Los cazadores del arte 'fake'

En abril de 2015, una operación policial que llevaba el nombre de un 'pokemon' culminó con la detención la incautación de obras falsas por valor de 160 millones de euros. La llamada Operación Picachu intervino obras falsas atribuidas a Pablo Picasso en Benidorm y Granada, unos fakes artísticos que se trataban de vender por internet mediante correos y acreditaciones fraudulentas. La operación, que arrancó con las dudas sobre una obra atribuida al artista malagueño y que su dueño pretendía vender por 30 millones de euros, puso sobre el mapa a la brigada de Patrimonio Artístico, un grupo policial que apenas llevaba dos años de existencia.

El grupo de patrimonio pertenece a Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, una brigada que se dedica a la investigación y protección del Patrimonio Cultural Valenciano, particularmente aquellos incidentes contra los bienes de interés cultural, las obras de artistas valencianos o las procedentes de expolios arqueológicos. Los agentes que la componen se hallan bajo la dirección del inspector Antonio López, que desde 2014 ha recuperado obras que iban a ser vendidas en el mercado por 247 millones de euros, como falsificaciones de Goya, El Greco, Murillo, Modigliani, Wifredo Lamb, Diego Rivera o Guayasamín. 

Los guardianes del patrimonio tienen entre sus labores la protección de monumentos, edificios y yacimientos arqueológicos; la paralización de obras ilegales que afectan a zonas protegidas; la detección, e intervención de obras falsas, principalmente de autores valencianos. Para ello realizan inspecciones en anticuaros y rastros e investigaciones en operaciones de compra-venta de obras de arte. Este equipo ha interceptado copias no autorizadas de obras en bronce de Mariano Benlliure, la comercialización de 35 gouaches de Eusebio Sempere y numerosos objetos procedentes de yacimientos valencianos cuyo expolio “supone una pérdida incalculable para el patrimonio valenciano” y no están incluidos en la cuantificación económica, explican desde la unidad. Hasta finales de julio los agentes han intervenido 250 efectos (54 pinturas, 21 esculturas, 175 piezas arqueológicas) y han investigado a investigado a 43 personas, recuperando obras por un valor aproximado de 4,6 millones de euros.

El tipo del trabajo del grupo es cambiante según la investigación, como la especialización necesaria de los agentes, que cuentan con estudios superiores en Historia del Arte y Patrimonio. La unidad cuenta con la colaboración del Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana y de la Brigada de Patrimonio Histórico de Madrid, así como de las distintas Jefaturas de Policía Nacional de todo el territorio español. Para el análisis de las obras, la unidad colabora con artistas vivos, con los derechohabientes del material artístico, los titulares de la propiedad intelectual del creador o de especialistas en los artistas. Museos, fundaciones y comités de expertos forman parte de la composición de colaboradores, a la que se suma el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), cuyos especialistas realizan informes técnicos basados en el análisis físico y científico de los materiales integrantes de la obra para determinar su autenticidad.  

Los delitos también son variables en función de la operación, siendo los más comunes los delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, contra el Patrimonio Histórico, robo, hurto y receptación, explican los agentes. El material interceptado se guarda con seguridad hasta que concluye el juicio, y posteriormente, si es falso, se destruye o se etiqueta como falso para usarse en la docencia policial. Las obras auténticas se devuelven a su legítimo propietario.

Desde 2014, el grupo ha realizado 1.932 inspecciones, con 430 personas investigadas y 31 detenidas. Se han intervenido 5.640 objetos artísticos entre elementos arqueológicos, monedas, falsificaciones de pinturas o esculturas, campanas históricas, azulejos antiguos o armas de fuego. En general, el 65 % de las obras incautadas procedían de yacimientos arqueológicos y el 9 % eran falsas.