El cambio climático y sus efectos migratorios, la digitalización descontrolada, los nuevos conflictos laborales, las brechas generacionales, la pseudocensura o la llamada cultura de la cancelación... Las sucesivas y acumulativas crisis que viven las democracias occidentales tienen impacto directo en los derechos humanos, en cómo nos amparan y cómo pueden evolucionar. Bajo el lema 'Crisis y derechos', y coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la declaración universal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València aborda una serie de debates sobre cuestiones contemporáneas que los atraviesan.
“El mundo del derecho es más amplio que lo jurídico, hay cosas que conocer y aplicar”, plantea Fernando Flores, director del instituto académico y organizador de las jornadas. “La semana nos sirve para hacer una jornada en la que participemos todas las áreas de investigación y para hacer una semana de pura sensibilización y puro debate. El instituto es un centro de investigación y formación, buscamos estar lo más cerca posible de las sensibilidades”, añade el profesor.
Las jornadas, que arrancan el 12 de diciembre con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, combinan mesas redondas, proyección de documentales, exposiciones y conferencias para abordar desde distintas perspectivas y formatos las cuestiones a debatir. La cuestión del cambio climático y sus efectos es una de las cuestiones que más sensibilidad despierta en la organización. “Es difícil, pero debería incorporarse al pacto constitucional, al contrato social”, apunta Flores. En conversación con elDiario.es, el profesor recuerda que la Constitución Española incorpora el derecho al medio ambiente como derecho social, en su momento considerado una cuestión vanguardista, pero no se planteaba desde la perspectiva de la destrucción del planeta. “Es tan importante que debería tener lugar en las constituciones un pacto que limitara las acciones que claramente dañan el planeta”, apunta Flores, que recalca la dificultad de establecer la causalidad directa entre el contaminador y sus efectos a nivel jurídico y global. Aún así, una modificación de la Carta Magna supone un punto de partida, un reconocimiento: “La Constitución no tiene efectos mágicos, pero si está ahí, significa que es un tema importante para la sociedad”.
Durante toda la semana se abordarán en las facultades de Derecho y Ciencias Sociales problemas como el impacto del cambio climático en los ecosistemas como l'Albufera, los refugiados climáticos (a través del documental Nations of Water, sobre las migraciones en el Pacífico), el consumo de carne, los derechos de los animales... pero aunque lo medioambiental vertebra las jornadas, estas tratarán también los derechos de las personas mayores, a través de una investigación periodística sobre las muertes en residencias durante el Covid; los derechos en el entorno digital, las discriminaciones algorítmicas y los derechos sociolaborales en este contexto.
“Queremos contribuir al debate, dejar claro que no hay que dejar de hablar de derechos humanos. La gente cree que en España el tema de los derechos humanos no es un problema, y los hay importantes: Lo hemos visto este 24 de julio en Melilla, con la vivienda y los desahucios, también con la libertad de expresión”, remarca el profesor.
En el marco de la libertad de expresión, una de las cuestiones más preocupantes para la organización, se ha organizado la mesa redonda Libertad y cancelación, con el historietista Dario Adanti, la crítica de cine Eva Peydró y dos constitucionalistas: Víctor Vázquez, profesor en la Universidad de Sevilla, y Ana Valero, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Valero, además, es autora de un libro sobre la pornografía y su evolución histórica, cuya portada, una adaptación de El origen del mundo, de Coubert, fue eliminada de varias redes sociales por mostrar un pubis. “La cancelación es un problema y está muy vinculado al nivel democrático, a la solidaridad social, a aceptar que otros piensen y hablen de forma distinta, aunque te parezca mal”, reflexiona Flores, que recalca que la libertad de expresión está muy vinculada a la libertad de información y ambas forman parte de los derechos humanos.