Seis años de prisión para tres socios de una tienda de mascotas que vendieron un “aluvión” de perros moribundos

Tres socios de una tienda de mascotas de Valencia han sido condenados a seis años de prisión por maltrato animal, pertenencia a grupo criminal, estafa y falsedad en documento oficial y mercantil. El apartado de hechos probados de la sentencia, dictada por la titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Valencia, es un relato terrorífico de las condiciones de los animales en la tienda situada en el número 9 de la avenida del Cardenal Benlloch, con unas tremendas condiciones de insalubridad y hacinamiento que propiciaron contagios masivos de enfermedades entre los cachorros.

Entre noviembre del 2014 y junio del 2016, los tres socios de la empresa Girocadell SL recibían cargamentos de perros de diversas razas procedentes de Eslovaquia, que viajaban por carretera en unas malas condiciones que les provocaban enfermedades sin que al llegar a la tienda Mascotas Valencia fueran puestos en cuarentena. El establecimiento, según acreditaron numerosos testigos, contaba con una condiciones espeluznantes.

Además, los tres condenados vendieron los animales “ocultando a los clientes su procedencia y su edad real”, según la sentencia, avanzada por Levante-EMV y a la que también ha tenido acceso elDiario.es. A pesar de que los compradores querían “perros nacionales y de pequeño tamaño”, para “conseguir realizar de manera rápida muchas ventas”, se entregaba una cartilla de vacunación que indicaba una “edad inferior a la real” y que no se correspondía con la que figuraba en los pasaportes eslovacos.

En muchos casos, apenas llegaban al domicilio del cliente, los canes mostraban síntomas de enfermedades como coronavirus, parvo virus, bronquitis o moquillo que les causaban la muerte. “Muchos de esos perros eran vendidos estando ya sometidos a medicación”, indica el fallo.

En más de una decena de ocasiones, los clientes tuvieron que asumir de su propio bolsillo los gastos médicos de las clínicas veterinarias para atender a sus animales moribundos, sin que les fueran reembolsados, a pesar de que el contrato de venta así lo establecía.

Además, las inspecciones de la tienda acreditaron que los perritos no llegaban al establecimiento “debidamente vacunados y desparasitados” y estaban “hacinados” en vitrinas de “dimensiones insuficientes”, con lechos de serrín o de papel no aptos para absorber los “frecuentes” vómitos, orines y heces. “En un gran número desarrollaban allí mismo y antes de ser vendidos, síntomas de las enfermedades que padecían, como coronavirus, parvo virus, moquillo o tos de las perreras”, relata la jueza.

La tienda tampoco contaba con dimensiones suficientes o estancias necesarias para aislar a los animales enfermos, lo que propició “contagios masivos”. No se trataba de una “operación aislada” sino que los condenados llevaron a cabo el maltrato y las ventas falsificadas de manera “continuada, reiterada, concertada y asumida conjuntamente”, según indica la magistrada.

A pesar de que los acusados negaron los hechos y alegaron que “nunca vendieron ningún perro a sabiendas de que padeciera alguna de esas enfermedades”, la jueza considera que los tres “estaban al tanto” de todo, según los numerosos testigos.

Varios agentes de la Guardia Civil que declararon como testigos confirmaron que la edad que reflejaba la cartilla no era real. Además, la jueza considera “muy llamativo” el elevado número de veterinarios que trabajaron en la tienda y abandonaron el puesto voluntariamente “por no estar de acuerdo con el modo de operar”, un hecho que “refuerza que se cometían irregularidades”.

Además, el país de origen de los animales —un dato que se ocultaba a los compradores— contaba con “pocas garantías de sanidad” en el ámbito veterinario. “Siendo los acusados criadores en España (...) no se acierta a entender la razón de importar tan elevadas cantidades de perros de aquel país, poco fiable, con los eventuales problemas que los perros podían presentar y, de hecho, presentaron”, razona la sentencia.

Muchos de los compradores se enteraron de la procedencia de los animales por el Seprona de la Guardia Civil. Así, fue el “desconocimiento” del origen de los perros lo que motivó la compra, creyendo los clientes que se trataba de canes españoles. “Nadie los sacó del error” ni les dijo “expresamente” ese dato.

Un negocio “nefasto”, según la jueza

Los condenados ya habían tenido negocios conjuntos. Si tras conocer los primeros casos de contagio no se cortó la venta de los animales en esas condiciones fue porque “evidentemente, les estaba resultando provechosa”. De lo contrario, agrega la magistrada, “no se alcanza a entender cómo se pudo mantener un negocio con tan nefasto resultado en las ventas” si no era porque les resultaba altamente rentable.

