Socialistas alicantinos piden una “rebelión democrática y ética” contra en candidato Gabriel Echávarri
La concejal socialista reitera en sede judicial que las declaraciones “entran dentro del debate político” y fueron pronunciadas a raíz de la información publicada por los medios sobre la presunta connivencia entre el ex senador socialista, Ángel Franco y el empresario Enrique Ortiz. El informe policial del Caso Rabasa, le sitúa como “conseguidor” del promotor, imputado junto a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Un nuevo capítulo que ahonda más, si cabe, en la ruptura de los socialistas alicantinos, que bajo una pancarta “Echávarri el honor no se compra con dinero” han apoyado a edil. Asegura Cid que Echávarri con su actitud ha convertido la agrupación de Alicante en una secta. Critica, además, el apoyo del secretario general, Ximo Puix y le advierten de que en Alicante se está gestando una rebelión ética y democrática.
La exportavoz municipal y concejal, Elena Martín, acusa al actual secretario de la Ejecutiva Local de inacción ante las reiteradas denuncias realizadas. Asegura que el partido está secuestrado por la derecha “más rancia y casposa” y hasta que no se libere el partido socialista, dice Martín “no hay fututo para la ciudad”
Dos años de denuncia
Ana Paula Cid recuerda que hace dos años un grupo de militante ya solicitó por escrito la apertura de un expediente de investigación sobre la relación entre el exsenador Ángel Franco y el empresario enrique Ortiz, que figura en las conversaciones policiales de la instrucción de la pieza separada del Caso Brugal, en el que se investiga la presunta tramitación irregular del Pan general de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario enrique Ortiz y ahora en Caso Rabasa.
Las críticas públicas y discrepancias en el seno del grupo municipal socialista y la dirección local del PSPV, en cuestiones relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante o la ubicación del centro comercial Ikea en suelo Rabasa, por citar alguna de ellas, ha llevado a tres suspensiones de militancia incluida la de Cid y más de una docena de expedientes disciplinarios a los cinco ediles díscolos.
