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Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.

Un Consell catastrófico

La exconsellera Salomé Pradas llega a la Ciutat de la Justícia para declarar.

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La investigación de la jueza revela que en la Generalitat nadie supo hacer nada 

Es difícil hacerlo peor que el Gobierno de Mazón en la emergencia de la DANA

Los gobiernos del PP tienen una mala relación con las tragedias colectivas que forma ya parte de su reputación. Recordemos el hundimiento del Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas, el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 en Turquía en el que murieron 62 militares, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que causaron 191 muertos o el accidente del metro de València el 3 de julio de 2006 con 43 víctimas. A esa lista negra hay que sumar ahora las inundaciones causadas por la DANA en València el 29 de octubre de 2024 que han dejado 228 muertos. Más allá de la fatalidad, en todas ellas se da un componente que ha pasado a formar parte del ADN del partido: la negación, el cierre de filas extremo, hasta el punto de tergiversar la verdad y mentir para refutar cualquier culpa.

La declaración de Salomé Pradas ante la jueza de Catarroja que investiga las muertes de la DANA fue una pasmosa, y penosa, muestra de una tradición partidaria tristemente acendrada en la identidad de la derecha española. La exconsellera de Justicia e Interior, titular de las competencias de protección civil en el momento del desastre y “mando único” para hacerle frente, reconoció entre lágrimas que lo ignoraba todo sobre Emergencias, pero tuvo arrestos suficientes para sobreponerse a su comprensible estado de ánimo y repetir la maniobra habitual de derivar las responsabilidades hacia técnicos y adversarios políticos, mientras protegía con una fidelidad tan férrea como poco encomiable a su jefe de filas, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Refugiado en su condición de aforado, Mazón, que es quien puso en el cargo a una señora que no sabía nada de Emergencias, es la mayúscula incógnita de una jornada en la que nadie de la Generalitat Valenciana supo hacer nada para afrontar la tragedia, si no con la efectividad exigible a una sociedad avanzada, al menos con la dignidad de un gobierno legalmente responsable de la protección de los ciudadanos debido a su proximidad y a los medios disponibles. La misma Pradas, al aportar la lista de sus llamadas telefónicas de aquel 29 de octubre, validada por un notario, ha contribuido tal vez sin querer a acentuar la escandalosa desaparición del presidente en las horas críticas

¿Dónde estaba y qué hizo Mazón cuando no respondía a las llamadas de su consellera de Emergencias en un día en el que estaba declarada la alerta roja por la DANA? Porque el jefe del Gobierno valenciano estuvo ilocalizable para Pradas en la DANA con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) paralizado y la alerta sin enviar. La incomprensible inacción de la consellera (la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró ante la jueza que la avisó de un desaparecido ocho horas antes de que se enviara la alerta) a lo largo de una tarde de la que solo se sabe que Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana y sus reiteradas llamadas al presidente configuran una escena de pesadilla, en la que una no se atrevía a enviar la alerta masiva a la población y el otro no le hacía caso. ¿O sí? Porque el equipo de Mazón ha sostenido con decreciente énfasis que estuvo puntualmente informado de lo que ocurría con la DANA.

Como ha escrito Sergi Pitarch, la periodista Vilaplana “es la única testigo que puede aclarar dónde estaba el presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre entre las 14.45 y pasadas las 20.00, cuando no estuvo donde tenía que estar” y, sin tener responsabilidad alguna en lo que ocurrió, apela a su conciencia la necesidad de las víctimas de conocer la verdad. 

Queda en el aire, por ahora, la incógnita de si Mazón intervino de alguna manera en las decisiones que no se tomaron o que se retrasaron aquella trágica jornada, dado que resulta verosímil conjeturar que Pradas tuvo instrucciones de no adoptar medida alguna para trasladar la alerta a los ciudadanos sin el permiso del jefe de un Consell en el que, tal como ha explicado Raquel Ejerique, “se necesitaron muchos indignos gestores de lo público, muchas decisiones ineptas que salen ahora a la luz en forma de rencillas y sálvese quien pueda” para que todo saliera mal.

En este sentido, las declaraciones que el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, del PP, hizo en el programa Salvados, de La Sexta, en el que aseguró que él y la consellera de Interior hablaron con el presidente de la Generalitat sobre el mensaje de alerta que se envió a las 20.11 horas, podrían complicar el futuro judicial de Mazón si las mantiene ante la jueza, algo que está por ver dadas las matizaciones que se ha apresurado a formular.

Una catástrofe es, por definición, “un suceso que produce gran destrucción o daño”. Pero también “una persona o cosa que defrauda absolutamente las expectativas que suscitaba”. El que preside Mazón es un Consell catastrófico en el doble sentido que recoge el diccionario. 

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