La sentencia del 'caso Erial' acredita que Eduardo Zaplana, condenado a 10 años y cinco meses de prisión y multa de 25 millones de euros, se forró con la política. Ya lo dijo en 1990, en las famosas cintas del 'caso Naseiro', del que se libró por los pelos: necesitaba ganar “mucho dinero”. Zaplana (Cartagena, 1956) ordenó amañar la millonaria adjudicación de la privatización de las ITV siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano, “lo que hace que su conducta sea especialmente reprobable”, afirma el fallo.
El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, presidido por un magistrado conservador, llega en tono contundente a una “ineludible conclusión”: Eduardo Zaplana obtuvo “importantes ingresos de dinero al margen de sus emolumentos oficiales”, haciendo “uso de su condición de político, que le brindaba información relevante en distintos campos, conocimiento de personas también relevantes en el mundo empresarial y financiero y, en definitiva, un destacado papel político primero en el ámbito autonómico [como presidente de la Generalitat Valenciana] y después en el nacional [como ministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados]”. Además, la versión exculpatoria de Zaplana resulta “ilógica e inverosímil”, concluye el fallo.
Los fondos en el extranjero que manejó la trama del 'caso Erial' en ningún caso podían proceder de su salario como político, “dadas las cuantías”. Cuando abandonó la política activa en 2008 para incorporarse de consejero en Telefónica, “ya no se produce ningún ingreso en las cuentas de Andorra”, observa la sentencia.
El fallo acota las principales condenas al núcleo duro de la banda de antiguos amigos del expresidente de la Generalitat Valenciana (dos de los más más antiguos confesaron los hechos, rompiendo la longeva relación). También sostiene sin matices que Zaplana era un corrupto prototípico.
El 'Molt Honorable', según se desprende del fallo, blanqueó un total de 16,2 millones de euros (6,4 millones en Luxemburgo y 9,8 millones en Andorra). Los fondos originales provenían del sensacional pelotazo que dio Sedesa (grupo empresarial de la familia Cotino) con la venta de sus participaciones en las adjudicatarias de las privatizaciones amañadas de las ITV y de los Parques Eólicos: 86,5 millones de euros.
La 'offshore' de los Cotino en Luxemburgo
Juan Cotino, ya fallecido, y su sobrino Vicente crearon una “estructura 'offshore' en Luxemburgo para la ”expatriación“ de las comisiones ”pactadas“ con Zaplana con destino al Gran Ducado. El empresario Vicente Cotino, condenado a tres años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, además de una multa de cuatro millones de euros, alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y lo cantó todo.
Los Cotino colocaron 6,4 millones en una sociedad pantalla luxemburguesa (el tinglado fue encargado a Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Paco Paesa) que entregaron en 2006 a Joaquín Miguel Barceló 'Pachano', amigo de la infancia de Zaplana y testaferro confeso.
Fue la treta con la que “se hizo llegar” al entonces portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso “el pago de la comisión pactada” por las adjudicaciones amañadas. La compleja estructura societaria “fue utilizada por Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Solo para no estar visible en ninguna operación mercantil o de gestión que pudiera vincularle con la comisión pactada”, afirma el apartado de hechos probados de la sentencia.
Para ello, colocó como “financiero” de la gestión de los fondos al contable Paco Grau, “de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los conocimientos financieros necesarios para dar las órdenes oportunas a Beatriz García Paesa”. Quien aparecía como testaferro era Joaquín Barceló, “por la amistad que tenía desde hace muchos años” (medio siglo, según dijo en el juicio).
Con el mismo sistema, Juan Francisco García, se embolsó 2,3 millones en el mismo paraíso fiscal. El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat repatrió los fondos con la 'amnistía fiscal' del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y consiguió regularizar el dinero de las comisiones pagando 233.439 euros. Además, a través de una consultora, siguió cobrando en España a los Cotino 1,3 millones.
El segundo paso de la “organización” de Zaplana fue constituir un entramado societario en Panamá, aprovechando las “ventajas de opacidad” del país, con cuentas bancarias asociadas en Andorra, “para recibir dinero también de procedencia ilícita”. De nuevo, para mantenerse “oculto en todas las operaciones”, el expolítico del PP “colocó” a Paco Grau a gestionar los fondos y a Joaquín Barceló de hombre de paja.
Bufetes de Panamá y la banca andorrana
Detrás de las empresas 'offshore' aparecían los bufetes panameños habituales en este tipo de operaciones: Alemán, Cordero, Galindo & Lee; Soberon y Asociados e Illueca y Asociados. También dos conocidas entidades: Banca Privada d'Andorra (BPA) y MoraBanc.
En la segunda etapa de la trama en Panamá y Andorra, entró en escena el abogado Fernando Washington Belhot, homólogo uruguayo de Beatriz García Paesa, que usó una sociedad panameña y otra holandesa para mover los fondos de la trama por varios destinos bancarios.
La 'offshore' holandesa de Belhot (con el alambicado nombre de Natland Fianancieringmaatschappubv) recibió un total de 7,8 millones para canalizarlos hacia una cuenta en la entidad suiza Julius Bär a nombre de su sociedad uruguaya Disfey SA y administrar así fiduciariamente los activos financieros de Eduardo Zaplana. En los “siete u ocho años” en que Fernando Belhot ejerció de fiduciario, entregó a su cliente aproximadamente 2,3 millones de euros en metálico mediante el “sistema de cambios”, uno de los métodos clásicos del blanqueo.
