Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.
Chapuza de impacto en el Puerto de València
Varios recursos judiciales cuestionan el procedimiento
Luz verde a las obras de la ampliación portuaria sin resolver el debate ambiental
En los comienzos de este boletín semanal, en abril de 2021, ya advertí de que el de la ampliación del Puerto de València era “un debate imprescindible”. En aquel momento, el asunto había entrado en una fase nueva al lavarse las manos el organismo Puertos del Estado sobre la decisión de validar o no una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 que parecía completamente insuficiente para un proyecto sobre el que no solo habían pasado los años, sino que había sufrido importantes modificaciones. Tras desentenderse del asunto el Ministerio de Transición Ecológica, el organismo gubernamental trasladó entonces la responsabilidad de dar por buenas las garantías ambientales a la Autoridad Portuaria de València (APV), que entonces presidía Aurelio Martínez, convertida con esa maniobra en juez y parte de la polémica ampliación.
Tres años después, aquella maniobra ha quedado invalidada recientemente, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en respuesta a un recurso de la Comissió Ciutat-Port, anuló la sustitución de Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como órgano sustantivo en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Valencia. En otras palabras, le toca al Gobierno de España, a través de ese organismo, validar o no las garantías de impacto ambiental, cosa que no ha hecho. Lo que no ha evitado que el Puerto de València haya mantenido el procedimiento hasta adjudicar a una UTE de Acciona Construcción, SA, Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, SAU, por importe de 650 millones de euros financiados con fondos públicos, la ejecución del futuro muelle para grandes barcos de contenedores.
El nuevo titular del Ministerio de Transporte, el socialista Óscar Puente, tiene bastante responsabilidad en que se haya llegado a la situación anómala de que se apruebe la ejecución de unas obras de tanta envergadura sin que se haya validado la declaración de impacto ambiental. Recién llegado al cargo, se apresuró a anunciar la aprobación del proyecto en una ya famosa visita al Puerto de València, en la que brindó con la alcaldesa María José Catalá, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la presidenta de la APV, Mar Chao. El Consejo de Ministros, pese a la oposición de los representantes de Sumar, en efecto, aprobó la ampliación.“Es un proyecto sostenible y de gran inversión público privada... Es una ocasión que no podíamos desaprovechar, no podemos seguir esperando”, declaró Puente entonces.
Las bondades económicas del gigantesco muelle que gestionará la multinacional del transporte marítimo MSC son discutibles y discutidas. Su impacto sobre la ciudad y, más que nada, sobre las playas del Parque Natural de l'Albufera (cuya erosión no es una hipótesis sino algo constatado), resulta difícil de negar. Sin embargo, como recordaba Joan Olmos en un artículo en este diario, el ministro, recién desembarcado en el ministerio, zanjaba un debate de más de ocho años al dictaminar “el final del conflicto con una copa de cava en la mano y acusando a los oponentes de sobreactuar ambientalmente, como en los viejos tiempos”.
Sin duda, la polémica ampliación del Puerto de València implica hipotecas de largo alcance para la ciudad, el medio ambiente y la calidad de vida. Merecería un debate a fondo y la máxima pulcritud y prudencia en su tramitación. No la chapuza en la que se ha convertido el procedimiento, que arrastra, como ha recordado Carlos Navarro Castelló, varios recursos judiciales que lo ponen en jaque. Así, la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación, ha pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que devolvió a Puertos del Estado la condición de órgano sustantivo y que se realice una nueva declaración de impacto ambiental. En otros dos casos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se cuestionan el proyecto técnico de la ampliación y la licitación de las obras por ausencia de una evaluación ambiental adecuada.
Ante la eventualidad de que la Justicia paralice la ampliación del Puerto de València con las obras en marcha, el Gobierno de España evitó contestar al diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez si podría incurrir en “indemnizaciones millonarias”. Se limitó a asegurar que la declaración de impacto ambiental de 2007 “no está caducada” y a señalar que “el expediente de contratación de las obras de la nueva terminal norte de contenedores sigue su curso administrativo”. La oposición ciudadana al proyecto, que se ha plasmado en manifestaciones como la del pasado 31 de mayo, que reunió a miles de personas, no se va a esfumar.
La ciudad pierde el control
Y se consuma la privatización de la Marina
En el mismo consejo de administración extraordinario de la Autoridad Portuaria, celebrado el 1 de julio, se consumó la privatización de la Marina de València al aprobarse otorgar a la UTE Serveis Marítims Port Eivissa, SL y Ocibar, SA la concesión administrativa para la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del recinto.
La privatización y la tutela del Puerto confirman que la ciudad pierde el control unitario de la Marina de València con el beneplácito de la alcaldesa María José Catalá. Al acceder a la privatización de los amarres y la Marina sur y asumir el protagonismo que se arroga el Puerto, la ciudad pierde la autonomía para planificar actividades en un recinto cuya desafección portuaria logró su antecesora Rita Barberá y cuya gestión dependió del Ayuntamiento que presidía Joan Ribó.
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