Más de la mitad de los hogares valencianos se han visto golpeados por los efectos económicos de la pandemia. El informe Foessa, que Cáritas Diocesana ha entregado este miércoles al presidente y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, apunta que la desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 33%, “cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008”.
Junto a la brecha de ingresos y renta, el informe apunta a otras desigualdades que se han agravado y que, si no se corrigen, lastrarán a las familias ya golpeadas. Los investigadores apuntan a la brecha digital y la brecha educativa y recalcan que uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años está afectado por procesos de exclusión social; la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares y en más de 185.000 núcleos familiares todas las personas activas están en paro.
Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo y autor del informe, indica que “el tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”. Rodríguez de Blas apunta que, si en 2018 más de la mitad de las familias de la Comunitat Valenciana se encontraban en esta situación,“ ahora son solamente el 37,5 % de ellas las que no se ven afectadas por ninguna situación de exclusión”.
Los investigadores apuntan a otros efectos no económicos de la pandemia: el estrés generado por las situaciones de dificultad ha erosionado la resistencia y relaciones en las familias, especialmente entre aquellas que se encuentran en exclusión severa, incrementándose un 129% respecto al informe anterior.
Tras recibir el informe, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado la Renta Valenciana de Inclusión, cuyo número de beneficiarios ha crecido un 220% en los últimos siete años, como la herramienta “más potente de la lucha contra el empobrecimiento”. Mientras que en 2015 el número de personas destinatarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) era de 23.645, las actuales de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) son 75.493. Por ello, se ha pasado de un presupuesto de 32,4 millones de euros en 2015 para rentas de inserción, a 276,2 millones de euros ejecutados en el ejercicio de 2021, lo que significa 243,8 millones más, ha apuntado la vicepresidenta. Los autores del informe han reclamado facilitar el acceso a las ayudas públicas para reducir las brechas.