Tras aplicar la lavadora internacional, los fondos (cuyo “verdadero titular” era Zaplana, insiste la sentencia) volvieron a España con la utilización de efectivo e inversiones inmobiliarias, mediante cuatro mercantiles en las que de “manera coordinada” y con el propósito de su repatriación, el expolítico del PP, su contable y su testaferro ejercían una “unidad de acción y dirección”. Los tres condenados usaron operativas de ampliaciones de capital y de préstamos participativos para “desvincular” las sociedades españolas del origen de los fondos y “velar” la identidad del verdadero titular del botín corrupto.
El botín de la trama
La trama compró al empresario Luís García Cereceda una parcela en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 2,1 millones y se la revendió por un “importe notablemente superior”: 4,3 millones. García Cereceda, recuerda el fallo, “tenía interés en lograr un acercamiento” a Zaplana, ministro en aquella época, y le ofreció una “importante plusvalía” de 3,4 millones de euros.
Con esos fondos, el testaferro 'Pachano' adquirió una vivienda situada en la calle Núñez de Balboa de Madrid y valorada en 1,6 millones de euros, que utilizó “en exclusiva” Zaplana (su secretario personal, el fallecido Gregorio Fideo Chico encargó obras de reforma por 91.250 euros). En la vivienda, Zaplana instaló dos televisores valorados en 21.000 euros.
Adicionalmente, la trama adquirió dos áticos frente al Puerto deportivo de Altea (por 812.000 euros) y el barco Loix, que a pesar de haber sido adquirido por varios amigos, lo utilizaba “en su mayor parte” Eduardo Zaplana.
También trataron de comprar una participación en la sociedad Marina Greenwich SA, concesionaria del Puerto deportivo de Altea. Sin embargo, fue en la Vila Joiosa donde el testaferro de Zaplana centró las operaciones inmobiliarias: adquirió tres parcelas urbanas (696.000 euros), cuatro bienes rústicos (1,2 millones) y dos fincas urbanas (138.00 euros).
La “cuenta de la vieja”
La sentencia apuntala la valoración de la prueba en la detallada investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en las confesiones de Juan Francisco García, 'Pachano' y los hermanos Cotino y, en menor medida, en las escuchas telefónicas.
También en algunos indicios muy reveladores como la “cuenta de la vieja” (nombre literal de un archivo informático intervenido al contable de Zaplana). Los agentes se encontraron el documento, que anotaba todas las operaciones con los fondos provenientes de paraísos fiscales, en una carpeta digital de un disco duro de Paco Grau llamada “Les Dunes”, en referencia a la sociedad familiar de la esposa de Zaplana, Rosa Barceló.
Además, las agendas del expolítico del PP permitieron comprobar que Zaplana se reunía con su testaferro o con su contable en fechas clave relacionadas con los grandes hitos del amaño de la adjudicación y de las operaciones de blanqueo. Así, Grau “daba cuenta de su gestión” a Zaplana (y no al testaferro Joaquin Barceló).
La teoría de la conspiración de Zaplana hace aguas
Más allá de los hechos probados y de la valoración del arsenal indiciario aportado por el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, y por la UCO, la sentencia también respalda el inicio de la investigación y la instrucción de la jueza Isabel Rodríguez Guerola, que no se demoró excesivamente a pesar de la “complejidad del asunto”.
El fallo avala el “hallazgo casual” de la documentación que permitió tirar del hilo de la fortuna de Zaplana, localizado por la UCO en el registro del despacho del primer abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante sus primerizas pesquisas del 'caso Taula'.
Una diligencia de entrada y registro “válida” y autorizada por el magistrado instructor del 'caso Taula' en la que ni el letrado Ramir Blasco ni el propio Benavent arguyeron ninguna vulneración de derechos fundamentales. La UCO, argumenta la sentencia, “no podía cerrar los ojos ante la existencia de un posible delito”.
Por otro lado, el tribunal (presidido por Pedro Castellano y completado por Isabel Sifres y Cristina Badenes, ésta última designada ponente) descarta de plano la “teoría de la conspiración” ventilada por la defensa de Zaplana en el juicio oral.
Las “afirmaciones vagas” de Villarejo
Del 'yonqui del dinero', que compareció como testigo para tratar de exculpar a Zaplana, la sentencia afirma que no se puede saber “cuándo miente y cuándo dice la verdad”, a tenor de sus declaraciones contradictorias, y expresa “dudas razonables” en relación a su comparecencia en la vista.
Por el contrario, el empresario sirio Imad Ahmad Al Naddaf Yalouk, que entregó a Marcos Benavent la comprometedora documentación hallada en una vivienda que había pertenecido a Zaplana, ha mantenido su versión “en el tiempo en lo sustancial” sin que los magistrados apreciaran que mintiera en el juicio.
La declaración del excomisario José Manuel Villarejo también debe ser “valorada con cautela”. La sentencia alude a sus “afirmaciones vagas” a modo de “meras sospechas o conjeturas” sin “corroboración periférica”. “Es por ello por lo que la teoría de la conspiración que se intentó introducir en el plenario por estos dos testigos referidos, esta Sala no puede tenerla por probada”, indica el fallo.
El tribunal sostiene que no se puede conocer la autoría de la documentación —“apócrifa”, según dijo el magistrado Pedro Castellano en el juicio— y concluye que no existen pruebas suficientes de que Zaplana la olvidara en la vivienda de la plaza de la Legión Española de València. La sentencia encuadra los documentos en el terreno de la denuncia anónima, como punto de partida de la investigación policial y, posteriormente, de la instrucción de la causa.
Se trata de uno de los elementos clave de cara al recurso de Zaplana. Próxima parada: Tribunal Supremo.