Alfonso Rus (a la izquierda) y Marcos Benavent, en el banquillo de los acusados. Rober Solsona (Europa Press)
La trama del 'caso Taula' propició la contratación de trabajadores 'zombis' con fondos públicos durante la etapa de Alfonso Rus al frente del PP de València. Rus, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y Máximo Caturla contrataron a varios 'zombis' en empresas publica valencianas “en consideración a su relación con el Partido Popular”, para prestar favores políticos o por amistad. Así lo establece la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, que ha condenado en el marco de la pieza separada B del 'caso Taula' a los tres excargos del PP a cinco años de prisión, además de 14 de inhabilitación y multa, por el delito continuado de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental.
El caso más llamativo fue la contratación en Imelsa, antigua empresa pública de la Diputación de València cuyo gerente era Benavent, de Miguel Mullor Doménech, jugador del Olímpic de Xàtiva, el club que presidía Rus. Su contrato de asesor de un consejero del PP, que costó a las arcas 57.325 euros, “se hizo como un favor de Marcos Benavent a Alfonso Rus y a petición de éste” para camuflar una retribución que realmente pagaba su papel como jugador del equipo. El deportista, que reconoció los hechos, ha sido condenado a siete meses de prisión.
El empresario José Adolfo Vedri, amigo del 'yonqui del dinero', también consiguió colocar a dos de sus trabajadores en la empresa pública, por lo que cobraron 36.849 euros (ya devueltos) a pesar de que continuaban prestando sus servicios a la firma privada del condenado, cuya reparación del daño y confesión le han valido una condena de siete meses de prisión.
“Por petición de Alfonso Rus” y como un “favor personal”, fue colocada en Imelsa Eva Luis Sarrión, una “contratación ficticia” que supuso un coste de 89.243 euros. También fue contratado José Estarlich, el testaferro de Marcos Benavent, “exclusivamente por la amistad que les unía” y a modo de “favor personal” debido a su difícil situación económica.
El 'virus 'zombi' también se contagió en Ciegsa, la firma pública dedicada a la construcción de colegios en la que el popular Máximo Caturla fichó a cuatro trabajadores “sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa”. Todo ello, tras una reunión de la empresa pública en 2003, “siendo consejero delegado Esteban González Pons [actual vicesecretario institucional de la dirección del PP nacional]”, que acordó otorgar un poder especial a Caturla para designar a trabajadores.
Antonio Gil Monteagudo (con un coste para la empresa de 298.576 euros), Juan Sanchís Torres (273.929 euros) y Manuel Gómez Pérez (82.624 euros), todos ellos condenados a una pena de seis meses de prisión por los atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas, fueron contratados en Ciegsa “en consideración a su relación con el Partido Popular, al que Máximo Caturla pertenecía”, a su amistad y con “la necesaria aprobación de Alfonso Rus”. Gómez se dedicó a tareas “bajo la dirección” del PP.
Por su parte, la periodista Clara Sáez Alepuz obtuvo un puesto de jefatura en la empresa “sin cumplir los requisitos legales” que le permitió seguir trabajando en el gabinete de prensa de la Conselleria de Educación, de donde provenía. La profesional, condenada también a siete meses y medio de prisión, no tenía físicamente un puesto de trabajo en Ciegsa ni realizó funciones de alta dirección, a pesar de haber cobrado 65.438 euros.
En un bloque aparte, cinco trabajadores de Imelsa han sido absueltos ya que no consta que sus contratos, suscritos por Benavent, “tuvieran por finalidad obtener un lucro en perjuicio de la empresa”. Se trata de Ángel Ramón Sanchis, Juan Antonio Sanz, Francisco José Antequera, todos ellos vinculados al PP. Carolina de Miguel y Teresa Gimeno, asesoras socialistas, también han sido absueltas al demostrar que acudían regularmente a la Diputación de València y prestaban servicios técnicos, según acreditaron dos testigos.
A su vez, Rafael Rubio, consejero del PSPV-PSOE en Imelsa que propuso la contratación de ambas asesoras, ha sido absuelto. “No consta probado que la contratación tuviera causa en ninguna especie de favor político o de otra clase, con independencia de que el propio consejero Rafael Rubio, sin sujeción a ningún proceso de selección, procediera a la libre designación” de las dos asesoras, indica el fallo.
