La persecución judicial contra Mónica Oltra no cesa

La sección cuarta da alas a las acusaciones de ultraderecha

Contra el instructor y el fiscal, la Audiencia quiere juzgar a la exvicepresidenta

Con el argumento de “una hipótesis plausible”, como si no se hubiera desarrollado una instrucción que llevó al juez Vicente Ríos al sobreseimiento provisional de la causa con el apoyo del fiscal del caso, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que preside el juez Pedro Castellano, ha decidido que la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra sea juzgada. Para ello, ha reabierto el sumario por un presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido sobre una menor tutelada desde la conselleria que dirigía, no porque haya pruebas, sino porque “no puede descartarse claramente” la existencia de infracción penal.

Con ello, la sección que preside el juez Castellano, de posiciones conservadoras, da alas de nuevo a las acusaciones de la ultraderecha, que persiguen a la dirigente de Compromís: el partido político Vox, la agitadora Cristina Seguí y el neofascista José Luis Roberto, entre otros. La ultraderecha se cobró una pieza clave de la izquierda valenciana cuando consiguió la dimisión de Oltra como vicepresidenta valenciana en junio de 2022.

Sostuvo el juez instructor en el auto de sobreseimiento que, si bien la actuación del departamento de Oltra pudo no ser correcta, ello no implica que tenga relevancia penal y señaló que, tras su investigación, “todos y cada uno de los indicios que fundamentaron las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas (Oltra y 15 miembros de su equipo) en estas diligencias previas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados”. 

Lucas Marco explicó con todo detalle el pasado abril, cuando se conoció la decisión del juez, las claves para el archivo de la causa. Posteriormente, el fiscal del caso, Jaime Cussac, apoyó la resolución del juez y reprochó a las acusaciones la intención de prolongar la causa con tesis “confusas y fragmentarias”.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia ha pasado por encima de las conclusiones del juez encargado de la investigación, a las que prácticamente no hace referencia en un auto que ha desencadenado reacciones como las de los dirigentes de Compromís, que han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuar ya contra el 'lawfare' mientras Yolanda Díaz mandaba su apoyo y solidaridad a Oltra.

La sección de la Audiencia que preside Pedro Castellano llamó mucho la atención cuando, dentro del caso Taula, exculpó a medio centenar de  concejales y asesores del equipo de Rita Barberá de blanqueo de capitales en la financiaición irregular del PP de València porque el hecho de ingresar 1.000 euros en una cuenta y recibir dos billetes de 500 en efectivo no pasaba, en su opinión, de la categoría de “meras sospechas”, ya que “no se especificaba con exactitud que el dinero procede de una actividad delictiva, y cualquier otra mención distinta se entiende que pertenece al ámbito del denominado dinero negro ajeno al tipo [penal] del injusto”.

Con Oltra y su equipo, la sección cuarta, con su presidente Castellano al frente, hace una lectura muy diferente, según la cual “no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal”. En consecuencia, seis folios, un juez conservador y una “hipótesis plausible” sirven para empujar al banquillo de los acusados a Mónica Oltra. Aquí sí que valen las meras sospechas. Todo ello, “discrepando del criterio del instructor” y, por añadidura, del fiscal del caso.

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