Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', se deja ver en público en contadas ocasiones. Este viernes fue una de ellas. Compareció citada como testigo en el juicio en el que el exministro Eduardo Zaplana se sienta en el banquillo de los acusados. García Paesa fue la gestora de los fondos en Luxemburgo de la presunta trama corrupta de Zaplana. La mujer, con un ligero acento francés, explicó que se dedica a la domiciliación y estructuración de sociedades 'offshore' en Luxemburgo donde tiene “despacho propio” desde 2001. Su relación familiar y profesional con su tío Paco Paesa, fallecido por segunda vez el 3 de mayo de 2023 —fingió su muerte en 1998, en pleno escándalo del 'caso Roldán'— la catapultó a ser retratada en la película El hombre de las mil caras, cuyo papel interpreta la actriz Alba Galocha.
La abogada, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional (una causa por la que pasó 85 días en prisión preventiva), se prestó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del 'caso Erial'. La testigo confirmó en el juicio que Juan Cotino, siendo director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, le llevó personalmente más de 600.000 euros en metálico al Gran Ducado. Sin embargo, con quien mantenía contacto para la gestión de las dos sociedades era con el empresario Vicente Cotino.
“Los bancos [en Luxemburgo] no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, explicó la testigo. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, apostilló.
El tinglado luxemburgués que montó García Paesa para el clan político-empresarial de los Cotino recibió 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza entre 2005 y 2009 en comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico.
“Como cliente, Vicente Cotino era una perla, el cliente ideal, ejemplar”, afirmó ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. El empresario acudía con su avión privado al Gran Ducado varias veces al año para aprobar las cuentas o reunirse con el banco y el resto de gestiones recaían, telefónicamente, en el director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez, ya fallecido. “No es un viaje de placer, no hay playas y no hace buen tiempo”, dijo en referencia a Luxemburgo.
A partir del traspaso accionarial, en 2009, los fondos acabaron en manos de Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia y testaferro confeso de Eduardo Zaplana, y de Juan Francisco García, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana. Beatriz García Paesa se desvinculó de los fondos y entró en escena la 'lavadora internacional' del abogado uruguayo Fernando Belhot. Éste último declaró en el juicio que García Paesa le habría dicho que los fondos eran de Eduardo Zaplana. Sin embargo, la aludida negó que conociera el papel de Zaplana, con quien no habló “jamás”, según dijo tajante.
“Para mí Zaplana formaba parte del mundo de la política española y jamás en mi vida he sabido nada de él ni tengo idea de quién es. Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinientes, jamás”, declaró.
Beatriz García Paesa tuvo algunas lagunas de memoria y adujo el tiempo transcurrido desde los hechos y que se encargaba de “muchísimos sociedades”. Las empresas de la trama del 'caso Erial' formaban parte “de las 120 sociedades que gestionaba en aquella época”. Una cifra muy por debajo de las “dos mil y pico” sociedades que dijo haber mantenido su homólogo uruguayo, el abogado fiduciario Fernando Belhot.
La mujer detalló las complejidades de su trabajo, tal como había hecho ante la jueza instructora en una suerte de lección magistral sobre el blanqueo de capitales. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, le preguntó en el juicio por la “confianza” con el cliente en este tipo de operaciones. “Tenemos esa facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales”, dijo. Las sociedades, más allá de canalizar las mordidas, tuvieron una actividad “mínima”, según afirmó.
Beatriz García Paesa se presentó como una “profesional”. Una tarea no exenta de problemas y sustos: una de las sociedades que usó para gestionar fondos de la trama del 'caso Erial' (Alza Imo Invest SA) también había sido utilizada en una operación inmobiliaria en Marbella de un cliente francés, que nada tenía que ver con la trama del exministro español del PP.
Cuando el despacho de García Paesa, en el número 5 del Bulevar Royal de Luxemburgo, fue registrado el 8 de enero de 2019 en presencia de las autoridades españolas y de sus abogados, François Prum y Aurore Merz-Spet, resultó que la documentación sobre la empresa estaba en manos de la justicia francesa.
Cuatro años antes, las autoridades francesas, por orden del famoso juez Renaud Van Ruymbeke, habían registrado el despacho de Beatriz García Paesa en busca de la documentación sobre la misma sociedad. Al usar precisamente esa empresa para diferentes operaciones de clientes distintos, un juez francés y una magistrada española siguieron la pista de la misma firma 'offshore'. “Son operaciones financieras”, explicó este viernes en el juicio.
En su despacho trabajaban como fiduciarios el abogado Federico Cannizzaro di Balmontino, condenado a cuatro años y medio de prisión en Italia por una trama que evadió 11 millones de euros de la compañía naviera Rbd Armatori, y el consul honorario de Uruguay, Alexis Kamarowsky. “Eran los socios que trabajaban en la sociedad fiduciaria”, explicó a preguntas del fiscal anticorrupción.