Emergencia por la DANA: mando nulo

Imputada la exconsellera con el presidente a resguardo como aforado

“No se tomaron las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”

La investigación de las posibles responsabilidades penales por las 228 víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre pasado en Valencia ha alcanzado un punto de inflexión con la decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de imputar a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

En un auto tan claro como contundente, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja destroza la versión sostenida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su equipo y señala los indicios de una “negligencia” en la actuación -o mejor dicho, la no actuación- de los cargos autonómicos aquel trágico día.

La jueza ha ofrecido a Mazón la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado, dado que está protegido por su aforamiento como presidente autonómico. Dice en su escrito que tal declaración “solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”. Ni qué decir tiene que el jefe del Consell se ha apresurado a descartar esa eventualidad. Lo suyo es resistir la presión, que ya se extiende a buena parte del PP y la derecha mediática española, para que asuma responsabilidades y deje el cargo.

Merece atención la respuesta a su imputación que la exconsellera Pradas ha hecho pública. “Siempre estaré a disposición de poder ayudar a que se conozca toda la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la gestión de la emergencia natural, desde el primer minuto hasta el último, atendiendo las funciones institucionales que me correspondían según la normativa aplicable”, declaraba en un escueto comunicado.

¿Funciones institucionales? El lenguaje ofrece pistas sobre las causas por las que, tal como refleja la jueza en su auto, “no se tomaron las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión” a la hora de proteger a la población. La resolución judicial, en una docena de frases muy claras, acota la eventual “negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave”, a las decisiones que “se debieron adoptar por el mando único”.

Un mando único definido por la ley, que “obliga a la administración autonómica a alertar a la población evitando los fallecimientos o lesiones graves”. Y que no puede descargar su responsabilidad en los técnicos o en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que es “un órgano de coordinación, así lo indica su propio nombre, en materia de emergencias con otras administraciones”, aunque “ello es completamente independiente con las decisiones que se puedan tomar en el ámbito de protección civil por quien ostenta, no solo la competencia exclusiva, sino la posibilidad de llevar a cabo la comunicación a la población de las medidas de protección”.

¿A la vista de este panorama, eran “funciones institucionales” las que ejerecía aquella desgraciada jornada la consellera Pradas, como alega en su defensa? ¿Estaba allí para dirigir “actividades y tareas que se llevan a cabo dentro de la institución para lograr sus objetivos y metas”, que es la definición de funciones institucionales? ¿O estaba, por ley, como mando único, al frente de la protección civil con funciones operativas? Pradas no estaba en el Centre de Coordinació d'Emergències de L'Eliana representando a la Generalitat sino como máxima responsable operativa frente a una emergencia. Operativo quiere decir, según la Academia Española, “preparado o listo para ser utilizado o entrar en acción”, y también “que obra y hace su efecto”.

Justo lo contrario de lo que ocurrió el 29 de octubre, por desconocimiento o ineptitud, con ella y su jefe, el presidente del Consell, desaparecido del puente de mando casi todo ese día. Ante el peligro de una inundación devastadora, Salomé Pradas y Carlos Mazón (también el secretario autonómico y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso) fueron totalmente inútiles para que el sistema de emergencias cumpliera su misión, lo que en álgebra se conoce como operadores nulos, aquellos que “aplicados sobre cualquier función dan por resultado cero”.

Dos tránsfugas de Vox rompen la mayoría en el Ayuntamiento de València

Una alcaldía incómoda para María José Catalá

Como era previsible, la concejala Cecilia Herrero se dio de baja de Vox y siguió a su pareja, el exteniente de alcalde y exportavoz de la extrema derecha, Juan Manuel Badenas, hacia el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de València. Los dos tránsfugas recortan a la mitad la representación de Vox, que comunicó la expulsión de ambos, y dejan al equipo de gobierno que preside la alcaldesa María José Catalá, del PP, en minoría. Ahora mismo, el pacto PP-Vox tiene 15 concejales (13 populares y dos ultras) frente a los 16 que suman Compromís (con nueve ediles) y el PSPV-PSOE (con siete). Bastará la abstención de los tránsfugas para que el equipo de gobierno pierda cualquier votación.

Herrero dejó claro, no solo que ella y Badenas no piensan abandonar las actas de concejales, sino que pretenden influir en la política municipal. “La aritmética es la que es, estoy abierta a todas las opciones”, advirtió en una conferencia de prensa. El alcance de su influencia, sin embargo, fue claramente acotado por los portavoces de Compromís y del PSPV, Papi Robles y Borja Sanjuán respectivamente, que habían anunciado anteriomente la intención de llevar a la fiscalía al entonces portavoz de Vox por contratos con una agencia de comunicación y rechazan buscar una moción de censura apoyada en los tránsfugas de extrema derecha, aunque emplazan a la alcaldesa a someterse a una moción de confianza. Catalá alegó: “El problema no lo tengo yo ni mi partido, el problema lo tiene Vox”. Pese a ello, asumió que tendrá que gobernar en minoría, como había intentado hacer al inicio del mandato. Todo apunta a que su gestión resultará especialmente incómoda a partir de ahora.

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