Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.
Indignación docente
El conseller de Educación, José Antonio Rovira, empieza con mal pie
El caos con la adjudicación de plazas solivianta al profesorado al inicio de curso
La deficiente puesta en marcha en Bachillerato del programa Xarxa Llibres, un mecanismo de gratuidad de libros de texto heredado del anterior Gobierno autonómico de Izquierdas; las dificultades de los centros para organizar la modificación de horarios de la ESO decretada por la conselleria pocos días antes y algunos problemas en el transporte escolar fueron ingredientes de lo que en el ámbito educativo (sindicatos, directores de centros y federaciones de padres y madres coinciden en ello) se ha considerado uno de los inicios de curso más caóticos en la Comunitat Valenciana.
Una sensación de caos a la que contribuyó de manera fundamental el errático procedimiento de adjudicación de plazas a los profesores. Después de un verano marcado por la publicación de sucesivas listas plagadas de errores, que han tenido en vilo a los profesores, el segundo día del curso, la Conselleria de Educación retiró la lista de 2.800 plazas docentes destinadas a cubrir las bajas y las sustituciones en los centros. Estaba, otra vez, llena de errores, con el lógico malestar entre los afectados.
El periodo lectivo 2023-20024 viene definido por la “transición” del Gobierno valenciano del Pacto del Botánico (formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem) al bipartito del PP y la extrema derecha de Vox. No parece la mejor tarjeta de presentación la imagen de profesores indignados protestando a las puertas de la sede de la Conselleria de Educación en València y de sus servicios territoriales en Alicante y Castellón.
El flamante titular del departamento, José Antonio Rovira, no ha empezado con buen pie. Cuatro días después de que empezaran las clases, volvió a publicar su departamento la lista de adjudicaciones para bajas y sustituciones, un contingente de docentes que han de suplir las ausencias, que en algunos centros complican la organización de las clases de forma significativa (falta un 5% del profesorado según el portavoz de Educación del PSPV y exsecretario autonómico Miguel Soler). Rovira lo anunció en una entrevista en Les Notícies del Matí, programa de la radiotelevisión valenciana À Punt, en la que aseguró que el inicio de curso ha sido “normal, como todos los años”, achacó a la herencia del Gobierno anterior el desbarajuste en las adjudicaciones y vaticinó que el educativo será uno de los principales campos de batalla con la oposición que afrontará el bipartito del PP y Vox.
Los intereses empresariales de la extrema derecha
Altos cargos de Vox en el Consell arrastran incompatibilidades
Mientras el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, seguía las consignas del PP en el ambiente previo a la eventual investidura de un nuevo Gobierno en España y avivaba en un acto con alcaldes y presidentes de diputaciones el conflicto con Catalunya y la crítica a un posible ley de amnistía, algunos de los altos cargos nombrados en su Gobierno por el ala de extrema derecha afrontan incompatibilidades legales.
El vicepresidente Vicente Barrera figura en consejos de administración de siete empresas, una situación incompatible con su cargo según la ley. Mazón aseguró que está en tiempo para solucionar esas incompatibilidades, pero todavía no ha aclarado el ex torero si ha hecho las gestiones para resolverlo. De momento, en elDiario.es hemos publicado que una de las empresas de Barrera ha ganado 6,6 millones de euros y arrastra nueve inspecciones de Hacienda y que tan lejos como el pasado 1 de septiembre firmó las cuentas de una empresa instrumental de la que debe desvincularse.
El caso de la directora general de Explotación Agrícola y Ganadera, Leticia Sanchis Becquet, procedente del lobby porcino, es si cabe más llamativo, ya que tiene intereses en 31 empresas del sector de las macrogranjas y las plantas fotovoltaicas. Como es lógico, su situación ha levantado críticas. El conglomerado empresarial, según datos de la ONG Amigos de la Tierra, gestiona macrogranjas con unos 322.000 cerdos, que producen 692.000 metros cúbicos de purines que contaminan acuíferos y tierras de cultivo.
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