Un análisis “pormenorizado” del sindicato de médicos (Simap) sobre el coste que está suponiendo para el contribuyente el funcionamiento de los hospitales públicos con concesión administrativa, un modelo de gestión privada de la sanidad pública que da cobertura al 20% de la población valenciana, ha concluido en la existencia de un sobrecoste al erario público del llamado modelo Alzira, que se implantó de forma progresiva en cinco de los veinticuatro departamentos de salud en la Comunitat Valenciana: Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Vinalopó.
Explican desde Simap que se promulga “constantemente” por los impulsores y defensores del modelo Alzira un supuesto ahorro económico para la Conselleria de Sanidad en comparación con los departamentos que se gestionan de forma pública, sobre todo en pleno proceso de reversión del departamento de la Ribera, tras 19 años de gestión privada por una sociedad mercantil (Ribera Salud). Esta aparente reducción de costes se ha apoyado en un informe que la Sindicatura de Comptes que publicó respecto de una auditoria en Manises, “del que discrepamos por la metodología seguida para comparar costes reales entre concesiones y los departamentos de gestión pública, ya que, si se confrontan los mismos bloques de gasto sanitario ejecutado, los resultados son distintos de aquel informe”.
En el modelo Alzira, la Conselleria abona a la gestora privada un canon anual por habitante del departamento por la atención sanitaria, la cápita; “pero corre a cargo de la Administración gastos de difícil control como son la farmacia ambulatoria extrahospitalaria, endoprótesis y exoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario, salud pública (vacunas, etc.) y los gastos proporcionales generados por la existencia de unos servicios centrales de gestión de la Conselleria”.
Información procedente de dos fuente
En el análisis han comparado el gasto efectivo de los departamentos de gestión directa con los de concesión administrativa según el modelo Alzira, obtenidos de dos fuentes: Las Memorias de Gestión 2015 y 2016 que dan a conocer el gasto del capítulo 1 (Comisionados en las concesiones / Gasto de personal en los demás departamentos), el gasto del capítulo 2 (Cápita en las concesiones / Gasto corriente en los demás departamentos) y los gastos proporcionales que corresponden a salud pública y a servicios centrales; y de fuentes directamente relacionadas con Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se han obtenido los gastos correspondientes a farmacia extrahospitalaria, endoprótesis y exoprótesis, oxigenoterapia ambulatoria y transporte sanitario.
Para poder comparar departamentos de similares características se han retirado del cálculo los datos de los siete departamentos con hospitales de referencia provincial de la comunidad valenciana e incluso nacional, clasificados por la propia administración sanitaria, para evitar el sesgo de actividad sanitaria muy costosa como unidades de quemados, trasplantes, UCI pediátrica, etc..... y que no están en la cartera de servicios de las concesiones sanitarias.
Conclusiones del estudio
Según se desprende del estudio elaborado por el sindicato, en 2015 el modelo Alzira supuso un sobrecoste de 44 euros por habitante con tarjeta SIP y en el año 2016 el sobrecoste pasó a 28 euros. En cifras globales, por el total de habitantes con tarjeta SIP atendidos bajo régimen de concesión administrativa, en 2015 prácticamente se alcanzó 40 millones de euros de sobrecoste y en 2016 unos 25 millones. En definitiva, 65 millones de euros de sobrecoste efectivo basándonse en el gasto ejecutado en los ejercicios 2015 y 2016, “que han pagado los ciudadanos de la Comunitat Valenciana por el modelo Alzira”.
Estos datos, explican, contradicen los publicitados por la empresa, “que sigue expresando que su gestión ha ahorrado entre un 20-25 por ciento al erario valenciano, el equivalente a 50 millones de euros anuales”. “Llama la atención la constante repetición de ese concepto desde hace años, imposible de cotejar y auditar hasta 2015, que es cuando se publicó la primera memoria de gestión de la Conselleria de Sanidad en 17 años, realizada tras la llegada del nuevo gobierno valenciano”, apuntaban. Tampoco se debe perder de vista el “rescate” de la concesión en 2003, una indemnización, tras cuatro años de pérdidas, obtenida con el pretexto de incluir la asistencia primaria, proceso censurado por el propio Sindic de Comptes en un informe ad hoc.
En una hipotética clasificación por coste sanitario ejecutado por habitante según su departamento de salud y detrayendo de la misma los departamentos con hospital de referencia provincial al efecto de comparar los de similares características, “se objetiva que los departamentos concesionales se encuentran o bien por encima de la media o bien cercanos o ligeramente por debajo, puesto que cada uno de ellos tiene su especial idiosincrasia”. “Estos datos también desmienten la afirmación de que el modelo en sí y de forma general ahorra dinero al erario, como se asevera constantemente”, resaltan.
Incrementos “difíciles de justificar”
Finalmente, en términos de eficiencia, insisten en que el incremento del importe por la asistencia sanitaria en los departamentos de salud del modelo Alzira “resulta difícil de justificar cuando otros conceptos que inciden directamente en la calidad asistencial son significativamente menores en estos respecto a los departamentos de gestión directa”. Tales serían, por ejemplo, el número de trabajadores sanitarios o el número de camas hospitalarias, que en estudios anteriores el sindicato ha puesto de relieve con los siguientes datos:
El número de trabajadores es más bajo en los departamentos del Modelo Alzira que tienen 7,63 trabajadores por cada mil habitantes, cifra que en los públicos es de 9,69 profesionales, lo que supone un 21% menor.
Los departamentos del Modelo Alzira tienen 1,42 camas por cada mil habitantes, cifra que es muchos más baja que la de los hospitales comarcales públicos que tienen una media de 1,77 camas. Es decir, los hospitales modelo Alzira tienen un número de camas 20 % inferior que los comarcales públicos.
Por todo ello, el Simap se ratifica en la tesis de que en esta forma de gestión privada no se confirma el supuesto ahorro de costes y prima, como resulta lógico en cualquier empresa, el beneficio empresarial. “Este fundamento no puede aplicarse en la sanidad pública, ya que de entrada distorsiona la esencia de la misma”, matizan. El beneficio que se pudiera derivar de una gestión eficiente de la sanidad pública “debe repercutir en mejorar la propia sanidad pública y, por lo tanto, redundar en el bienestar de toda la población que es quien la financia con sus impuestos. Nuestro estudio, que trata de esclarecer los datos, demuestra que el modelo Alzira es más caro de mantener y confirma que los servicios públicos sanitarios y socio-sanitarios nunca debieron ser considerados objeto de negocio. La reversión es una buena noticia, y está justificada tanto por razones económicas como por razones políticas de búsqueda del mejor servicio al ciudadano”, concluyen desde el sindicato de médicos.