Raúl Pardos, del PSPV, firmó certificados “falaces” sobre la jornada laboral en Imelsa de Francisco Cañizares, su supuesto asesor. Pardos ha sido condenado por un delito de falsedad a cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público. Por el mismo delito ha sido condenado, a un año de suspensión de empleo o cargo público, el consejero de Imelsa por el PP Salvador Enguix, quien firmó el certificado que acreditaba que Eva Luisa Sarrión trabajaba, a pesar de que admitió que “ni siquiera conocía” a la supuesta asesora, que era ama de casa de Xàtiva con dificultades económicas. “La mendacidad del documento no ofrece dudas”, afirma la sentencia.
“Algo similar” ocurrió con Emilio Llopis, jefe de gabinete de Alfonso Rus condenado a un año de suspensión para empleo o cargo público, cuyas explicaciones durante el juicio “no son plausibles”, según el fallo.
Cobro de productividad sin justificación
Por otro lado, la sentencia también condena a María Gracia Escrihuela y a José Enrique Montblanch, por los delitos de malversación y prevaricación, a cuatro años y cuatro meses de prisión. Ambos se beneficiaron del cobro de percepciones por productividad y dietas que “no tenían justificación en ninguna evaluación del rendimiento ni se ajustaba al procedimiento previsto en el convenio colectivo”.
A Gracia Escrihuela la sentencia le impone el abono de una responsabilidad civil de 97.125 euros por las retribuciones variables indebidamente cobradas y de 18.284 euros por las dietas. En el caso de Montblanch la cantidad asciende a 82.162 euros por el plus de productividad y a 28.087 por las dietas.
Por su parte, al 'yonqui del dinero', exgerente de Imelsa, le imponen el pago, en concepto de responsabilidad civil, de 56.648 euros por las retribuciones variables y de 21.002 euros por las dietas, ambas “indebidamente cobradas”.
Dilaciones indebidas de la instrucción
Los principales acusados se han librado de la condena por el delito de organización criminal. La sentencia considera que “no está probado el acuerdo de voluntades de los acusados para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo, de una forma estable y por un tiempo indefinido”. “No hay indicio de que con estos nombramientos los acusados obtuvieran dinero”, apostilla.
La sentencia, por otro lado, aplica a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas. La pieza B del 'caso Taula' sobre los 'zombis' engulló a la F (relativa, originalmente, a la contratación en Ciegsa). Si la pieza B sufrió una “paralización de casi dos años” durante la fase de instrucción, en el caso de la F el retraso fue “mayor”: tres años de “inactividad total” en los que “no se resuelve nada”. “En ambos casos, las dilaciones exceden manifiestamente de los parámetros normales de funcionamiento de la Administración de Justicia”, concluye la sección segunda de la Audiencia de València.
Aval a la UCO y a la cadena de custodia de los audios
La sentencia de pieza B avala de plano el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la cadena de custodia de la principal prueba que sostiene el 'caso Taula': las grabaciones que efectuó a la trama en secreto el 'yonqui del dinero' y que su exsuegro entregó a la Fiscalía Anticorrupción por venganza.
En el apartado de valoración de la prueba, el fallo destaca el “carácter profesional y objetivo” de la declaración en el juicio del agente de la UCO encargado del informe policial de la pieza de los 'zombis'. Los investigadores comprobaron “de un modo razonable, con nimios márgenes de error” que los audios de los dos lápices de memoria con los explosivos audios almacenaban el “mismo contenido”, a diferencia del argumentario que han usado varias defensas en los tres juicios del 'caso Taula' que se han celebrado hasta ahora.
“Por lo que respecta a la posible manipulación de los pendrives entregados, ni siquiera el autor de las grabaciones, Marcos Benavent, ha indicado esa posibilidad”, agrega la sentencia. Es más, las defensas pudieron estudiar y comparar ambos lápices de memoria que constan en la causa —los ya famosos Kingston e Intenso, protagonistas de horas y horas de debate técnico y jurídico en los juicios— y no han puesto de manifiesto “ninguna diferencia en el contenido de los audios propuestos como prueba”.
Además, también recuerda que “quien grabó” las conversaciones “fue uno de sus interlocutores [Marcos Benavent]”. Así, el 'yonqui del dinero' no vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones: los diálogos de la trama no eran secretos para quien los grabó ni intervino “ningún funcionario del Estado”.
El fallo también avala el testimonio clave —“sin respuestas aparentemente tendenciosas o preparadas”— del empresario Mariano López, exsuegro de Benavent. “No hay razón para dudar del testimonio de Mariano López, a pesar de que obró movido por la enemistad o el resentimiento, según se desprende de su declaración”, agrega.