Acudir a dependencias policiales a denunciar un delito sigue siendo una actividad de riesgo para aquellos migrantes que no tienen su situación administrativa en España regularizada. Esta vez el afectado ha sido un ciudadano de nacionalidad colombiana, que se expone a una sanción económica y a la expulsión del país después de acudir a una comisaría de la Policía Nacional a presentar una denuncia. Es el quinto caso de estas características que se produce en lo que llevamos de año en la Comunitat Valenciana, según denuncia la ONG València Acull.
C.B. presentó una denuncia por estafa en dependencias policiales de la capital de la comarca castellonense de La Plana Alta el pasado mes de enero. Tal y como explican desde la organización social, esta persona se identificó con su pasaporte, pero el agente de Policía “tramitó su denuncia registrando el NIE que le asignaron al solicitar asilo cuando huyó de Colombia”.
Según relatan, poco después se trasladó a vivir a València, por lo que en julio decidió acudir a la misma comisaría de Castellón a comunicar el cambio de domicilio y preguntar si había habido novedades con respecto a la denuncia. Le atendió una agente y, “tras comprobar que le habían denegado el asilo, se llevó su pasaporte a otro despacho”, explica València Acull, y prosiguen: “Una hora después regresó con otro agente y le incoaron un procedimiento 'preferente de expulsión'”.
En el expediente, sostienen, la policía “no explicó que supo que C.B. estaba en situación irregular cuando este preguntó por la denuncia”, y se atribuye la identificación a “los servicios de Vigilancia y Control llevados a cabo (…) en la calle Río Sella, nº5”, que es la dirección de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de Castelló de la Plana.
Según comentan, C.B. no entendía esta situación, porque “no tuvo ningún problema con el policía ante el que presentó la denuncia en enero y ahora querían expulsarlo sin haber cambiado su situación personal”. “La policía que le atendió inicialmente le dijo: 'Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí'”, matizan.
La ONG lamenta que este ciudadano acabó con una orden de expulsión “por buscar el amparo de la Policía frente a la estafa que sufrió”. “Las víctimas de delitos en situación irregular siguen sin poder acceder a la justicia sin miedo a ser deportadas a pesar de la normativa nacional y europea que rechaza esta práctica”, denuncian.
En los últimos meses hemos conocido el caso de varias ciudadanas de origen sudamericano a quienes se les incoó un expediente sancionador, que conlleva aparejada la expulsión por estancia irregular en España, a raíz de sus 'encuentros' con la Policía Nacional. En dos de estos casos, se trataba de mujeres que acudieron a la comisaría a denunciar el hurto o la pérdida de sus pasaportes, mientras que en el tercero, la afectada fue identificada por la Policía, que la retuvo durante 20 horas en las instalaciones policiales por no tener permiso de residencia, aunque sí que disponía de una cita para solicitar asilo. En este caso, el Gobierno desestimó la expulsión de la mujer al considerar que no concurrían “elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de dicha propuesta”.
València Acull ha apuntado en diversas ocasiones a la Ley de Extranjería, en la que se justifican los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior para realizar estas propuestas de expulsión, al tiempo que lamentaban que no se tengan en cuenta en estos casos las legislaciones española y europea ni las recomendaciones institucionales que establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia (Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito, Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia ECRI del Consejo de Europa núm. 16).
Así mismo, la ONG también insistía en que el Defensor del Pueblo viene reclamando desde 2004 a los distintos Gobiernos que no se incoen expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos. Para el Defensor, la cuestión de fondo entre si el Estado debe garantizar los derechos de las personas extranjeras en situación irregular como víctimas de cualquier delito o si, por el contrario, prevalece la legislación de extranjería que obliga a incoar un expediente sancionador por estancia irregular, debe resolverse concentrando todos los esfuerzos “en auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos”. Por esta razón, la institución rechaza que, al mismo tiempo, el agente indague sobre la situación administrativa de la víctima, ya que “esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”, una recomendación que fue rechazada por el Ejecutivo en enero de 2021.