Mazón y el alcance penal de una negligencia

El presidente y el PP fabrican ya argumentos pensando en la defensa

La fiscalía indica el camino: que un juez investigue antes de llevar al jefe del Consell al TSJ por la gestión de la DANA

“Creo que aunque avisen antes o avisen después el resultado hubiera sido bastante parecido”, soltó el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicent Boluda, en referencia a la inundación que se cobró 223 víctimas mortales y cuatro desaparecidos y causó enormes destrozos en l'Horta Sud, la Ribera Baixa, la ciudad de València, el Camp de Túria, la Hoya de Buñol y la comarca de Utiel-Requena.

La de Boluda, tan contraria a la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha insistido en que “las alertas tempranas salvan vidas”, o a la del flamante vicepresidente de la Generalitat Valenciana, el teniente general Francisco José Gan Pampols, que ha dejado dicho que se hubieran salvado vidas “con toda seguridad” de haber funcionado los planes de emergencias, no es una opinión despistada. Está, de hecho, perfectamente alineada con la estrategia de defensa que el presidente del Consell, Carlos Mazón, trata de construir antes, incluso, de que el alcance penal de su negligente actuación frente a la DANA del 29 de octubre sea investigado por un juez.

Porque ya ha se ha mostrado favorable la Fiscalía de Valencia, a investigar penalmente la gestión de la DANA, para lo que avala en un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se unifique la investigación de las querellas presentadas hasta ahora contra el presidente del Gobierno valenciano como máximo responsable autonómico, para eventualmente llevar después el caso al tribunal con la imputación de Mazón si un juzgado de instrucción detecta indicios sólidos de delito. Las querellas y denuncias coinciden en atribuir al presidente y, en algunos casos, también a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso y el actual director general de Emergencias, Javier Martín, una “desatención de sus deberes” que llevó a dejar de activar “medidas de prevención que pudieran haber reducido de forma significativa el impacto de la catástrofe y, en especial, los fallecimientos y daños personales”. Lucas Marco ha explicado en este diario el complejo horizonte judicial que se le abre a Mazón por la gestión de la DANA.

Ante ese horizonte, tanto el jefe del Consell como el PP -con la participación colateral de algún espontáneo como Boluda-, tratan de armar la defensa de Mazón con argumentos a veces contradictorios. Por ejemplo, que el presidente no forma parte del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), un organismo que, por otra parte, no tiene carácter colegiado, por lo que no levanta actas de sus reuniones, cuya finalidad sería asesorar a quien tiene el mando de las emergencias, es decir, a la persona que la Generalitat Valenciana designa.

Quién era el mando único en cada momento y qué actitud tuvo en la fatídica jornada de la DANA será uno de los asuntos relevantes de la atribución de responsabilidades penales. Y en ese escenario se enmarca la clamorosa ausencia del presidente de la Generalitat durante horas, en lo que él mismo ha reconocido que fue una larga comida. Las llamadas fallidas de la consellera de Emergencias, Salomé Pardas, a Mazón que retrasaron la reacción ante la DANA, adquieren una gran importancia. Como también la tienen las confusas explicaciones del presidente de la Diputación y del PP de la provincia de València, Vicente Mompó, sobre las supuestas comunicaciones que tuvo con Mazón en esas horas críticas. Los intentos de explicación de ambos no han hecho más que ahondar el lío de sus llamadas el día de la DANA.

Dice mucho sobre la idiosincrasia de Mazón y de su partido que, pese a que el panorama judicial empieza a definirse en lo que se refiere a una negligencia de inequívoco coste político, sean tan poco escrupulosos en las contrataciones de emergencia para las acciones de recuperación después de la catástrofe. Empresarios condenados en su día por haber participado de la corrupción del PP, compañías vinculadas a altos cargos del equipo de Mazón o personajes cercanos al propio jefe del Consell están recibiendo contratos millonarios otorgados a dedo.

El caso del empresario Miguel Quintanilla, al que Mazón ya adjudicó cuando era presidente de la Diputación de Alicante 1,1 millones de euros para el servicio de inserción de publicidad y a cuya empresa ha otorgado ahora la creatividad de una polémica campaña sobre la DANA, estuvo este jueves en el trasfondo de la bronca que se produjo en las Corts Valencianes, con las consabidas provocaciones del conseller Rovira, gritos de “Mazón dimisión” desde los escaños de la oposición y una suspensión de la sesión decidida por la presidenta de la Cámara, la ultraderechista Llanos Massó. Es algo más que una casualidad que el empresario escogido a dedo haya figurado entre los asistentes a cenas en las que Mazón tenía hechos especiales que celebrar.

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