Sergio Blasco.
El instructor establece una pirámide de tres niveles formada por empresas reales que recibieron adjudicaciones de 33 millones de euros entre 2005 y 2014, otras firmas con una estructura mínima que ingresan dos millones de euros públicos en el mismo periodo y un tercer escalón con sociedades sin personal ni “actividad económica real”.
La pirámide empresarial, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y y las periciales de la Intervención del Estado, abonaron gastos particulares de la familia Blasco y de otros integrantes de la presunta trama. Uno de los correos electrónicos intervenidos en los registros policiales desvela que el empresario Miguel Sanfélix informaba a Sergio Blasco sobre la facturación de la empresa Outlog SL (la que más volumen de adjudicaciones obtuvo), “sin que exista justificación salvo el acuerdo entre ellos”, según el magistrado.
En el sumario también constan grabaciones de reuniones en las que se oye a Sergio Blasco afirmando que “ha puesto mucho en este negocio” y “se ha dejado la piel para sacar contratos”. La causa también incluye conversaciones por WhatsApp y por correo electrónico entre Sergio Blasco y el empresario José María Soriano en las que este último pide “permiso y opinión” al entonces gerente del Hospital Provincial sobre el manejo de las sociedades.
Viajes de lujo y fincas para Sergio Blasco
La mercantil Vamont Consulting, vinculada a los proyectos en el extranjero de la presunta trama, también efectuó pagos para gastos de Sergio Blasco y de personas de su entorno. Así, la empresa pagó viajes a Punta Cana (República Dominicana), a Las Vegas (incluyendo excursión al cañón del Colorado) y a China, entre otros destinos. También consta un pago de 6.000 euros a la falla Caputxins de Alzira, localidad de origen del clan, el mismo año en que la esposa y la hija de Sergio Blasco fueron falleras mayores, además de otros gastos abonados por el personal del centro hospitalario y sus familiares “sin que exista justificación”.
La firma Tamazula SL, sin actividad alguna, tuvo como asalariadas al personal de servicio de Sergio Blasco y de su mujer, Deborah Salom Císcar (hija de Consuelo Císcar, la esposa de Rafael Blasco). La empresa pantalla también adquirió un Volvo XC90 que conduce la mujer del exgerente del hospital y pagó un viaje a Túnez del matrimonio (anotado como “viaje de empresa”), un equipo de aire acondicionado, lámparas de exterior y un estudio de interiorista.
La mercantil Mantenimientos Integrales Turia SL prestó a Tamazula SL (administrada por el presunto testaferro Francisco José Escandell, también procesado) 125.000 euros para la adquisición de cuatro fincas rústicas en Carcaixent vinculadas a Sergio Blasco y abonó 92.000 euros para obras en la finca que la familia posee en Alzira. Por otro lado, Tamazula SL adquirió otras cuatro fincas rústicas en la Barraca de Aigües Vives de Alzira, donde está situada una mansión de Rafael Blasco y su esposa Consuelo Císcar, subastada para abonar la responsabilidad civil impuesta al expolítico del PP.
Finalmente, la firma Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo pagó caterings en Alzira, el abono a un palco VIP del Valencia Basket y un viaje a Roma a José Vicente B., responsable de gestión ambiental del hospital, “como compensación” a su colaboración en trabajos en Guinea Ecuatorial de Sergio Blasco. Además, también compró un Mercedes clase M, cuyo conductor habitual era Sergio Blasco y abonó un curso de la Universidad de Navarra, celebrado en Madrid, para su esposa. La empresa también pagó un viaje a Costa Rica para Sergio Blasco y para la procesada Gisela Samudio Bejarano, administradora de la mercantil Identiart y “persona muy vinculada” al gerente del Hospital Provincial.
Las pesquisas han documentado el pago de un viaje a Düsseldorf (Alemania) a un alto directivo del hospital y a su pareja. Connectall System, otra de las sociedades de la red, efectuó un pago de 14.000 euros a una auxiliar de enfermería relacionada con un directivo del hospital. La empresa Kanbanlog compró un vehículo Jeep Wrangler usado por el empresario Miguel Sanfélix, además de un Nissan, mientras que Solucones Logísticas Hospitalarias adquirió una motocicleta para el mismo empresario. La firma Bicnet Sistemas SL le compró un Opel Astra a José Ignacio S., trabajador del área de informática del sector hospitalario.
Por su parte, Iaunua Gestión y Servicio SL, vinculada al fallecido directivo del hospital Daniel Pérez Cuesta y a su sobrina Ana Clarés, recibió pagos de Reyval Ambient SL, adjudicataria de la gestión de residuos del centro sanitario públicos, para un supuesto curso del que no consta su existencia. En su declaración ante el juez, el representante legal de Reyval aseguró que el pago era “consecuencia” de la adjudicación del concurso.
Ana Clarés, también procesada en la causa y trabajadora del sector de la hostelería, accedió a figurar como administradora de la firma a petición de su tío. La mujer consta como titular de 18 cuentas bancarias y autorizada en otras 13, así como en ocho depósitos bancarios.
Proyectos en Perú y Guinea abonados por un taxista
Sanygestion 2021 SL, administrada por José Luis Martínez Climent, un taxista amigo de Sergio Blasco, abonó viajes a Perú y Guinea Ecuatorial de personal de alta dirección del Hospital Provincial de Valencia en el marco de sendos proyectos de construcción de centros sanitarios en el extranjero pilotados por el exgerente. Agem SA, una de las firmas vinculadas con los proyectos en Guinea Ecuatorial y en Angola terminó la relación comercial con la trama “al tener conocimiento de la interposición” de la denuncia de Esquerra Unida que desencadenó la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Marciano G., un ex responsable del Servicio Valenciano de Salud y administrador de Iniciativas Médicas y Farmacéuticas, pagó a empresas de la trama “sin justificación alguna”. Lo hizo, según declaró en la fase de instrucción, sin conocer de nada a las firmas y “por indicación de Sergio Blasco” en relación al proyecto de Perú.
Jansen Cilag SA y Roche Farma SA, dos farmacéuticas que eran “grandes proveedores” del Hospital General, patrocinaron cursos que ya se habían celebrado, pagando a empresas de la trama “por mediación de Sergio Blasco”, indica el auto. También abonaron viajes del entonces gerente del hospital público y un plan de comunicación de la revista Fem Salut, una publicación que pagaba de forma encubierta a periodistas por hablar bien de la sanidad valenciana en la época del PP.