Muchos clientes “imparciales” describieron las tremendas condiciones de hacinamiento y suciedad que acreditaban que las instalaciones no eran adecuadas. La sentencia también destaca la “elevada cantidad de cadáveres en cámaras frigoríficas” y la falta de reacción de los dueños “cuando se les requería para que tomaran medidas” para frenar los “contagios masivos”.

La titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Valencia destaca el “elevado número” de cadáveres hallados en los frigoríficos en las sucesivas inspecciones y el hecho de que a ninguno de los canes se les practicara una autopsia ni se registrara su fallecimiento. Simplemente, “se recibían y vendían” tantos animales que los dueños de la tienda no tenían inconveniente “en reponer un perro tras otro a los clientes”. En algún caso, hasta en tres ocasiones, destaca la sentencia.

Un agente de la Guardia Civil que inspeccionó la tienda el 13 de diciembre del 2014 detectó 21 cadáveres en un congelador, además de perros en vitrinas “muy pequeñas” y “apretujados sin poder moverse”. Otro agente del Instituto Armado también declaró que la zona de cuarentena era “inadecuada” al estar formada simplemente por una “pequeña valla de cristal” que en ningún caso aseguraba el aislamiento de los animales contagiados.

“Avalancha de perros enfermos”

Los veterinarios que declararon como testigos o peritos confirmaron los “síntomas evidentes”, tales como vómitos, diarrea, decaimiento o apatía, de las enfermedades que luego fueron diagnosticadas. Los profesionales coincidieron en relatar que les llamaba la atención “la gran cantidad de perritos que venían de esa tienda enfermos”.

La jueza asegura que, “a simple vista de cualquier profano”, los animales no estaban a la venta en condiciones adecuadas de salubridad, higiene, ventilación o espacio y considera que hubo un “verdadero aluvión o avalancha de perros enfermos”. “Ha quedado meridianamente probado que esas enfermedades ya las tenían en la tienda, porque aparecían a las pocas horas de llegar los cachorros a casa de sus dueños”, apostilla la sentencia, que considera que “no debió mantenerse el negocio en esas condiciones para los animales”.

Así, el fallo condena a los tres dueños de la tienda penas de dos años de prisión por falsedad en documento oficial y mercantil, otros dos años por estafa, 14 meses por maltrato animal y 10 meses por pertenencia a grupo criminal. Además, impone a los condenados un total de 8.154 euros en concepto de responsabilidad civil a abonar conjunta y solidariamente a tres de los clientes.

Sentencia “pionera”

Además de varias acusaciones particulares ejercidas por clientes estafados, la protectora Modepran figuraba como acusación popular. La letrada Amparo Requena, presidenta de la protectora y de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, sostiene que se trata de una sentencia “pionera”. “Nunca había habido una condena tan alta”, declara a este diario.

La abogada destaca el papel del fiscal Eduardo Olmedo, especializado en medio ambiente, y de un Ministerio Público que “se toma en serio estos asuntos”, además del los propietarios de los canes que ejercían la acusación particular y que “fueron valientes y siguieron adelante”.

“Tristemente, como este asunto, hay cientos en toda España de tiendas que compran de manera ilegal pero que se sienten con total impunidad porque, al final, la gente no se atreve a meterse en estos procedimientos tan terribles”, explica Amparo Requena. “Ojalá sea la primera de muchas sentencias y que se acabe con el horror que hay detrás de los criadores sin escrúpulos y de las tiendas que les da igual el sufrimiento y el maltrato animal, porque los ven como mera mercancía, los dejan morir agonizando y simplemente los cambian como si fuera una silla”, agrega la letrada.

Requena recuerda que “detrás de la compra de animales, en muchísimos casos, es un horror de maltrato”. “No en todos”, matiza, “pero sí en un altísimo porcentaje”. La presidenta de la protectora Modepran lamenta la falta de inspecciones “por falta de medios” y destaca la importancia de que la nueva legislación de protección animal “controle de una vez la cría”.

“Hay miles de hembras y machos criando en un infierno, es la punta del iceberg y, por fin, ha caído una sentencia contundente para un tema tan horrible pero tristemente tan común”, recuerda. “Ojalá abra un camino”, concluye Amparo Requena.