El abogado Manolo Mata, que representa a uno de los exdirectivos presuntamente 'enchufados' en Divalterra, ha denunciado un “montaje” en la investigación del caso Alqueria, al tiempo que ha cuestionado el inicio de otras instrucciones como Erial o Taula. El letrado ha lamentado el daño causado con esta manera de proceder: “Es un horror”.
Mata se ha pronunciado así durante la exposición de su escrito de defensa en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia desde hace dos meses contra 14 acusados por contratos presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís.
El abogado ha afirmado que tiene la sensación de que en la Comunitat Valenciana, entre 2015 y 2019, hay un “experimento” de un fiscal instructor, con todo tipo de competencias, y amparado por instructores legitimistas pero no garantistas, para investigarlo todo y tener acceso a todos los correos y mensajes, sin acotar“. ”Y esto ha pasado en Taula, Azud o Erial“, ha lamentado.
“Hay una explosión de querer investigarlo todo y saberlo todo de todos”, ha lamentado, para añadir que el volcado de datos “requiere de una selección del volcado de esos datos y acotar lo que tiene que estar investigado”.
Ha indicado en este sentido que “da miedo saber que en este procedimiento hay unas carpetas con las contraseñas de todo el mundo --acusados--, su Twitter, Facebook, sus correos o mensajes de WhatsApp”.
A su juicio, “la policía no puede tener atajos y lo que pasa aquí es instrumental: estamos en una pesca selectiva”. “No se quería investigar los contratos presuntamente ilegales en Divalterra, sino tener datos. Y cada vez pasa más esto en más procedimientos”, ha insistido.
“Todo sin cotilleos”
Por otro lado, ha señalado que en Alquería “todo son cotilleos y conversaciones descontextualizadas; opiniones que se vierten en un momento dado y que se magnifican por algo que ha dicho alguien. Se construye un imaginario que ha llevado a que muchas personas estén en el banquillo”, ha criticado.
En esta línea, ha manifestado que se ha enjuiciado “un gran desconocimiento de leyes administrativas, de la política y de como funciona la vida” y ha negado la ilegalidad de los contratos de altos directivos en Divalterra así como la malversación.
Sobre los contratos, ha recordado que los mismos se dieron a conocer en una rueda de prensa en el año 2016: “Se aportaron los nombres de las personas y se garantizó que en Divalterra no iba a entrar nadie a trabajar de forma irregular. También se dio absoluta cobertura jurídica a las contrataciones”, ha apostillado.
Precisamente el letrado ha insistido, respecto a las contrataciones, que “aquí el problema no es laboral. La clave de bóveda de las contrataciones no es la jurisdicción laboral”. “En teoría estamos aquí para analizar si siete contratos eran o no legales. Eso no es del ámbito Penal. Eso lo ven otras jurisdicciones”, ha insistido.
Así mismo, Mata, que ha cuestionado que las acusaciones hayan dejado fuera del proceso a un ex alto cargo que trabajó en las mismas condiciones que otros acusados, ha negado cualquier tipo de malversación en la causa.
Por otro lado, ha aludido a una investigación prospectiva puesto que se le pidió a una perito que investigara subvenciones en Divalterra antes de que se estuviera instruyendo el caso. “Esto demuestra que buscaban algo gordo porque pensaban que si eran políticos, tenían que ser corruptos. Aquí hay gente que lo piensa y que se salta lo que haga falta para poderlo ejecutar”, ha lamentado.
“Hemos encontrado aquí con una investigación prospectiva, vulneradora de los derechos fundamentales, inquisitorial, más propicia del régimen totalitario, con un sesgo de cómo funciona la política y la sociedad”, ha aseverado.
Por último, ha lamentado que los acusados en este procedimiento “hayan pasado a ser apestados, expulsados de sus partidos. La gente los ve y se cruza de acera. No pueden trabajar. Han amargado la vida a la gente y se les va a seguir amargándola”. Ha reclamado la absolución para su representado.