La fallida Sociedad de Garantía Recíproca, que tuvo que ser rescatada con 200 millones de euros de fondos públicos en 2016, se utilizó para avalar préstamos de asociaciones empresariales de manera irregular o para ayudar a la empresas de sus líderes patronales, según concluye la auditoría forense a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Los auditores han detectado “salvedades” en operaciones de aval aprobadas por la SGR a la quebrada y extinta patronal autonómica Cierval, la Federación Valenciana de Comercio, la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) y a la Federación de Empresas de Economía Social. También a las empresas de los que fueran presidentes de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca; el actual presidente de Fevec, Francisco Zamorano; Manuel Taberner, expresidente de Ateval o Eugenio Soler, expresidente de la Federación Valenciana de Comercio.
Los auditores consideran que los avales a las cuatro asociaciones empresariales se dieron de manera irregular porque sus presidentes o vicepresidentes formaban parte de las comisiones de riesgo o ejecutivas que aprobaron las operaciones. Estos avales, junto a otros donde los auditores han detectado un “conflicto de intereses directo”, generaron un prejuicio a la entidad de más de 2,4 millones. En el caso de Cierval, la patronal autonómica tuvo que cerrar por las elevadas deudas generadas por sus asociadas provinciales, las patronales de Alicante y Castellón.
Otros líderes patronales vieron directamente beneficiadas a sus empresas por avales que consideran los auditores fueron irregulares. Es el caso de José Roca, expresidente de la CEC, siendo directivo de la CEC firmó avales a sus sociedades de los que debía responder como persona física. También se benefició de avales el actual presidente de la patronal autonómica de los constructores Francisco Zamorano, como contó la pasada semana eldiario.es en exclusiva.
El que fuera presidente de la patronal textil Ateval a principios de la década del 2000, Manuel Taberner, recibió un aval de tres millones de euros para su empresa Colortex. La mercantil ofreció garantías por valor de dos millones, uno menos que la cifra avalada por la SGR, algo que consideran los auditores del todo irregular. Eso sí, apuntan en el mismo informe que las salvedades se mitigan puesto que esta operación tuvo un seguimiento por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca.
Eugenio Soler, el que fuera presidente de la Federación Valenciana de Comercio hasta 2011, se benefició de un aval de la SGR para su empresa de comercio de electrodomésticos Soler Onteniente en 2009 por valor de 36.000 euros. En esas fechas, Soler era miembro de la Comisión de Riesgos de la SGR, por lo que habría incurrido en un “conflicto de intereses directo”.
En el caso del aval otorgado a la patronal autonómica Cierval por valor de 1.072.000 euros, los auditores revelan que se aprobó sin informe de auditoría previa o con graves salvedades. La Federación Valenciana de Economía Social recibió un aval de 300.000 euros y la de empresarios constructores Fevec de 190.000 euros. En estos dos casos critican los auditores el conflicto de interés entre sus presidentes Miguel Millana y Juan Eloy Durá y sus cargos en la SGR.
118 millones de agujero en 109 expedientes
Los auditores han realizado un estudio aleatorio de 109 expedientes de los años 1994 a 2011 (solo uno de 2012) que supusieron 310 avales por importe de 145 millones. De ese dinero hubo problemas de morosidad, es decir, la SGR tuvo que inyectar 118 millones de euros sin perjuicio de las actuaciones para la recuperación de fondos con embargos.