Plataforma per la Llengua ha presentado una reclamación a la Oficina de Derechos Lingüísticos por un caso de discriminación lingüística de una bañista en Calp durante este verano a manos de un socorrista. Según se explica desde el colectivo de defensa lingüístico el pasado 1 de agosto, en la playa de la Fosa de Calp, una mujer se dirigió a un socorrista para advertirle que las fuentes para lavarse los pies no funcionaban, y lo hizo en valenciano, a lo que el socorrista, le respondió “en un tono violento”: “¡En castellano, señora!”. Ante esta respuesta la mujer “le explicó su derecho a hablar valenciano, consideró que era un maleducado y se fue”. No obstante Plataforma per la Llengua añade que “el socorrista siguió la señora y le continuó gritando: '¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Que no tiene vergüenza!'”.
Plataforma por la Lengua ha presentado una reclamación ante la Oficina de Derechos Lingüísticos por la actitud del socorrista y ha pedido en el Ayuntamiento de Calp aplicar una sanción de acuerdo con el contrato de la empresa concesionaria del servicio. Señalan desde este colectivo también que “el valenciano es la lengua propia y tradicional de Calp y la lengua utilizada por muchos de sus vecinos (si bien la mayoría de residentes del término municipal son extranjeros). Consecuentemente, está incluido dentro de los términos municipales de predominio lingüístico valenciano, según Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Además Plataforma per la Llengua ha esgrimido el apartado de “Obligaciones y derechos de las partes”, del contrato de prestación de servicios para el salvamento, socorrismo y transporte sanitario en las playas de Calp. Entre las obligaciones de la empresa concesionaria se considera como “falta grave”: “n) Maltratar de palabra u obra los usuarios del servicio”, hecho que consideran se ha producido “de manera evidente” en el caso de la bañista. Igualmente, este contrato por servicio de socorrismo en Calp determina que los incumplimientos graves del concesionario pueden ser sancionados con multa de 3.001 a 15.000 euros.
Por otro lado también recuerda la reciente resolución del Síndic de Greuges, que recomienda en el Ayuntamiento de Calp que garantice “el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a dirigirse a la Administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua que han utilizado, en aplicación del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y en conformidad con el principio de antiformalismo, sencillez y eficacia que tiene que presidir todas las actuaciones administrativas”.
“Intolerancia”
Sobre este mismo caso se ha llegado a pronunciar la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que ha considerado que se trata de “intolerancia” respecto a la usuaria que hablaba en valenciano. Afirma así que “no se pueden consentir actitudes de menosprecio hacia la ciudadanía por hablar en valenciano. Nuestra más absoluta condena por un hecho indigno de un servidor público”.