Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.
El legado de Rita Barberá se llama corrupción
El caso Taula avanza
Financiación ilegal de campañas, dinero negro y mordidas en el PP de València
La investigación del caso Taula avanza. El juez que lo instruye ha dictado el procesamiento esta semana del PP de València como partido y de todo el equipo que tenía Rita Barberá como alcaldesa. Casi medio centenar de personas, entre ellas tres asesores del PP municipal que ahora lidera María José Català, están al borde del banquillo. Son acusados de haber participado en la campaña electoral de 2015 en el blanqueo de dinero de una caja B que venía funcionando, según apunta la investigación, desde 1995, aunque la prescripción de los delitos limita la causa a las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015.
En esas campañas, el grupo que dirigía Rita Barberá manejó millones de euros de “gasto electoral suplementario al margen de la contabilidad del PP”, como lo describe el juez en su auto, procedentes de empresas que contrataban con el Ayuntamiento de València. El cuñado de la fallecida Barberá, el abogado José María Corbín, cobraba 150.000 euros de peaje en el reparto de adjudicaciones municipales, según documentos recogidos en el sumario.
Barberá y quien fue su mano derecha como vicealcalde, Alfonso Grau, se sitúan en el centro de una trama de corrupción que funcionó durante años y fue precisamente la ruptura entre ambos, cuando Grau, que está ahora mismo en la cárcel por el caso Azud, fue obligado a dimitir por el escándalo del instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, la que abrió una grieta por la que han asomado cada vez más pruebas y documentos. Jesús Gordillo, en su momento un hombre de confianza de Grau, ha aportado al juez documentación de una operativa corrupta para las elecciones de 2007 organizada mediante una empresa pantalla denominada Laterne. En aquellos años, una concejala socialista, Ana Botella, denunció públicamente el uso de empresas, fundaciones y organismos municipales en la campaña local de Barberá. Tiempo después, en 2011, el actual alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, llevó aquellas denuncias a la fiscalía, que las archivó. Todo emerge de nuevo y toma forma en la instrucción del caso Taula.
Inasequible al desaliento, el PP persiste en reivindicar el legado de Rita Barberá. Lo hizo su líder, Pablo Casado, en el acto celebrado hace unas semanas en la plaza de toros de València. Y lo ha vuelto a hacer el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras conocer el procesamiento de 49 personas por el supuesto blanqueo de dinero negro en la campaña municipal de 2015, en la que Barberá perdió la alcaldía tras 24 años al frente del Ayuntamiento. Según Mazón, el PP seguirá reivindicando la “grandísima labor” de la exalcaldesa fallecida. Para ello tiene que hacer la vista gorda a un sistema corrupto sostenido en el tiempo que se financiaba con trampas en las elecciones y drenaba fondos públicos.
Un congreso federal de unidad en València
Ximo Puig gana peso en el poder orgánico del PSOE
Las propuestas federalistas y las reivindicaciones valencianas en relación con la financiación autonómica tuvieron una suerte modesta, poco espectacular, en el 40º congreso federal del PSOE. Lo que sí que resultó claro es que el líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ganó peso en un cónclave que se caracterizó por el cierre de filas en torno al liderazgo del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Laura Martínez explicó en una crónica que el PSPV reconectó con el PSOE. Puig colocó en la ejecutiva federal a cuatro personas de su confianza. Son la ministra Diana Morant; el conseller Arcadi España; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y la diputada por Alicante Patricia Blanquer.
Coincidiendo con el congreso del PSOE, Ximo Puig concedió una entrevista a elDiario.es en el Palau de la Generalitat que este medio publicó en dos partes. En la primera, centrada en el debate territorial, defendió su visión federalista al asegurar: “La única manera de crear una España fuerte es crear una España compartida”. En la segunda, orientada hacia la situación valenciana y el funcionamiento del Gobierno del Pacto del Botánico, que los socialistas comparten con Compromís y Unides Podem, Puig abogó por no hacer mucho ruido y centrarse en solucionar los problemas de los ciudadanos, convencido como está de que en el escenario de la recuperación tras la pandemia “va a ser muy importante la gestión”. Consideró, por ello, conveniente no recurrir ahora a remodelaciones del ejecutivo autonómico y mantener la intención de agotar la legislatura.
Una jueza de gatillo fácil con las medidas cautelares
El secuestro judicial de libros de tema LGTBI en Castelló causa indignación
Una jueza de Castellón, que ha dado ya muestras de su facilidad para adoptar medidas cautelares sin demasiado fundamento, ordenó secuestrar lotes de libros de un total de 32 títulos sobre homofobia y temáticas LGTBI que había distribuido el Ayuntamiento en institutos de la ciudad. Lo hizo en respuesta a un recurso de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos y ha levantado indignación entre los autores, los editores, los colectivos sociales y la Administración local y autonómica.
La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, protagonizó junto a representantes de los autores y editores, así como de la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, un acto celebrado en el marco de la Fira del Llibre de Castelló en el que criticó la decisión de la jueza y afirmó: “No puede haber libertad ni igualdad si no se atiende a la diversidad. La sociedad en la escuela también debe expresarse con diversidad”.
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La oposición a la ampliación del puerto de València sale a la calle
La oposición ciudadana a la ampliación del puerto de València ha salido a la calle en una manifestación convocada por la Comissió Ciutat-Port y por Joventut del Clima, que ha recibido el apoyo de numerosos colectivos vecinales y ecologistas. En los días previos a la manifestación, frente al Palau de la Generalitat pidieron al presidente Ximo Puig que desista del proyecto. Y en Madrid registraron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que plantea decartar el proyecto portuario, desmontar el dique norte y regenerar las playas del Parque Natural de la Albufera.